Un proceso judicial que se remonta a comienzos de esta década, cuando Corporinoquia denunció a BP Exploration Colombia Limited, por ser deudor moroso del importe de la transferencia del sector eléctrico, causada desde el mes de junio de 1995, hasta el mes de septiembre del 2002, por una suma cercana a los 2 mil millones de pesos, deja como resultado, hasta ahora, el embargo de las cuentas bancarias de la compañía petrolera y una acción de tutela interpuesta por la BP, invocando la revocatoria de las resoluciones que imponen las medidas.
Según boletín de Corporinoquia, todo comenzó con la resolución de la Corporación buscó hacer efectivo el pago por parte de BP y Ecopetrol, de los recursos provenientes de la generación eléctrica.
La petrolera, presentó un recurso de apelación que finalmente dirimió el Consejo de Estado, confirmando la decisión del Tribunal de Casanare, al señalar que la BP, es auto generador de energía eléctrica, sometida al cumplimiento de las normas que señala la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Por lo tanto, los actos administrativos emanados por la corporación que liquidaron la contribución y la declararon deudor moroso, se ajustaron al derecho.
Valga resaltar que mientras se adelantaba el proceso ante los tribunales, entró en vigencia la ley 1175 del 2007, que permite a los deudores morosos de las entidades del Estado, negociar los intereses con una rebaja hasta del 70 por ciento, norma que acogió la compañía petrolera, cancelando a favor de Corporinoquia, la suma de $5.500 millones, como valor del tributo adeudando por BP y Ecopetrol, pero advirtió a la Corporación, que el pago no implicaba la renuncia de debatir en derecho ante la jurisdicción de lo Contencioso y Administrativo, los actos proferidos en que se le declaraba deudor Moroso.
Corporinoquia por su parte, debía de continuar con el proceso tal como lo señaló la sentencia del Consejo de Estado, es decir haciendo el cobro de los recursos ordenados por la ley con los respectivos intereses de mora, situación rechazada por la multinacional petrolera.
En cumplimiento de lo ordenado por los tribunales, la nueva liquidación asciende a la suma de $16.577 millones de pesos, que la BP se negó a reconocer y cancelar. Por tal razón, la Corporación inició el respectivo proceso de jurisdicción coactiva y ordenó el embargo de las cuentas bancarias de la multinacional petrolera.
BP, por su parte, presentó ante un juzgado de Yopal, una acción de tutela, buscando con ello, que se revoquen los actos administrativos emitidos por la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia.
