Bogotá, Agosto 25 de 2011. La Unión Temporal Tayrona, concesionario de los servicios ecoturísticos del Parque del mismo nombre, tiene obligaciones pendientes con el Estado por aproximadamente $960 millones, correspondientes al mayor valor que en la vigencia 2010 cobró al público que ingresó a esta área protegida, según lo determinó una auditoría de la Contraloría General de la República.
El concesionario Unión Temporal Concesión Tayrona está conformada por la Sociedad Aviatur S.A, Alnuva Limitada y la Cámara de Comercio de Santa Marta.
Los recursos que dejo de recibir el Estado debían llegar al Fondo Nacional Ambiental, Fonam, informó la Contrloría General de la Nación.
El contrato de concesión fue suscrito el 4 de julio de 2005 entre la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales, dependencia del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y la Unión Temporal Tayrona.
La auditoría practicada por la Contraloría General de la República corresponde a la revisión de la vigencia 2010, por lo que el ente de control consideró necesario determinar la afectación del contrato citado, por este concepto, en las vigencias 2008, 2009 y 2011.
En el contrato se pactó que el concesionario recibiría como ingresos aquellos derivados del pago de las tarifas vigentes al inicio del mismo. Y, según el mismo contrato, las tarifas se incrementarían anualmente de acuerdo con el IPC. Por su parte, el concesionario tendría como obligación remunerar a la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales con el 16.25% de los ingresos brutos recibidos por el recaudo de los servicios de ecoturismo concesionados.
En los años 2008, 2009, 2010 y 2011, la Unidad de Parques Nacionales incrementó en un porcentaje mayor al IPC el valor de las tarifas que debían cancelar los ciudadanos que ingresaran al Parque Tayrona.
No obstante lo anterior, la Unidad de Parques Nacionales no evidenció sustentación alguna para que el concesionario no hiciera la transferencia de recursos al Fonam. Además, no solicitó el pago del mayor valor de los ingresos al área protegida, en la parte que corresponde a incrementos por encima del IPC, según la cláusula de pagos pactada en el contrato, durante estos períodos.
EL ente de control considera que en la medida en que las tarifas de ingreso al Parque Tayrona constituyen un tributo por el pago de derechos al Estado por la prestación de un servicio, en este caso ecoturístico, el incremento de la remuneración al concesionario por encima del valor pactado, le pertenece a la Nación. Por esta razón, la Contaloría onsidera que el supervisor del contrato por parte de la Unidad de Parques Nacionales debería haber controlado el giro de dicho valor preferencial ante el Fondo Nacional Ambiental ?Fonam- y, por su parte, el concesionario está en la obligación de transferir los recursos aludidos a dicho Fondo.
Las deficiencias en el seguimiento de los derechos del Estado en esta relación contractual originaron obligaciones pendientes por parte del concesionario al Estado en una cifra aproximada de $960 millones de pesos para la vigencia de 2010. Y, como se dijo antes, falta determinar la afectación en las demás vigencias (2008, 2009 y 2011).
La Contraloría General de la República subrayó también que dado que las variaciones en el valor del ingreso a reconocer al concesionario se rigen por lo establecido en el numeral 16 del cláusula 11 del Contrato de Concesión No. 002 de 2005, la diferencia entre el valor de la tarifa incrementada según lo establece el contrato y el valor establecido en la Resolución No. 294 del 15 de diciembre de 2009, le pertenece a la Nación.
De manera adicional, la CGR estima necesario establecer las consideraciones por las cuales la Unidad de Parques Nacionales fijo una tarifa con incrementos por encima del IPC, así como el destino de tales recursos, dado que dentro de la resolución que establece las tarifas no se incluyó tal motivación. En todo caso, lo anterior no es óbice para que la administración de la Unidad de Parques Nacionales efectúe las reclamaciones correspondientes al concesionario y obtenga la devolución de los valores que debía haber recibido el Fonam.
La Contraloría General de la República precisó finalmente que no tiene confrontación de ninguna naturaleza con la empresa Aviatur, que preside el señor Jean Claude Bessudo, pero tiene la obligación de señalar el caso de unos dineros que fueron cobrados irregularmente y no entraron al Estado.
No existe tal deuda
No obstante el requerimiento de la Contraloría, la Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales Naturales, aseguró que no hay razón para que la Unión Temporal deba restituir tal suma al Estado.
El presidente de Aviatur, entre tatno, declaró al diario La República, que las tarifas de ingreso al parque no los fija la Unión Temporal Tayrona, sino directamente Parques Nacionales Naturales, por lo cual no existe ninguna deuda por parte de la concesión.
