Colombia aumentará 100 veces su capacidad instalada con este tipo de recursos en comparación con 2018, según proyección realizada por el Departamento Nacional de Planeación (DNP).
BOGOTÁ D.C.- La creación de una política que incentiva la construcción de infraestructura especializada para la producción energética a partir de Fuentes No Convencionales de Energías Renovables (Fncer), lograría aumentar 100 veces la capacidad instalada de estos sistemas, en comparación con 2018.
Dentro de la política creada por el Gobierno para la generación de energía renovable en el país, el DNP destacó decisiones como la exclusión automática del IVA en infraestructura de energía solar; la deducción del 50 % del impuesto de renta durante 15 años para inversión en infraestructura para Fncer y la obligatoriedad a los comercializadores en la compra de este tipo de energía entre un 8 y un 10 %.
Actualmente, esta capacidad es de 725,38 megavatios (MW), que equivalen al consumo de 547.402 familias y contribuyen a la reducción de 921.333 toneladas de CO2 al año, señala la entidad.
En relación con la prestación del servicio de energía, el DNP resaltó el papel del CONPES 3985, que dio solución al problema generado por la empresa Electricaribe, mejorando la infraestructura y las condiciones de prestación del servicio en La Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre y Córdoba, beneficiando a 2,7 millones de suscriptores, cerca de 10 millones de colombianos.
Así mismo, se destacó el avance en materia de ampliación de cobertura de los servicios de energía eléctrica en el país, al lograrse que a marzo de 2022 se cuente con 68.201 nuevos usuarios, así como 1,1 millones de nuevos usuarios residenciales con servicio de gas combustible por redes y que, con corte a marzo de 2022, se cuente con 67.468 usuarios beneficiados con programas de sustitución de leña.
Otros logros destacados fue la superación de la meta fijada en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) con respecto al registro de 7.141 vehículos eléctricos con la entrada en vigencia de la Ley de Movilidad Eléctrica; la firma de 69 contratos para la exploración y producción de hidrocarburos a partir de 2019, después de cerca de cinco años sin suscribir ninguno; la diversificación de la canasta de minerales del país y la formalización de más de 13.500 mineros en el país; la superación de la meta de recaudo de regalías con un sobre cumplimiento del 118%, reuniendo $8,33 billones de empresas petroleras (77%) y mineras (23%), y la promoción de la Hoja de Ruta de Hidrógeno, la Hoja de Ruta de la Misión de Transformación Energética y la Hoja de Ruta para el despliegue de la Energía Eólica Costa Afuera.
En el balance realizado por la política energética del actúal Gobierno, el DNP resaltó aspectos como el regreso del servicio de energía eléctrica en siete departamentos del Caribe y la firma de 69 contratos para la exploración y producción de hidrocarburos después de cinco años sin suscribir ninguno.
