Una revisión a la participación ciudadana en la defensa de sus recursos naturales muestra que en el caso de la Reserva Thomas van der Hamen se vuelve a judicializar la gestión pública ambiental. (Por Marco Fidel Ramírez Antonio*)
Lo ocurrido inicialmente con el auto de una magistrada del Tribunal Administrativo de Cundinamarca sobre la Reserva Tomas van Der Hammen, por medio del cual la juez se abrogó la facultad de ordenarle a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) la implementación de la propuesta del alcalde Enrique Peñalosa, que pretende construir viviendas, vías e intervenir en esta área ecológica protegida, vulneró elementales principios democráticos y de gestión pública como son la separación de poderes y la participación ciudadana en las decisiones que la pueden afectar.
La judicialización de la gestión pública ambiental en Bogotá no es nueva. Los fallos han sustituido los instrumentos administrativos, participativos y económicos con que cuentan las agencias del Estado para cumplir sus deberes constitucionales, especialmente el de garantizar el derecho a gozar de un ambiente sano.
No es de poca monta que haya sido la ciudadanía la que haya ejercido la defensa del medio ambiente en acciones populares como las del Río Bogotá y de los Cerros Orientales. Mediante los fallos obtenidos en estos casos, la comunidad ha obligado a corregir acciones y omisiones de las instituciones que por su voluntad no han actuado.
Si bien existe la competencia constitucional para que los concejos municipales adelanten un control político ambiental, que se deriva del Artículo 313, esta atribución es muy limitada. Por ejemplo, en el caso de la Reserva Van Der Hammen, solo se puede citar a miembros del Distrito y no a ninguna otra autoridad competente, como la CAR.
A lo anterior se suma que la dirección ambiental urbana del Distrito, que debe ser un ente ténico rector, se encuentra sometida a la discrecionalidad y subordinación del Alcalde Mayor. Es decir, a los vaivenes de la mecánica política. Esta relación no garantiza la neutralidad ni la eficacia en el cumplimiento de la misión de velar por los derechos ambientales de los capitalinos.
Ante la imperiosa necesidad de defender la reserva Van Der Hammen, en junio de 2017, interpuse una acción popular ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con el objetivo de demostrar la omisión de la CAR para implementar el Plan de Manejo Ambiental que a la fecha aún sigue sin ejecutarse.
Lo que se busca no es que los jueces sigan emitiendo autos que vulneren la autonomía de la administración pública, sino que se respete la participación ciudadana en la toma de trascendentales decisiones que involucran las generaciones presentes y futuras.
* Concejal y gestor de la Bancada Ambientalista del Concejo de Bogotá
