Revista Ecoguía

A 1.314, 7 millones asciende la sanción, por talar bosques del Guaviare. También fueron multados el gobernador del Guaviare y dos alcaldes por deforestación en la vía Calamar-Miraflores.

 

BOGOTÁ D.C.- El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ricardo Lozano, destacó la multa impuesta este mesa por la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico (CDA), en contra de Hilda Cañón Cañón, por su responsabilidad en los hechos que terminaron con la tala ilegal de más de 566 hectáreas de bosque.

“Esta es una sanción muy importante que pone de manifiesto que el compromiso contra la deforestación debe ser cada vez mayor, no solo de parte de las autoridades en las regiones sino de parte de todas las personas que conozcan casos como este”, dijo el Ministro.

El jefe de la cartera de ambiente ponderó el esfuerzo de la CDA por adelantar y concluir procesos como este, que terminó con una millonaria multa de 1.314’737.700 pesos, luego de demostrarse que Hilda Cañón Cañón compró predios rurales (posteriormente objeto de la investigación) y que los ocupaba desde 2016, año en el cual comenzó la deforestación.

Dentro del proceso administrativo, concluido el pasado 19 de diciembre, también se pudo probar que los predios comprados correspondían en su mayoría a baldíos de la Nación ubicados en Zona tipo A de reserva forestal, donde está prohibida la ganadería extensiva; en zona de preservación del Distrito de Manejo Integrado Ariari-Guayabero, objeto de medidas especiales de conservación y protección; y de protección hídrica, donde debe prevalecer el efecto protector y solo se permite la obtención de frutos secundarios del bosque.

Este caso fue puesto en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, la cual se encargará de establecer las responsabilidades y las sanciones penales a las que haya lugar.

Multas a gobernador y alcaldes  

Un día antes de la sanción impuesta a Hilda Cañón Cañón, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico, CDA, expidió la Resolución 429 de 2019 (del 18 de diciembre de 2019) en la que concluye y se establecen las sanciones contra dos alcaldes y el gobernador de Guaviare.

En el proceso, que inició en 2016 gracias a una queja anónima por la deforestación sobre la vía Calamar-Miraflores, fueron halladas responsables de grave daño ambiental a la Gobernación de Guaviare, en cabeza de Nebio de Jesús Echeverry Cadavid; la Alcaldía de Miraflores en cabeza de su alcalde, Jhonivar Cumba; y a la Alcaldía de Calamar, en cabeza del alcalde Pedro Pablo Novoa Bernal.

Las multas fueron tasadas así: gobernación del Guaviare, $1.034 millone 38.535; Alcaldía de Miraflores, $689 millones 359.023, y Alcaldía de Calamar, $689 millones 359.023.

Tanto el Gobernador como los alcaldes enfrentan también procesos ante la Fiscalía General de la Nación por la construcción y uso de una carretera de 138 kilómetros entre Calamar y Miraflores (Guaviare), en un área de especial protección ambiental.

Cada uno de los sancionados deberá instalar en el sector objeto de recuperación dos (2) vallas en estructura metálica, con tablero en lámina galvanizada, impresas en banner laminado de 7 metros por 3 metros, con temática alusiva contra la deforestación; las cuales deberán ser instaladas en el corredor vial del área intervenida y previa concertación del diseño con la autoridad ambiental.

De igual forma, deberán sembrar 10.000 plántulas, cada uno, de especies forestales productoras endémicas del área afectada, con su respectivo encerramiento en el área afectada y en un plazo de 150 días posteriores a la notificación de la sanción.