La Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales cuestiona decisión y asegura que este proyecto pone en riesgo esta reserva forestal.
BOGOTÁ D.C.- Pese a que el Ministerio de Ambiente negó, mediante Resolución 0078 del 23 de enero de 2025, la solicitud del Resguardo Indígena Remanso Chorrobocón para la sustracción de 1.043,3739 hectáreas de la Reserva Forestal de la Amazonia (establecida por la Ley 2a de 1959), para el desarrollo del proyecto minero bloque 3, explotación de oro y sus concentrados en Inírida – Guainía, el Gobernador del Cabildo Resguardo Remanso – Chorrobocón, aprobó, un día antes, la sustracción de este territorio de dicha reserva.
Asi lo denuncia Asocars, al advertir que la decisión del Cabildo Indígena en la Resolución 009, fue amparada en el Decreto 1275 de octubre de 2024, que el mismo Ministerio de Ambiente expidió, y que otorga competencias de autoridades ambientales a los territorios indígenas. Sin embargo, de acuerdo con los conceptos técnicos de Minambiente, la intervención podría generar afectaciones acumulativas por la cercanía a la estrella fluvial de Inírida, humedal Ramsar ubicado a pocos kilómetros, aumentar la deficiencia de la calidad del agua y sobre fauna y flora acuática y terrestre, y los daños sobre los ecosistemas, ciclos biológicos e hidrológicos, podrían ser irreversibles.
“Desde Asocars, que representa a las 33 corporaciones, advertimos de forma categórica, desde julio, antes de expedición del Decreto, sobre el choque de competencias frente a las autoridades ambientales instituidas, incluido Minambiente, y advertimos sobre la crítica situación jurídica, funcional y conflictos de competencia que traería consigo la sanción y/o ejecución del decreto, en el que, además, alertamos vicios de inconstitucionalidad y de inconveniencia. Hoy esas advertencias se materializan, con hechos que no aportan a la solución de la situación ambiental regional, antes entorpece y genera conflictos regionales y afecta la gestión de las autoridades ambientales”, destacó Yesid González Duque, director ejecutivo de la Asociación.
Para las CAR, el Decreto "lesiona de forma severa la autonomía y competencias de las 33 Corporaciones Autónomas del país y desconoce el resultado que por años las CAR, han ejecutado, en términos de políticas, planes, programas y proyectos en favor del medio ambiente y los recursos naturales renovables, así como de administración, manejo y aprovechamiento de los mismos".
Este decreto, según advierten las CAR, se suma a las decisiones del Gobierno Nacional vía Decreto, como el ATEA (Decreto ley 1094 de 2024) que sirve de base al Decreto 1275 de 2024; el de reservas de recursos naturales de carácter temporal en el marco del ordenamiento minero-ambiental (Decreto 044 de 2024), y el de Zonas de Reserva Campesina (Decreto 1147 de 2024); los cuales, en su opinión, "vulneran el régimen de autonomía de las corporaciones, generan conflictos regionales; afectan o entorpecen la gestión de las autoridades ambientales, y su implementación crea una crítica situación jurídica, funcional y conflictos de competencia, en los que, además, se observan vicios de inconstitucionalidad y de inconveniencia".
