Luego de que el Gobierno Nacional anunciara la creación de las autoridades indígenas con competencias ambientales, la Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales se pronunció en contra, al advertir que estas competencias lesionan su autonomía.
BOGOTA D.C.-- El decreto que firmó el presidente Gustavo Petro y los ministros de Ambiente Susana Muhamad y del Interior Juan Fernando Cristo, para otorgarle competencias ambientales de las autoridades indígenas del país no tiene muy contentas a las corporaciones autónomas regionales (CAR), toda vez que consideran que dicha norma lesiona de forma severa la autonomía y competencias de las 33 entidades en todo el país.
“Firmamos este decreto en el marco de la COP16, el principal evento que Colombia ha hecho a nivel internacional. Nadie puede enseñarle a cualquier colombiano cómo se construye el equilibrio vital entre el ser humano y naturaleza como lo hacen los pueblos indígenas. Esos pueblos hoy los reivindicamos firmando este Decreto, que ya cobra su vida jurídica, su vida dentro la sociedad colombiana, que las autoridades indígenas tengan igual poder que las corporaciones”, aseguró el presidente de la República, Gustavo Petro.
Por su parte, la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, señaló que “este decreto define a las autoridades indígenas como autoridades ambientales hacia su población y para su territorio, podríamos asemejar esta medida a la justicia propia que ellos ya tienen. Hemos ganado 115 pueblos indígenas que ejercerán en sus territorios, de acuerdo con su conocimiento y esos son los principales mensajes de la COP16: el diálogo productivo entre la ciencia y las instituciones con el conocimiento ancestral, que es lo que realmente generará Paz con la Naturaleza”.
Con este decreto, las autoridades indígenas podrán construir, con otras entidades, mecanismos directos que permitan la aplicación de los principios de coordinación, concurrencia, complementariedad y subsidiariedad, respetando la autonomía y los sistemas de conocimiento de los pueblos indígenas.
Dentro de las competencias ambientales de las autoridades indígenas estarán la protección armónica de los ecosistemas, la formulación y desarrollo de instrumentos de regulación y gestión ambiental como, por ejemplo, planes de ordenamiento ambiental indígena.
Asimismo, las autoridades tendrán aval en materia de implementación de reglamentos para administrar y conservar la importancia especial de sus territorios, la planificación y adopción de presupuestos y la administración de los recursos que les correspondan para el ejercicio de sus competencias ambientales. Estas competencias tendrán lugar en sus territorios y para los miembros de sus pueblos indígenas.
Rechazo y preocupación de las CAR
En un comunicado de prensa, la Asocación de Corporaciones Autónomas Regionales (Asocars), señala que el Gobierno firmó el decreto 1275 "desconociendo el resultado que por años las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible han ejecutado, en términos de políticas, planes, programas y proyectos en favor del ambiente y los recursos naturales renovables, y sin contar con la participación de las CAR, teniendo en cuenta su especialidad y experticia en el sector ambiental".
"Es evidente que tanto el Decreto Ley 1275 de 2024 como el 1094 de 2024 (ATEA) lesionan de forma severa la autonomía y competencias de las 33 corporaciones del país. Ambos, afectan los principios de coordinación y participación de las instituciones que hacen parte del SINA y transgreden la competencia que reside en el Congreso de la República, pues el Gobierno no puede atribuirse funciones que son propias del Congreso, ni tampoco puede modificar y/o asignar funciones a actores distintos de las señaladas en la Ley 99 de 1993, lo que supone una modificación tácita de la citada ley. De igual forma, nos veremos avocados a la atomización en el ejercicio de autoridad ambiental regional; y en una complejidad enorme en la toma de decisiones; conflictos de competencias e inseguridad jurídica en términos ambientales", señala el comunicado.
La Asociación manifestó su rechazo y preocupación, toda vez que, en su concepto, dichos decretos "no aportan a la solución de la situación ambiental regional, antes entorpece y genera conflictos regionales y afecta la gestión de las autoridades ambientales".
El gremio también expresó su preocupación ante las declaraciones del presidente Gustavo Petro, al referirse a las CAR de forma negativa. "Afirmaciones graves e irrespetuosas, con las cuales no podemos estar de acuerdo, porque hacen mucho daño, ya que estigmatizan y deslegitiman la gestión de las CAR, que son las entidades ambientales que más logros y acciones reportan al país, porque son las que implementan las políticas ambientales, están y actúan en el territorio. Por ello, se insta al presidente a denunciar ante las entidades competentes, los presuntos hechos de corrupción a que se refiere", expresa.
“Rechazamos contundentemente este tipo de comentarios sobre las CAR. Son muchos los logros y resultados que reportan y que no se pueden desconocer. Cuentan con planes anticorrupción e implementan las estrategias reguladas por el Gobierno Nacional. El llamado a la ciudadanía y al Presidente Petro es a rodearlas, acompañarlas, a denunciar ante las autoridades competentes, los casos indebidos que conozcan. Las conductas son personales y por eso no se puede señalar o dañar la imagen de una entidad como las CAR que velan por la protección de los recursos naturales en sus regiones”, dijo Yesid González Duque, director ejecutivo de Asocars.
