La Corte Constitucional de Colombia declaró constitucional y exequible la Ley 2273 de 2022, por medio de la cual se aprueba el Acuerdo de Escazú para el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Minambiente avanza en la implementación de este tratado, que fortalece la defensa de los líderes ambientales.
BOGOTÁ.- Luego de dos años de haber sido ratificado por el Congreso Nacional, el Acuerdo de Escazú recibe el aval de la Corte Constitucional, lo que convierte a Colombia en el país 17 en adherirse a este importante tratado, que será implementado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) para fortalecer la protección de los derechos ambientales y defender a los líderes que protegen la naturaleza.
“Es una excelente noticia ad portas de la COP16", señaló la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, al explicar que este Acuerdo representa la garantía de los derechos ciudadanos de participación en las decisiones ambientales y conmina a las autoridades ambientales y a las empresas a dar información transparente sobre esas decisiones . Y agregó que el Gobierno tiene que garantizar los derechos de los defensores ambientales para que no sean estigmatizados.
La funcionaria expresó su reconocimiento a todas las organizaciones ambientales y grupos ciudadanos que por varios años se movilizaron para hacer una realidad. este Acuerdo con el cual Colombia se vuelve corresponsable con otros estados que ya ratificaron dicho Acuerdo en América Latina.
Y agregó que el Ministerio avanza en la creación de la Comisión Interinstitucional que permitirá una implementación integral del Acuerdo de Escazú, asegurando que las voces de pueblos, comunidades, organizaciones y defensores del ambiente sean escuchadas y protegidas.
En línea con los principios del Acuerdo de Escazú, el Minambiente lanzó el programa ‘Alerta por mi ambiente’, una iniciativa que promueve la participación ciudadana, el acceso a la información y el fortalecimiento de la gobernanza ambiental en Colombia y que ya ha implementado 75 proyectos de control ciudadano en diversas ecorregiones, estableciendo un precedente para la creación del Sistema Nacional de Control Social Ambiental.
Además, indicó que el desarrollo del Protocolo de Reacción ante situaciones de riesgo para defensores ambientales es un compromiso firme del Ministerio para garantizar la seguridad de quienes dedican su vida a la protección del ambiente. En lo que queda del año, se realizará un despliegue territorial en 13 ecorregiones priorizadas, donde se entablarán diálogos con los defensores ambientales para visibilizar su labor y construir conjuntamente una hoja de ruta con enfoque territorial.
Por su parte, la organización Ambiente y Sociedad, consideró que "este logro es el resultado de una apuesta institucional que asumimos desde 2012, cuando nos propusimos la implementación efectiva del Principio 10 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, que establece que los derechos de acceso a la información, participación en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales son esenciales para un ejercicio material del derecho fundamental al medio ambiente sano".
Para esta ONG, celebramos el avance hacia una nueva etapa en la que los mitos han quedado atrás y nos enfrentamos a nuevos retos con la articulación de todos los sectores de la sociedad. Este esfuerzo conjunto es crucial para hacer realidad nuestro anhelo de un país que haga las paces con la naturaleza y garantice un entorno seguro para quienes defienden incansablemente los ecosistemas.
El partido Alianza Verde también aplaudió el fallo constitucional, al señalar que "la ratificación del Acuerdo de Escazú ayudará a garantizar la protección de la vida de los ambientalistas, una lucha que hemos llevado al Congreso desde el 2022".
La ONG ambiental WWF, por su parte, señaló que "la ratificación del #AcuerdoDeEscazú nos impulsa hacia un futuro más justo y sostenible, que garantiza la protección de quienes arriesgan todo por nuestro planeta".
Entre tanto, la Plataforma Alto, que trabaja en defensa de los animales, calificó el aval dado por la Corte Constitucional al Acuerdo como "un paso enorme hacia la protección de nuestros defensores ambientales, el acceso a la información y la participación ciudadana, fortaleciendo así la defensa de los derechos ambientales".
La viceministra de Ambiente, Tatiana Roa, a su turno, precisó que "este es un triunfo de la gente que luchó incansablemente por su ratificación e hizo público su reconocimiento a las organizaciones Ambiente y Sociedad, y Dejusticia, al igual que a los demás grupos y colectivos que hicieron parte del movimiento a favor del Acuerdo.
