Este modelo de mercado, creado como un mecanismo de compensación de emisiones de dióxido de carbono (CO2), sigue generando polémica debido al manejo que se le está dando. Mientras Asocarbono defiende proyectos que se adelantan con diversas comunidades, organizaciones comunitarias y ambientalistas los cuestionan.
Mientras la Asociación Colombiana de Actores del Mercado de Carbono (Asocarbono) defiende los modelos económicos creados para compensar las altas emisiones de gases contaminantes que contribuyen al calentamiento global, organizaciones ambientalistas como Censat Agua Viva, están invitando a la opinión pública a votar una solicitud en contra de estos mecanismos financieros.
En un comunicado enviado a medios de comunicación, la organización Asocarbono cuestionó lo que califica como una “tendencia preocupante en la cual se ha publicado información que sataniza de manera generalizada y parcializada tanto al mercado de carbono como a los desarrolladores de proyectos REDD+ (Reducción de Emisiones por Deforestación, Degradación del bosque y otras actividades)”.
Para este gremio, “esto no solo desinforma a la ciudadanía, sino que también menoscaba el esfuerzo colectivo de diversas comunidades, incluyendo afrocolombianas, indígenas y campesinas, que han trabajado de la mano con Asocarbono y sus asociados para implementar proyectos que contribuyen significativamente a la mitigación del cambio climático, a la conservación de la biodiversidad y la materialización de los planes de vida de las comunidades étnicas asociadas
¿Injusticia ambiental?
No obstante, organizaciones comunitarias como el Comité Ambiental de Cumbal están invitando a la opinión pública a sumarse a la declaratoria contra este modelo económico, al que ven como “la injusticia inherente a los proyectos de REDD+.
En la declaratoria en mención, dada a conocer luego de participar en el curso presencial para la formación de formadores en el municipio de Cumbal (Nariño), los asistentes plantean la necesidad de reconocer que los proyectos REDD+ “se constituyen en una falsa solución a la crisis climática y ambiental, en la cual los discursos tecnocráticos y los conceptos engañosos legitiman una propuesta internacional que, además de invisibilizar la realidad de los territorios, agrava la crisis ecológica y genera graves impactos socioambientales en las comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas y locales donde se territorializan”.
Dicha comunidad le exige al Gobierno nacional poner el ojo sobre los proyectos de economía verde y de financiarización de la naturaleza en Colombia.
¿Lavado verde?
Para otras organizaciones como Censat Agua Viva, la compra o venta de bonos de carbono se ofrecen a comunidades, pueblos indígenas, afrodescendientes o campesinado en Colombia, como una compensación por cuidar el territorio, pero en su concepto, “muchas veces resulta ser a cambio de permitir la extracción de combustibles fósiles, petróleo o carbón”.
Al respecto, advierten que “como consecuencia de estas transacciones, si bien las comunidades reciben un pago, terminan, en ocasiones, siendo instrumentalizadas para permitir el lavado verde con el cual las empresas extractivas amplían sus fronteras, desplazando comunidades y alterando sus modos de vida.
En medio de las diferentes opiniones y percepciones alrededor de este modelo económico, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la amazonia, Corpoamazonia alertó en 2019 a las comunidades rurales para que se abstuvieran de entregar documentos, dinero u otra información solicitada sobre compra o venta de bonos de carbono hasta tanto no se tenga certeza de su veracidad.
Bonos regulados y voluntarios
Los mercados de carbono se dividen en mercado regulado y voluntario, según explicó Sebastián Lema, de CCAP (Política del clima en acción, por sus siglas en inglés), durante un taller sobre financiamiento climático organizado por la fundación Climate Tracker. El experto explicó, igualmente, que el mercado regulado ha manejado -a 2021- recursos por US$8 billones, en tanto que el del voluntario ascendió a dos billones a esa misma fecha. El mayor potencial de proyectos son los REDD+, un mecanismo que maneja una tarifa de US$5 por tonelada de CO2
El mercado internacional de bonos voluntarios tiene en Colombia a las compañías Ecopetrol, Terpel y Biomax, como los mayores compradores.
Frente a las diferentes opiniones y percepciones alrededor de los llamados bonos de carbono, es un hecho que no se tiene suficiente claridad ni existe la reglamentación adecuada por parte del Gobierno para controlar y vigilar este sector económico que sigue cobrando auge ante la inminente crisis climática que ha generado todo tipo de cumbres internacionales, entre ellas la COP 16, que tendrá lugar a finales de octubre y comienzos de noviembre de 2023, en la ciudad de Cali.
