El mercado voluntario de carbono ha levantado una serie de denuncias que recoge la Defensoría del Pueblo, por lo que podría conllevar a situaciones de desconocimiento de derechos humanos y de contratos sin la debida concertación e información. Asocarbono pide a los medios no generalizar estos casos y asegura que los proyectos RED+ no solo contribuyen a la mitigación del cambio climático, sino que también generan beneficios tangibles para las poblaciones.
BOGOTÁ D.C.- El mercado voluntario de bonos de carbono que surge alrededor de la estrategia denominada REDD+ (Reducing emissions from deforestation and forest degradation ), ha impulsado un negocio millonario del que se esperarían retribuciones cuantiosas por la preservación de los bosques, pero también revela casos que pueden suponer obstáculos para la garantía y protección de los derechos humanos de las comunidades, especialmente del bioma amazónico que deciden pactar dichos proyectos con empresas privadas.
Así lo asegura una alerta temprana de la Defensoría del Pueblo, al advertir que si bien REDD+ en Colombia puede implementarse a través de programas promovidos por el Estado y la cooperación internacional, pero también está permitido hacerlo entre privados, a partir del mercado voluntario de bonos de carbono. En estos casos, señala este organismo, serán las comunidades propietarias de amplias extensiones de bosque las responsables de su cuidado a cambio de la compra de bonos, es decir, de retribuciones económicas e implementación de proyectos comunitarios coherentes con la estrategia.
Sin embargo, la defensoría señala que la tradicional noción de “voluntad” del derecho privado, para la firma de un contrato entre dos partes, es un punto de discusión en la suscripción de bonos de carbono, particularmente desde la perspectiva de los pueblos indígenas, quienes en múltiples ocasiones acusan haber sido engañados sobre el sentido mismo de estos “acuerdos de voluntades”.
En ese sentido, recuerda que el pueblo Nukak firmó un contrato por el término de 100 años, sin claridad sobre las obligaciones y deberes contraídos. Adicionalmente, no es posible evidenciar el impacto en materia ambiental en un área que está comprometida en un proyecto de un siglo.
Por situaciones como esta y para garantizar equidad entre las partes, desde el año 2010, fueron impulsadas a nivel internacional las salvaguardas ambientales y sociales que buscan reglamentar el proceso de negociación y puesta en marcha de los proyectos REDD+, en virtud de la prevención y reducción de daños colaterales. Al respeccto, la Defensoría asegura que a pesar de contar con las salvaguardas como instrumento, en Colombia persiste un vacío normativo sobre la regularización del mercado voluntario de bonos de carbono.
En lo correspondiente a los pueblos étnicos, existen riesgos de vulneración de los derechos humanos colectivos, así como de lo dispuesto en la Ley 21 de1991 en la que se estipula que “los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación”. Solo Visión Amazonía, que cuenta con un mecanismo propio de reclamo en el marco del programa REM, reportó en su informe sobre salvaguardas a la Convención de Cambio Climático, 76 peticiones y solicitudes de información en el periodo.
De acuerdo con el estudio Diagnóstico del proyecto REDD+ en la Amazonía colombiana realizado por el instituto SINCHI, hasta 2022 fueron identificados treinta y tres (33) proyectos ubicados en cincuenta y nueve (59) resguardos indígenas a nivel nacional. Dentro del área de advertencia de esta Alerta, existen 26 proyectos que se ubican dentro de cuarenta y seis (46) resguardos indígenas de la Amazonía colombiana, que cubren un área de 16.921.179 “(…) cifra equivalente al 35% de la superficie amazónica”. Los 4 resguardos de mayor extensión de la Amazonia colombiana con proyectos REDD+ son: Resguardo Predio Putumayo, Gran Resguardo del Vaupés, Cuenca Alta y Media del Río Inírida -CMARI- y el Resguardo Unido de Selva de Matavén.
Dentro de estos casos, la Defensoría del Pueblo resalta el del Gran Resguardo del Vaupés, debido a la acción de tutela interpuesta por el Consejo Indígena del Pirá Paraná en contra de la orporación para el manejo sostenible de los bosques (Masbosques), Soluciones Proambiente S.A.S., Ruby Canyon Environmental, Certificadora de Carbono S.A.S. (Cercarbono), y el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales -IDEAM- entidad adscrita al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible –MADS, debido a que sus acciones y omisiones en el registro, formulación, validación, verificación, certificación, monitoreo y seguimiento de la iniciativa de REDD+ denominada “Baka Rokarire” están vulnerando de manera grave nuestros derechos fundamentales a la integridad cultural, la autodeterminación, al gobierno propio y al territorio.
Y agrega que también,, en el municipio de Carurú (Vaupés), la Secretaría de Agricultura Departamental realizó acciones de soporte presupuestal para la implementación de proyectos productivos, sin embargo, la comunidad rechazó su implementación debido a que han adelantado procesos contractuales para la venta de bonos de carbono, situación que refleja desinformación y, en consecuencia, desaprovechamiento de la oferta institucional tan necesaria en estas zonas del país, especialmente para suplir necesidades básicas insatisfechas.
A su vez, la Corporación para el Desarrollo Sostenible (CDA) manifiesta cruces entre proyectos de pagos por servicios ambientales con proyectos de bonos de carbono en las comunidades de Bacatí, Bocas de Arara, Lagos de Jamaicuru y la Venturosa, conllevando que las comunidades se desvinculen de la implementación de proyectos orientados a la satisfacción y garantía de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
En el municipio de Cumaribo, por su parte, la Corporación Claretiana ha denunciado la fragmentación dentro de las comunidades del municipio debido a vacíos en los procesos de concertación correspondientes a este tipo de proyectos. Además, fuentes allegadas a la Defensoría del Pueblo pusieron en conocimiento de la regional Vichada una situación en la que una empresa habría intentado concertar la exploración únicamente con el capitán del resguardo de Sarapia (Inspección de Puerto Nariño), desconociendo de manera frontal el derecho fundamental a la consulta previa y las dinámicas consuetudinarias de gobierno propio.
Sumado a los vacíos normativos en la regulación del mercado voluntario de bonos de carbono , la Defensoría expresó su preocupación por los escenarios de consumación de violaciones a los derechos humanos de la población indígena y campesina susceptible de realizar contratos de mercado voluntario, por parte de actores armados presentes en estas zonas como la facción disidente Frente Primero Armando Ríos, así como la inducción de pagos forzados a coordinadores de proyectos de las empresas interesadas en la compra de bonos de carbono en Vaupés, lo que implicaría financiación del terrorismo.
En lo que concierne al proyecto de Bonos de Carbono sobre el Predio Putumayo (Amazonas), el Diagnóstico de proyectos REDD+ del SINCHI señala, asimismo, que: (…) el proyecto de Carbo Sostenible & Terra Commodities en el mismo resguardo de Predio Putumayo, cubre un área que corresponde a la AATI CRIMA y el resguardo colindante de Andoke de Aduche. Sin embargo, el polígono del área de proyecto incluye el área de la AATI ACILAPP localizada en el sector de Predio Putumayo en el departamento del Putumayo. Esto demuestra que hay inconsistencia en las áreas seleccionadas para vincular a una iniciativa REDD+, esta inconsistencia son fuente de potenciales conflictos entre empresas y entre comunidades indígenas.
En clave prospectiva, anota el organismo estatal, "estás inconsistencias podrían ser utilizadas por los grupos armados ilegales para intervenir o profundizar en conflictos interétnicos o interculturales". Ahora bien, tomando en consideración: a) los casos ejemplificados; b) la ausencia de una plataforma en condiciones para consultar los proyectos registrados que permita conocer los términos y polígonos de los proyectos para hacer seguimiento a posibles casos de traslape de áreas de resguardo con áreas protegidas y de titularidad de la Nación, así como posibles áreas concesionadas más de una vez, la duración de los proyectos y la correspondencia de éstos con el respeto de los planes de vida, el gobierno propio y la autodeterminación; c) la falta de implementación de las salvaguardas sociales y ambientales; llama la atención de este Despacho que la ausencia de regulación, veeduría y seguimiento a los proyectos REDD+ en la Amazonía colombiana, está agudizando el riesgo derivado de la acentuación de las vulnerabilidades sociales que se desprenden, innegablemente, del resquebrajamiento de la composición social comunitaria vinculada al desconocimiento de las cosmogonías propias de los pueblos indígenas, sus formas de vida y gobierno. Ejemplos de ello son, al menos, la expansión de bosques sobre áreas de chagra159, el fomento de la división entre comunidades y la instrumentalización de Autoridades Tradicionales y políticas. Cabe señalar al respecto que, en algunas zonas focalizadas en la presente Alerta, se ha referido cómo la llegada e implementación de este tipo de proyectos en zonas de resguardo indígena no han conllevado el acompañamiento y/o articulación con PNNC cuando se traslapan con áreas protegidas.
Y aunque no se hayan identificado situaciones de amenaza directa para autoridades propias y otros liderazgos indígenas o campesinos derivados de la prospectiva o implementación de este tipo de proyectos, la Defensoría advierte que en algunas zonas como Amazonas y Putumayo, versiones locales indican que los grupos fuente de amenaza allí presentes han indagado con las comunidades sobre estos, posiblemente con fines extorsivos. No se descarta, en esa vía, que pueda haber riesgos mediante presiones o coacción a dichos liderazgos para el alcance de esos propósitos, como tampoco el hecho de que los grupos ilegales busquen interferir violentamente en las conflictividades sociales que ya han comenzado a surgir, en el marco de las brechas de regulación antes señaladas.
Frente a este panorama, la Asociación Colombiana de Actores del Mercado de Carbono, Asocarbono, compartió la preocupación de la Defensoría del pueblo, al señalar que reconocen la diversidad de escenarios de riesgo identificados.
Sin embargo, asegurarn que los proyectos REDD+ desempeñan un papel crucial en la protección del medio ambiente y en el desarrollo socioeconómico de las comunidades locales, pues estos no solo contribuyen a mitigar el cambio climático, mediante las actividades sostenibles que reducen y previenen la deforestación, sino que también generan beneficios tangibles para las poblaciones a través de iniciativas de desarrollo sostenible, conservación de la biodiversidad y fortalecimiento de las economías locales. Al respecto, menciona que estas afirmaciones se sustentan en diversos estudios realizados poresta Asociación, como el "Segundo reporte sobre la Contribución de los Proyectos del Mercado de Carbono Colombiano para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS", el "Análisis sobre el apalancamiento de recursos público - privados para el combate a la deforestación en Colombia" y la "Cartilla Contexto REDD+", consignado en www.asocarbono.org.
Para Asocarbono es alarmante que se generalice al sector del carbono como un todo y que se considere como única fuente de financiamiento para los grupos armados ilegales. "Comprendemos que enfrentamos desafíos complejos que requieren un enfoque integral y colaborativo para abordarlos de manera efectiva. Pedimos el cambio y ajuste de estas noticias que afectan al mercado de carbono en Colombia y a nivel internacional de manera significativa".
En ese sentido,la organización reitera disposición, como líder del gremio, a conversar con todos los actores que requieran claridad sobre temas del mercado del carbono, incluyendo a los medios de comunicación.
"Compartimos la preocupación de la Defensoría en cuando a la consumación de violaciones de derechos humanos de la población indígena y campesina por parte de actores armados. Reiteramos nuestro compromiso de colaborar con la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Ambiente y otras autoridades pertinentes. Siempre hemos estado dispuestos a trabajar juntos para abordar cualquier preocupación legítima y garantizar el cumplimiento de los derechos de todas las partes involucradas en los proyectos REDD+ que se desarrollan en Colombia. Igualmente, reconocemos que pueden haber asociados y comunidades cuyos derechos estén siendo vulnerados, y estamos comprometidos a abordar estas situaciones de manera proactiva y efectiva", subraya el comunicado de Asocarbono.
EL gremio asegura que ""los desarrolladores de proyectos REDD+ que hacen parte de Asocarbono mantienen articulación con las comunidades locales, aliados naturales de los proyectos, destacando que se han enfocado en fortalecer la gobernanza territorial y la conservación de los bosques, contribuyendo a la protección de las comunidades, sus tradiciones y la permanencia en el territorio frente a riesgos de seguridad que se puedan presentar. Por lo anterior, hacemos un llamado para reforzar la generación de capacidades, la implementación de salvaguardas y la protección a líderes ambientales y comunidades locales".
"Pedimos una interpretación precisa y equilibrada de los informes periodísticos y una colaboración constructiva para abordar los problemas identificados. Estamos abiertos al diálogo y aportaremos ideas para encontrar soluciones efectivas y justas, y destacamos que el sector privado que desarrolla estos proyectos REDD+ busca contribuir a la lucha contra el cambio climático y promover el desarrollo sostenible en nuestro país", concluye la Asociación.
