En la agricultura, la industria y el turismo se deben concentrar los esfuerzos para compensar los efectos de una transición energética, recomienda estudio realizado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD).
BOGOTÁ D.C.- En un estudio conjunto realizado por el DNP, la Cepal y la AFD, que tomó como referencia los departamentos carboníferos del país -Cesar, Córdoba, La Guajira y Norte de Santander- y los departamentos petroleros -Arauca, Casanare, Meta, Santander y Putumayo- se advierte que la transición hacia una economía baja en carbono trae como consecuencia un cambio estructural para la economía, que afecta la forma de producción y, por ende, el empleo y la generación del ingreso de las personas.
Bajo ese panorama, el estudio explora las posibilidades de implementar algunas políticas de mitigación para contrarrestar los efectos que se generan en el escenario de una reducción a la mitad de la producción de petróleo y carbón en el país
En ese sentido, el estudio recomienda que desde el Gobierno se deben buscar incentivos para incrementar la producción en el sector agrícola, agroindustria y turismo, a nivel departamental. Por ejemplo, al aumentar la oferta de empleo en la agricultura, industria y turismo se estima que de los 117 mil empleos que se dejarían de tener en el sector petrolero, pueden generarse hasta 93 mil puestos de trabajo que compensaría y brindarían nuevas oportunidades a los trabajadores. En el sector del carbón, de los 145 mil empleos que se perderían, podrían ser compensados con los hasta 120 mil puestos de trabajo que se generarían si se incentiva una mayor producción en estas tres ramas de la economía.
De igual manera, el estudio plantea que para los puestos de trabajo que no se logren absorber con la creación de empleos en el agro, la industria y el turismo, se fortalezca la implementación de un programa de focalización de recursos que le permitan a los trabajadores tener una transferencia monetaria de $1 millón y apoyos en la capacitación de nuevas actividades más sostenibles.
Por su parte, el análisis realizado por los expertos de la CEPAL y la AFD muestra que las medidas de transición justa hacia una economía baja en carbono deben ir más allá del sector energético e incluir todos los sectores. En ese sentido, recomienda considerar sectores que indirectamente son fundamentales, como los cuidados, educación, salud, entre otros.
Adicionalmente, una política enfocada al desarrollo de los sectores de la agroindustria y el turismo ayuda a mitigar la reducción en la producción y el empleo a nivel regional. Sin embargo, no logra mitigar completamente los efectos negativos de la descarbonización. En tanto, una política de subsidios ayuda a reducir la probabilidad de caer en la pobreza de los hogares, pero no contribuye a mitigar los efectos de la reducción en empleo y producción, además de que hay que considerar su financiamiento."Este estudio, que se ha desarrollado para determinar los elementos que permitan evaluar estos impactos es parte de la apuesta del DNP por generar dichas discusiones de país sobre el cambio climático. Colombia tiene obligaciones muy serias con las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC por sus siglas en inglés) que nos permiten tomar decisiones para que se haga una transición energética de mediano y largo plazo", indicó el director (e) del DNP, José Alejandro Herrera Lozano.
En la investigación se presentan los mecanismos de transmisión y posibles efectos de una política orientada hacia la transición de una economía dependiente de sectores extractivistas, por medio de una reducción en la producción de petróleo y carbón. En ese sentido, el subdirector de Estudios Macroeconómicos Sectoriales y de Regulación del DNP, Gustavo Hernández, explicó que la transición hacia una economía baja en carbono trae como consecuencia un cambio estructural para la economía, que afectan la forma de producción y, por ende, el empleo y la generación del ingreso de las personas.
Por su parte, Raúl Holz, oficial de la División de Desarrollo Social de la CEPAL, manifestó que "las principales conclusiones que destacamos es que la dimensión económica, medioambiental y social deben tomarse de manera conjunta para estar en línea con la visión de la agenda 2030. El objetivo de reducción y superación de la pobreza, junto a la protección del planeta son convergentes en la política pública".
En la mitigación de los efectos de la transición en el mercado laboral, el director de Desarrollo Social del DNP, Horacio Coral, manifestó que "el país puede irse anticipando con estructuras de protección social y se pueden tener como alternativas algunos programas de transferencias monetarias, así como de formación para el trabajo con el objetivo de ir haciendo el ajuste en las actividades económicas de las regiones donde el sector extractivo tiene una alta participación y puedan hacer tránsito a lo que se ha denominado empleo verde".
La elaboración del estudio se basó en dos modelos que permiten desarrollar un escenario antes de la implementación de las acciones de política. El análisis partió de la premisa de reducir a la mitad la producción de petróleo y carbón en el país para poder identificar los desafíos que se tendría en la administración pública entre el 2023 y el 2030.
Lo anterior permite identificar las áreas en las que el Gobierno podría y debería intervenir para mitigar los efectos que se encuentran en la simulación de los escenarios planteados por los expertos. Bajo ese escenario, el efecto en los departamentos petroleros es una disminución en la producción de crudo del 12,1% y una pérdida de 117 mil puestos de trabajo. Para los departamentos productores de carbón el impacto es de una reducción del 11,8% en la producción y una eliminación de 145 mil empleos. En el modelo se proyecta que la tasa de desempleo se mantendría en dos dígitos.
La simulación en este escenario también permite establecer una estimación sobre el impacto en el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) si se redujera a la mitad la producción de petróleo y carbón en el país y en el que se estima que puede retroceder en un 3,5% si no se hace de manera gradual.
Por otra parte, el estudio encuentra que el efecto sobre la pobreza moderada podría aumentar 3,26% y la pobreza extrema 1,40% puntos porcentuales para el primer año del análisis de este modelo.
En el estudio se expone que, en Colombia, gran parte de la producción petrolera y carbonífera se ha exportado, siendo estas el 56,2% de las exportaciones totales. Así mismo, las entradas de inversión extranjera directa han representado el 34,9% del total.
La transición justa, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), plantea que se refiere al "proceso mediante el cual las economías que avanzan hacia una economía verde también fortalecen cada uno de los cuatro pilares del trabajo decente: creación de empleo, protección social, derechos en el trabajo y diálogo social.
