Este jueves 17 de junio el Congreso de la República tiene la última oportunidad para decidir si se ratifica el Acuerdo de Escazú en Colombia. Ambientalistas esperan que los parlamentarios no permitan que se archive esta importante herramienta para evitar los conflictos ambientales.
BGOTÁ D.C.- El Acuerdo de Escazú, firmado por el Gobierno Nacional en diciembre de 2019, el Congreso de la República debe decidir si lo ratifica o lo deja archivado por vencimiento de términos, lo cual privaría al país de una herramienta jurídica para prevenir conflictos ambientales en el territorio colombiano y prevenir el preocupante incremento de crímenes contra defensores del ambiente.
Según la fundación Ambiente y Sociedad, el Acuerdo de Escazú es un instrumento, que entró en vigencia el pasado 22 de abril en América Latina y el Cribe, vital para regular los derechos que debemos tener para acceder a la información, participar de los asuntos públicos y para que la justicia sea efectiva alrededor del uso sostenible de nuestros recursos naturales. El Acuerdo ha sido ratificado por 12 Estados entre los que están México, Argentina, Ecuador, Bolivia y Panamá. "Ahora es necesario que Colombia asuma el compromiso que manifestó con la firma del Acuerdo el 11 de diciembre de 2019, como una oportunidad histórica para fortalecer la paz y la democracia ambiental", señala en un comunicado de prensa esta organización.
Para este momento, ya se realizaron cuatro espacios de discusión con la participación de gremios, sociedad civil y líderes ambientales, entre otros actores, para aclarar en el Congreso de la República todas las dudas sobre el Acuerdo.
Para Ambiente y Sociedad, contrario a lo que se ha dicho, el Acuerdo de Escazú no atenta contra la soberanía nacional, pues no contiene disposiciones sobre los espacios terrestre, marítimo o aéreo del territorio nacional. Al respecto, explica que, de hecho, su implementación se guía por dos principios clave que garantizan la soberanía de los Estados: el artículo 3 menciona los principios de soberanía permanente de los Estados sobre sus recursos naturales, e igualdad soberana de los Estados, y el artículo 4 dispone que las obligaciones contenidas en él deberán ser incorporadas por los Estados según su propia legislación, sin que éstas limiten o deroguen otros derechos y garantías más favorables previstas por las legislaciones del Estado que lo ratifique.
En este aspecto, la organización recordó que la Corte Constitucional ha reconocido que el país tiene un déficit de protección constitucionalmente inadmisible en materia de participación ciudadana, debido a la inexistencia de una regulación definida de mecanismos de participación ciudadana ambiental e instrumentos de coordinación y concurrencia.
El Acuerdo de Escazú le permitirá a Colombia superar las ambigüedades actuales que tiene la legislación ambiental y contar con un marco jurídico unificado y estandarizado que proporcione reglas claras a todos los actores nacionales.
El espacio de este jueves es la última oportunidad que Colombia tiene para ratificar el Acuerdo, a corto plazo. Si el espacio llega a posponerse o cancelarse, el proyecto que ratifica el Acuerdo de Escazú quedaría archivado por vencimiento de términos y, si no logra la mayoría de votos, su futuro sería incierto.
La ratificación del Acuerdo enviaría una clara señal a los demás países, incluidos los aliados comerciales y de cooperación, así como a los inversionistas extranjeros, al reafirmar el compromiso de Colombia con la buena gobernanza, la transparencia y la participación pública en la toma de decisiones ambientales, en el marco de su vinculación con la OCDE y de inversiones a través de la Banca Multilateral, entidades que han liderado o dado su aval y apoyo a este Acuerdo.
"Colombia requiere reforzar las garantías constitucionales asociadas con los derechos de acceso y políticas de sostenibilidad en línea con las disposiciones del Acuerdo de Escazú", señala en su pronunciamiento Ambiente y Sociedad.
En su concepto, con la ratificación de este instrumento regional, el país contará con un mejor marco legal para la transparencia y mayor seguridad jurídica que contribuyen al desarrollo de proyectos e incentivan las inversiones en Colombia, en cumplimiento y concordancia con los estándares comerciales globales y regionales.
En lo relacionado con el desarrollo de proyectos, obras o actividades, Colombia es un país en el que la mayoría de contingencias relacionadas con proyectos del sector privado ocurren justamente por falta de procesos de participación y acceso a la información efectivos, lo que demuestra la importancia del Acuerdo de Escazú para el fortalecimiento de agendas de desarrollo a favor de todos los actores involucrados, subraya la organización.
