El ente de control sostiene que este sector sigue siendo desfavorecido y que aumentan los pasivos ambientales. Impuesto del carbono tampoco ha funcionado.
BOGOTÁ D.C..- Un recorte presupuestal del 21% en 2019, con respecto a 2018, evidenció la Contraloría General de la República para el sector ambiental del país, según quedó consignado en el Informe del Estado de los Recursos Naturales y el Ambiente (IERNA 2019-2020).
En 2019, los recursos ascendieron a $83.017 millones, lo que representa una disminución del 12% frente a 2018, al pasar de $705.620 a $622.602 millones, lo que para la CGR significa que la inversión se está asignando de manera inversa al crecimiento de la problemática y los retos ambientales que afronta el país.
Según la entidad, se han detectado deficiencias en la aplicación de los porcentajes de los recursos de inversión destinados al medio ambiente con cargo al impuesto al carbono.
El recaudo de impuesto por parte de la DIAN para el periodo 2017-2019 ascendió a $1.221.980 millones de los cuales el 45% corresponde al Medio Ambiente, es decir, $549.891 millones. Sin embargo, los recursos permanecen ociosos en la Tesorería General de la Nación no obstante que tienen destinación específica para la protección del medio ambiente.
El 15% del impuesto al Carbono está destinado al Pacto Región Amazonia, pero la asignación real de este recurso ha llegado solo al 10% en la subcuenta Conservación de los bosques de la región de la Amazonia. Esta situación, según el informe, refleja un rezago en la formulación de los programas y los proyectos ambientales con cargo a este gravamen.
Para la Contraloría, la forma como ha sido implementado el mercado de bonos de carbono no da certeza sobre la reducción de emisiones y por eso hay abruptas variaciones de sobreoferta o excesiva demanda.
Según el Contralor, Carlos Felipe Córdoba, “las debilidades y carencias que persisten en la política pública ambiental no garantizan el gran objetivo nacional de contar con un ambiente sano y hacer un uso sostenible de los recursos naturales, que permita mejorar la calidad de vida actual y futura de los habitantes del territorio colombiano”.
El informe, elaborado por la Contraloría Delegada para el Medio Ambiente, detalla que se mantienen vacíos en la exigibilidad de permisos de investigación científica, deficiencias técnicas y baja capacidad de las autoridades ambientales de hacer presencia en todo el territorio, además de presentarse una escasa planificación de las áreas protegidas.
Además, se estableció la incapacidad de las autoridades ambientales para hacer efectivas las sanciones y el seguimiento a las medidas compensatorias de los agentes que intervienen los ecosistemas.
Lo anterior ha incrementado la carga de pasivos e impactos ambientales en el país, como se advierte con la contaminación de las cuencas hidrográficas y pérdida de recursos hidrobiológicos, el precario estado de los ecosistemas marinos y manglares, el aumento de la deforestación, el bajo cumplimiento de la norma ambiental vigente en materia de exploración y explotación de recursos naturales no renovables, y el incumplimiento sobre la participación justa y equitativa de algunos proyectos que aprovechan los recursos genéticos.
Para la Contraloría, “la realidad ambiental de nuestro país presenta toda una gama de carencias que aún la política pública no ha logrado corregir”.
Fuerte reducción presupuestal
Otras conclusiones de la evaluación que realizó la CGR sobre el gasto público social ambiental de la vigencia 2019, es que “se sigue observando ineficiencia en la gestión de los recursos puestos a disposición de las CAR para el cumplimiento de sus objetos misionales, tanto en el rubro de ingresos como de gastos”.
En ese sentido, el ente de Control halló que pese a que los ingresos definitivos de las CAR para la vigencia 2019 ascendieron a $3.719.264 millones, solo se apropiaron $3.552.312 millones (95%).
Diecinueve CAR apropiaron un menor valor que los ingresos recibidos por una suma de $371.277 millones, asegura el informe.
Del presupuesto consolidado apropiado por las CAR para inversión en la vigencia 2019 por $2.613.462 millones, se observa una pérdida de apropiación de $690.314 millones (26%) y de los compromisos adquiridos por $1.923.147 millones sólo se ejecutó 57%.
Esto quiere decir que la suma de $818.726 millones (43%) se constituyó como reserva presupuestal, lo que significa que solo se recibieron un poco más de la mitad de los bienes y servicios contratados para la vigencia, señala el informe
La CGR,que destacó la iniciativa del ejecutivo de incluir en el PND 2018-2022 la reforma a las CAR, le pidió al Congreso de República dar impulso a dicha iniciativa, para que redunde en el uso racional y eficaz de estos recursos.
Al firmar el Acuerdo de París de 2015, el país se comprometió a llegar al cero por ciento de la deforestación neta en 2020. Sin embargo, no existen cifras claras sobre el avance hacia esa meta porque no existe un reporte oficial del IDEAM. En 2018 el área deforestada era de 197.159 hectáreas.
En materia de reforestación, el Gobierno nacional, en enero de 2020 se comprometió a sembrar 180 millones de árboles al 2022, lo que representaría una extensión de 140 a 270 mil hectáreas en total, equivalentes a un promedio de 35 a 67 mil hectáreas por año.
El país cuenta hoy con contratos que dan acceso a los recursos genéticos sin garantizar los beneficios monetarios y no monetarios a los que tienen derecho las comunidades étnicas.
La falta de control en las colecciones biológicas y rigurosidad de protección sobre la riqueza biológica del país puede generar una pérdida genética incalculable como resultado de procesos de patentes resultado de la biopiratería.
Menos peces en el río
La Autoridad Nacional Pesquera informó que entre los años 1975 al 2016 el recurso pesquero del Río Magdalena ha disminuido hasta en un 70%, especialmente de especies como el bagre rayado, el nicuro y bocachico, entre otras, perdiendo su capacidad de proveer la dieta alimenticia a los moradores de su área de influencia.
El Río Magdalena presenta deterioro ambiental de su sistema de humedales y a partir de actividades como producción agropecuaria.
De los 263.684 vehículos nuevos registrados en Colombia en 2019, sólo el 1,2% trabaja con tecnologías híbridas eléctricas, lo que afecta sensiblemente las metas ambientales definidas por el Plan Nacional de Desarrollo en su línea de Transporte sostenible.
El Conpes 3943 proyectó en 2018 la incorporación de 600.000 vehículos eléctricos a 2030, pero según el PND para cumplir esa meta durante los próximos ocho años tendrían que ingresar 593.400, es decir, un promedio de 74.175 por año.
Las motocicletas conformaron el 58% del parque automotor y representan el mayor porcentaje de evasión de la revisión técnico-mecánica: el 76% en 2019.
La pérdida de agua que podría ser reutilizada en el país es cercana al 41%, debido a las grandes ineficiencias en los sistemas de acueducto del país, lo que aleja al país de los objetivos de la economía circular e infraestructura verde.
La Policía Nacional, a través de su Dirección de Carabineros y Seguridad Rural, es una de las entidades con mejores resultados en la lucha por la eliminación del uso del mercurio y otras sustancias que afectan la salud y el ambiente. Durante 2019 intervino 3.755 minas y produjo 1.197 capturas.
Para la vigencia 2019 los recursos de cooperación internacional representan una fuente importante para la inversión del sector ambiental y ascendieron al 67% con relación a los recursos apropiados para inversión por el Presupuesto General de la Nación.
San Andrés se encuentra al borde de una emergencia sanitaria ante la acumulación de basuras. En 2019 el crecimiento poblacional y las actividades de turismo y comercial generaron un aumento de los desechos.
Las aguas residuales del Archipiélago, vertidas al ecosistema marino mediante el Emisario Submarino, no presentan ningún tratamiento y sólo se realiza separación de residuos sólidos de mayor tamaño.
