Organizaciones ambientales proponen enviar una carta a los ponentes del Plan Nacional de Desarrollo (2018-2022) en el Congreso de la República para revisar y replantear las metas de deforestación propuestas por el Gobierno nacional.
BOGOTÁ.- Preocupados por la meta de deforestación que plantea el PND, los accionantes de la tutela de deforestación en la Amazonía y varias organizaciones ambientales presentarán una carta al Congreso de la República, para hacer claridad sobre este importante desafío nacional.
Según los líderes de esta misiva que será entregado a los ponentes del Plan en el Congreso, en este documento la meta de deforestación está planteada en términos de tasa de aumento de la deforestación, teniendo como año base el 2017, año en que más hectáreas se deforestaron desde el 2010.
En las bases del PND, se señala que el crecimiento de la deforestación a nivel nacional fue de 23% en 2017 y propone llegar a cero 0 % en 2022. "Esto significa que si se disminuye progresivamente el crecimiento de la tasa de deforestación hasta llegar a cero en el 2022, ese año estaríamos deforestando un área mayor que las 219.000 hectáreas del año 2017. Esto significaría que en el período 2018-2022 deforestaríamos un área cercana a las 900.000 hectáreas", expresa con asombro el experto en temas ambientales, Juan Pablo Ruiz, en una de sus más recientes columnas de opinión en el diario El Espectador.
Al respecto, el experto considera que "no podemos aceptar volver a las caóticas cifras de antes del 2010, cuando veníamos mejorando, pues entre 2010 y 2014 la deforestación fue 177.000 y entre 2014-2018 bajó a 165.000 hectáreas anuales. Esperaríamos que, aun siendo pesimistas, la meta del promedio 2018-2022 no fuese superior a 150.000 hectáreas/año".
Según las bases del PND, entre 2005 y 2015 se perdieron 1,5 millones de hectáreas de bosque y en los dos últimos años se deforestaron 178 mil y 219 mil hectáreas adicionales, respectivamente, en las zonas del Pacífico y los Andes, territorios con suelos de aptitud forestal y vocación de protección, en donde se ha identificado la necesidad de priorizar acciones del Estado para ejercer control territorial y llevar a cabo inversiones para su desarrollo social y económico.
En este documento se precisa que la apropiación de tierras y la expansión de la frontera agrícola son las principales causantes de la transformación de los ecosistemas, al recordar que entre 2005 y 2012, el 50% del área deforestada se transformó a pastizales, gran parte destinados a ganadería. Otro factor es la debilidad en el control de actividades especialmente asociadas a la extracción ilícita de minerales, cultivos de uso ilícito, tráfico de fauna y flora y acaparamiento de tierras.
