Con base en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia sobre la Amazonia, la sociedad civil le recomienda a los ministerios de Ambiente y Agricultura trabajar con todos los actores involucrados, para reducir la deforestación y mitigar el cambio climático.
BOGOTÁ.- Crear una oficina de alto nivel -del orden presidencial, preferiblemente- para manejar el tema de la deforestación en el país, como un aspecto de seguridad nacional, que permita realizar el análisis detallado del fenómeno, coordinar la toma de decisiones y vincular efectivamente a los demás sectores del gobierno, sus programas e instituciones, es una de las solicitudes que la sociedad civil le planteará al nuevo Gobierno.
Como resultado del convesatorio “Los retos del nuevo gobierno frente a la deforestación en la Amazonía colombiana y propuestas de la sociedad civil”, convocado por la Plataforma de Información y Diálogo de la Amazonia Colombiana – PID Amazonia, surgieron una serie de recomendaciones que serán planteadas a las diferentes entidades del Gobierno nacional y regional.
En tal sentido, se recuerda que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural deben tener presente la sentencia promulgada por la Corte Suprema de Justicia sobre la Amazonia sujeta a derechos y basado en esto deben convocar a todos los actores involucrados para trabajar conjuntamente con el fin de reducir la deforestación, las emisiones de efecto invernadero (GEI) y el efecto sobre el cambio climático global.
El documento que recoge las sugerencias y que será publicado en la Plataforma PID Amazonia, plantea que el Gobierno debe trabajar conjuntamente con todos los actores involucrados en políticas ambientales, con el fin de armonización de las políticas, los planes de vida, y los POT, en un ordenamiento predial orientado a la producción y la conservación, basado en el conocimiento, la ciencia y la tecnología.
Los voceros del foro consideran que sería recomendable revisiar el SINA (creado por la Ley 99 de 1993), con el fin de integrar, reformular y contextualizar la legislación ambiental, enfocándose en la implementación de acciones que fortalezcan la gobernanza regional. La propuesta de reforma se debe hacer con las instituciones y debe tener origen desde los Ministerios de Ambiente y de Agricultura, según reza en un primer borrador del documento.
Las CAR, por su parte, deben contar con una capacidad mejorada y permanente para la toma de medidas de autoridad y control, que se combinen efectivamente con la acción de las instancias judiciales.
En cuanto al modelo productivo y de desarrollo, el documento planteado considera que la deforestación debe dejar de verse como una cifra que está apartada del contexto regional y debe relacionarse con la pérdida de biodiversidad y de servicios ecosistémicos en las áreas deforestadas.
Otras consideraciones que serán expuestas en el documento son:
- La economía regional no se puede seguir basando en la ganadería como la fuente principal de desarrollo y generación de riqueza.
- Se deben fortalecer y apoyar económicamente (con fuentes accesibles de financiación) los sistemas productivos alternativos, de bajo impacto, fomentando alternativas de producción diferentes para la región.
- Hay que establecer canales de comercialización local y de exportación para los productos de la región, con estrategias de acceso a mercados y el fortalecimiento de las capacidades locales.
- El modelo productivo de la Amazonia debe considerar conceptos de adaptación al entorno y no de modificación o transformación del mismo.
- El modelo productivo debe reconocer que el bosque puede ser utilizado de manera sostenible, tanto sus recursos maderables como los no maderables, a través de cadenas forestales productivas.
- Es necesario que todos actores conozcan los alcances de la Resolución 261 de 2018 sobre el cierre de la frontera agrícola, para lo cual se deben llevar a cabo programas generales de divulgación. En ese sentido, el fortalecimiento de la delimitación y cierre de la frontera agrícola solo podrá lograrse mediante una buena gobernanza forestal, el ordenamiento productivo que permita concretar la frontera agrícola, y con el acompañamiento de la fuerza pública.
Deforestación en aumento
En un diagnóstico de la situación nacional, la sociedad civil recuerda que hay un aumento constante de la deforestación en el país, que se refleja en un incremento del 23 % en 2017 con respecto a 2016, el cual, a su vez, había aumentado en un 44% con respecto al 2015.
Esta situación se enmarca en los procesos del posconflicto, que ha abierto las posibilidades de aprovechar los recursos de la Amazonía; una región que se ha convertido en un foco de inversión e interés nacional e internacional.
El Gobierno, a la fecha, no cuenta con un modelo de desarrollo económico claro y apropiado para esta región, ni tiene en cuenta los impactos acumulativos que se han agregado durante los últimos años. Los planes de Desarrollo Locales y Departamentales no contemplan las realidades frente a la deforestación.
La deforestación está ligada a actividades económicas, legales e ilegales, en los sectores agropecuarios, hidrocarburos, minero-energético y de infraestructura.
El Gobierno nacional cuenta con el suficiente bagaje normativo (leyes, resoluciones, instrumentos de política) en temas ambientales, que no se ha implementado adecuada, oportuna y efectivamente.Hay un letargo político frente a los retos y necesidades ambientales y, específicamente, frente a la deforestación.
Por otro lado, hay suficientes herramientas informáticas y de seguimiento, especialmente del IDEAM, para generar información relevante y completa sobre el estado de los bosques, los cambios de uso del suelo o la expansión de la frontera agrícola.
El país cuenta con políticas de estado (Ley 99 de 1993, EICDGB, Conpes 3934 (Crecimiento Verde), Plan Nacional de Desarrollo Forestal (2000 – 2025), Ley 37 de 1980 (Ley Alegría), POMCAS, etc.) que cubren las políticas de gobierno y presentan hojas de ruta para una implementación de programas e instrumentos en el tema. Sin embargo, no hay una continuidad en algunas de estas políticas.
La deforestación, señala el documento, es un problema de orden nacional es un fenómeno complejo de diversos estratos o niveles en los que se involucran actores como grandes empresarios, campesinos, e incluso grupos al margen de la ley. Cada uno de los estratos tiene intereses y motivaciones distintos para deforestar. Se debe tener claridad de las diferencias en los intereses frente a la región.
Hay procesos, oficiales y no oficiales, de integración amazónica que involucran proyectos de orden transnacional, los cuales involucran situaciiones de especulación de tierras, ante los cuales el país y la Amazonía colombiana deben estar preparados política, económica y socialmente, porque pueden exacerbar la situación descrita.
En el país se han declarado el río Atrato y la Amazonía como sujetos de derechos.En el caso de la Amazonía (Tutela De Justicia, Sentencia STC 4360/18) se han dado plazos para el desarrollo de planes de acción de corto, mediano y largo plazo, con perspectiva inter e intrageneracional. Esto le da a la Amazonia una posición de protección y del ejercicio de derechos, incluyendo equidad de género.
Fundación Natura, Fundación Alma, Parques Nacionales Naturales de Colombia, Instituto Sinchi, Universidad de la Amazonía, The Nature Conservancy, Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Gobernación del Caquetá, Red Colombiana de Restauración Ecológica y grupos indígenas locales, firmaron la Alianza para la Restauración de la Amazonía, con el objetivo de diseñar conjuntamente, estrategias de restauración ecológica, dejar capacidad instalada y promover acuerdos entre las comunidades indígenas y campesinas de la zona, bajo un proceso intercultural; escalar procesos de restauración a nivel de política pública para poder recuperar los ecosistemas degradados.
Los indicadores utilizados en la actualidad para el monitoreo de deforestación no poseen la capacidad ni metodología adecuadas para medir los cambios en las dinámicas de deforestación.
El documento final será publicado en la página web www.pidamazonia.com el lunes 17 de septiembre.
