El país corre el riesgo de quedarse sin bosques si continúa el ritmo creciente de pérdida de cobertura forestal, en las Zonas de Reserva Forestal constituidas por la Ley 2ª de 1959, según estudio de la Contraloría General de la República (CGR).
BOGOTÁ, D.C.- Las Zonas de Reserva Forestal de la Nación, en especial las constituidas mediante la Ley 2ª de 1959, han alcanzado unos niveles de degradación y deterioro ecológico críticos y, mientras la deforestación avanza de manera acelerada y sin control, el propio Gobierno Nacional, a través de la Resolución 0264, del 22 de febrero de 2018, abre el camino para legitimar acciones irregulares e incluso delictivas (como cultivos ilícitos y ocupaciones ilegales) que afectan estas áreas.
Así lo asegura un estudio sobre degradación de estas zonas realizado por la Delegada para el Medio Ambiente de la Contraloría General de la República, el cual advierte que en la última década y hoy en día el uso de suelo en estas ha venido cambiando, bien sea por el avance de la frontera agrícola, ganadería extensiva, tala ilegal, minería, además de los efectos devastadores de los cultivos ilícitos, que se evidencia en el deterioro de los recursos naturales.
De acuerdo con el estudio de la Contraloría, las Zonas de Reserva Forestal creadas por la Ley 2ª se han reducido en un 22% desde su creación, pasando de más de 63 millones de hectáreas declaradas originalmente a aproximadamente 48 millones.
De ese territorio, el 83% (40.612.648 hectáreas) tiene hoy cobertura de bosques, lo que significa un ritmo creciente de pérdida a una tasa anual de 194.000 hectáreas, que llevaría al país a quedarse sin bosques en corto tiempo.
Cerca de 12 millones de hectáreas de las Zonas de Reserva Forestal de Ley 2ª han sido sustraídas con fines de reforma agraria y disminuyeron sustancialmente el área de las mismas en un 20%, advierte el ente de control.
Según el estudio, a ello se suma “la ausencia total de seguimiento a las sustracciones efectuadas desde que se establecieron estas áreas, lo que se hace evidente por el estado de degradación en que se encuentran”.
“Con la Resolución citada, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se estableció el procedimiento que las autoridades ambientales deben seguir para realizar los estudios que sustenten los procesos de realinderación de las reservas forestales”, advierte el informe de la CGR.
Sobre esta medida, la entidad señala lo siguiente:
“El Gobierno Nacional, por medio de la realinderación que establece en la Resolución 0264 de febrero de 2018, abre el camino para que se legitimen las actuaciones irregulares e incluso delictivas que dieron paso al deterioro de las reservas forestales y sus ecosistemas, lo que representa un riesgo significativo de pérdida de diversidad biológica, prestación de servicios ecosistémicos, e insuficiencia de información para la toma de decisiones; y pone de manifiesto la incapacidad del Estado para evitar o atacar los factores de deterioro de estas zonas”.
Siete áreas estratégicas
Las Zonas de Reserva Forestal, abordadas en el estudio de la Contraloría, y que jugarán un papel crucial en la implementación del Acuerdo de Paz (en lo que tiene que ver con la Reforma Rural Integral —RRI— y la sustitución de cultivos de uso ilícito), fueron establecidas por la Ley 2ª de 1959.
Esta norma dispuso el manejo y aprovechamiento planificado de los bosques que tuvieran capacidad para proteger las aguas y suelos, como requisito necesario para poder aprovecharlos, reservando para ello 7 grandes áreas estratégicas del país: Amazonía, Pacífico, Central, Río Magdalena, Serranía de los Motilones, Cocuy y Sierra Nevada de Santa Marta.
El Fondo de Tierras previsto en el “Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera” y que esperaba contar con 3 millones de hectáreas de tierras provenientes de diversas fuentes, entre las cuales se encuentran las reservas forestales de Ley 2ª, dadas diversas restricciones en cuanto a su uso, podría contar con ellas en un máximo de 1.520.855 hectáreas en zonas adjudicables, pero sin estimaciones sobre el impacto ambiental que generaría una ocupación de esa magnitud.
La desarticulación del proceso de adjudicación de baldíos con otras políticas públicas, ha generado incentivos perversos, tales como el requisito de ocupación y explotación, que promueven la deforestación, lo cual, aunado a procesos criminales y a la reconcentración de la propiedad rural a partir del desplazamiento forzado, han conducido a la degradación de las reservas, es una de las conclusiones del estudio presentado por la CGR.
La situación denunciada por la Contraloría hace poco factible alcanzar las metas más optimistas del Gobierno, en el sentido de reducir la deforestación a tasas de 90.000 hectáreas anuales.
El organismo de control asegura, además que las políticas de sustitución de cultivos de uso ilícito en las zonas de reserva forestal de Ley 2ª de 1959 carecen de los suficientes incentivos económicos y educativos para que ésta se realice de forma consensuada entre el gobierno y los cultivadores, generándose por este motivo tensiones indeseables en dichas zonas.
Considera, por otra parte, que no hay claridad frente a que dicha sustitución vaya a realizarse por especies forestales de manera que la reserva continúe cumpliendo con su función y vocación, o si se adelantarán los necesarios procesos previos de sustracción para adjudicación de baldíos, con el riesgo de que se legitime una ocupación irregular en predios estatales a sujetos que no cumplen con las condiciones para ser beneficiarios.
Adicionalmente, considera que el Estado no efectúa seguimiento al cumplimiento de los Actos Administrativos de sustracción, ni por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, ni de las Corporaciones Autónomas Regionales -CAR.
