Al determinar la frontera agrícola del país, que equivale a 40 millones de hectáreas, se protegerán páramos, humedales Ramsar y áreas de importancia estratégica.
BOGOTÁ D.C.- El 35% del área continental del país se podrá utilizar para actividades económicas relacionadas con diversos ámbitos productivos, mientras que la mayoría del porcentaje restante será destinado a la conservación.
Al presentar la definición de la frontera agrícola de Colombia, el presidente Juan Manuel Santos, destacó que “40 millones de hectáreas serán cultivables y 60 millones para proteger”.
Según el primer mandatario, con esta decisión el país es pionero en América Latina y se vuelve más productivo y sostenible. “Vamos a ponerle un límite a la frontera agrícola del país, esta será la gran definición de nuestro futuro, saber dónde y qué se puede cultivar", explicó el Presidente Santos, quién aseguró que con esta medida se dará seguridad jurídica, se incrementará el desarrollo del campo y se consolidarán grandes inversiones más productivas y más sostenibles.
En la definición e identificación de la frontera agrícola en Colombia han venido trabajando el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), con lo que se armoniza el emprendimiento competitivo agrícola, pecuario, forestal, acuícola y pesquero con el desarrollo sostenible, el ordenamiento social de la propiedad con la conservación y protección de los ecosistemas estratégicos, y en especial, el desarrollo rural con el control de la deforestación y degradación de los suelos.
“La definición de la frontera agrícola permite proteger nuestros ecosistemas de importancia estratégica como páramos, humedales Ramsar y los diferentes territorios del Sistema Nacional de Áreas Protegidas”, afirmó el ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo.
El funcionario destacó además que este anuncio es clave para la adopción de la Estrategia Integral de Control a la Deforestación y Gestión de los Bosques y la implementación de programas específicos en este sentido, como la Comisión Intersectorial creada para este fin y coordinada por el Ministro de Ambiente y el Alto Consejero para el Posconflicto. “Lograr un desarrollo rural y a la vez proteger la biodiversidad sí es posible”, concluyó.
Por su parte el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Juan Guillermo Zuluaga, explicó que el concepto de frontera agrícola permite que el sector agropecuario cuente con un instrumento idóneo para orientar la formulación de política pública y focalizar su gestión e inversiones, fruto de un proceso planificado en áreas donde técnica y legalmente es permitida la actividad económica, y de paso, reducir los conflictos por el uso ineficiente del suelo rural.
De igual forma, se constituye en marco de referencia para coordinar las acciones entre la institucionalidad del sector agropecuario y ambiental, lograr las metas de reducción de las tasas de deforestación y conservar los ecosistemas estratégicos de los cuales depende también la competitividad de las actividades productivas, teniendo en cuenta que más de dos millones de hectáreas de actividades agropecuarias se desarrollan en territorios de conservación o protección ambiental: 68 % en zonas de reserva forestal, 17 % en páramos y 15 % en parques nacionales.
A su turno, el director de la Upra, Felipe Fonseca Fino, afirmó que “la frontera agrícola es la cancha del sector agropecuario donde los emprendedores del campo se la juegan por la competitividad. Es la primera vez que en Colombia se define y representa en un mapa esta cancha que se constituye en un referente estratégico para el desarrollo rural agropecuario, la seguridad jurídica de las inversiones públicas y privadas y en especial, combatir la deforestación”.
La identificación de la frontera agrícola hace parte del punto 1 del acuerdo final para la terminación conflicto ‘Hacia un nuevo campo colombiano y da cumplimiento a la Ley 1776 de 2016: “reforma rural integral’, donde se contemplaron temas como el acceso y uso de la tierra, formalización de la propiedad, protección de zonas de reserva, etcétera.
