La exploración y explotación petrolera, el aumento de cultivos ilícitos y la deforestación son tres grandes problemas que afronta el Área de Manejo Especial de La Macarena (AMEM). Pobladores de Granada (Meta) se preparan para decirle "no al petróleo". Se prevén nuevas de estas acciones en La Macarena y otros municiios que forman parte de esta zona ambientalmente estrátegica.
BOGOTÁ.- Mediante consultas populares, la comunidad de los municipios del Meta que forman parte del AMEM, esperan defender sus derechos a un ambiente sano y a evitar que la biodiversidad de su territorio sea gravemente alterada, especialmente por proyectos de exploración y explotación petrolera, así como por la deforestación de sus bosqus.
El AMEM comprende un territorio de 3 millones 790 mil hectáreas, que incluyen 19 municpios, -16 del Meta y tres del Guaviare- cuatro parques naturales -Macarena, Picachos, Tinigua y Sumapaz, que la convierte en un área altamente estratégia de protección y conservación ambiental. De las cuencas hidrográficas que posee esta extensa zona se provee de agua a pequeñas y grandes ciudades del Meta y Cundinamarca.
Las comunidades de la región, cada vez más conscientes del enorme riesgo ambiental que representa la exploración y explotación petrolera se han ido organizando para exigirle al Gobierno la defensa de estos territorios, a través de las consultas populares, una figura constitucional mediante la cual se expresa la voluntad ciudadana a favor o en contra de actividades como la explotación petrolera, la minería y otros proyectos que atenten contra los ecosistemas.
Según los líderes comunitarios, el Estado ha otorgado concesiones para la exploración y explotación de cerca de dos millones de hetáreas del AMEM, representados en 15 bloques, tales como Macaya, Sangretoro, Ariari, Picachos, Durillo, Tinigua, CPO17, CP9, los cuales han sido asignados a compañías como Canacol, Ocol, Energy, Ucol y Ecopetrol.
En el Meta, ya se ganó una de estas acciones en Cumaral y ahora se aspira a que el municipio de Granada también le diga "No al petróleo". La pregunta que se le formulará a la ciudadanía el próximo 22 de Octubre será: ¿Esta Ud. de acuerdo que en el municpio de Granada se haga exploración y explotación de hidrocarburos?
Dirigentes cívicos y ambientales visitaron la redacción de Revista ECOGUIA para expresar su descontento con entidades como el Ministerio de Minas, ANLA, ANH que, según sus denuncias facilitan la explotación de territorios en lo que se pone en peligro la biodiversidad y la sustentabilidad de las comunidades rurales.
Al respecto, son varios los interrogantes que plantean líderes comunales como la psicóloga social María Elena Rosas y Edgar Humberto Cruz, defensor de Derechos Humanos y representante del Consejo Departamental del sector ambiental: "No entendemos cómo hizo el Gobierno nacional para adelantar estudios de viabilidad para los títulos mineros y concesiones a empresas petrolera en esta zona, donde buena parte del terreno estaba minado por el conflicto armado".
También se preguntan por qué el Gobierno otorga concesiones en un área especialmente protegida y por qué no se han llevado a cabo los planes integrales de manejo (PIMES).
Tales inquietudes los lleva a afirmar que los licenciamientos otorgados en el AMEM obedecen al "desconocimiento de la legislación por parte del Gobierno y se constituye en una violación a la Constitución Nacional". Tal vez por ello, afirman que, por ejemplo,"¨la directora de ANLA no expide licencias ambientales sino industriales".
De igual manera, los voceros de las comunidades que luchan contra la explotación de hidrocarburos, consideran que la socialización de estos proyectos con las comunidades tampoco son efectivas. "Vienen, nos muestran unos mapas muy bonitos, nos dan un refrigerio", pero no nos explican los verdaderos alcances de los proyectos que exponen. Señalan, además, que pese a que en la zona habitan 14 resguardos inígenas, no se aplican las consultas previas, también establecidas legalmente.
"No se habla de las afectaciones y daños que pueden causar los proyectos, del impacto que trae el reasentamiento de comunidades que llegan con estos proyectos y que genera carestía, problemas sociales como drogadicción y prostitución, y la crisis de las administraciones municipales cuya infraestructura no alcanza para atender la dinámica poblacional que surge con la indusjtria.
En materia ambiental, las comunidades tampoco alcanzan a dimensionar la contaminación que trae consigo la sísmica y otras fases de exploración. Cuando fracturan las rocas, sale el agua altamente contaminada y aunque inicialmente se deposita en piscinas terminan en nuestras fuente hídricas, señala María Elena.
"Nuestros ríos en verano se están secando y eso que están operando cinco de los 15 bloques concesionados", aseguró.
El cambio del uso del suelo es otra de las tendencias que preocupan altamente a las comunidades rurales. "Antes, los Llanos eran la despensa de Bogotá y una gran variedad de alimentos llegaban a Corabastos, pero ahora ocurre lo contrario. Hay que venir a Corabastos a llevar mercado para los municipios"Los campesinos cambian el sombrero por el casco y las cotizas por las botas", subrayó.
El monocultivo de palma africana es otro de los fantasmas que se ciernen sobre la biodiversidad de esta región del Meta, pues según advierten los dirigentes, el municipio de Acacías, ubicado a menos de 30 kilómetros de Villavicencio, pasó de tener nueve molinos a solo uno, pues los cultivos de arroz, algodón, yuca, plátano y cítricos han sido reemplazados por palma de aceite.
La vocera comunitaria destacó, además, casos que muestran el impacto negativo de la explotación petrolera y de la minería. "El río Metica, en Puerto López y el río Caquetá, en ese departamentos, están contaminados con plomo, lo que pone en riesgo la salud de los pobladores que pescan en estas fuentes", comentó.
Votos
Fabio Alexis Montoya Toro, concejal de Granada, señala que después de la consulta popular en Granada, se tienen previstas accione similares en La Macaena, Vista Hermosa, Lejanías, El Castillo, Cubarral y Acacias, para lo cual están promoviendo el uso de este derecho ciudadano. "Queremos que toas las comunidades se integran porque nos se puede defender sola una parte del territorio, ya que los ecosistemas son integrales", señaló en su visita a Revista ECOGUÍA.
Movimientos sociales como el de Granada y Cumaral, en el Meta, se muestran en desacuerdo con el Gobierno y el sector empresarial, cuando argumentan que la plata de la paz está en la industria petrolera. "No queremos ser mineros ni petroleros, tenemos la posibildad de demostrarle al Gobierno nacional que Colombia puede ser sustentable", señaló Montoya Toro.
En la próxima consulta, ellos confían en obtener los votos para mantener su férrea posición contra la exploración y explotación de hidrocarburos, aunque sienten el temor de que el Gobierno busque la manera de quitarle la autonomía a las comunidades con el uso de esta figura constitucional.
De hecho, expusieron que cuando se trata de elecciones como el plebiscito por el voto al Acuerdo de Paz, se instalaron 110 mesas para la jornada; ahora, en cambio, solo se pondrán 60, lo que no garantiza que toda la población alcance a votar.
