La decisión del alto tribunal, de ordenarle al Gobierno que en menos de dos años constituya una mesa de trabajo interinstitucional para adelantar una investigación que determine los impactos ambientales de la actividad minera, fue cuestionada por el Gobierno. El Ministerio advierte que la minería bien hecha es importante para el desarrollo económico y social.
BOGOTÁ.- Lo que para los ambientalistas es una muy buena señal de responsabilidad ambiental, para el Ministerio de Ambiente es algo que genera “demasiada incertidumbre en este momento frente al sector minero”.
Así lo afirmó el ministro Luis Gilberto Murillo, luego de que el alto tribunal le ordenara ayer al Gobierno que en menos de dos años constituya una mesa de trabajo interinstitucional para adelantar una investigación científica y sociológica que permita identificar y precisar las conclusiones gubernamentales respecto a los impactos de la actividad minera en los ecosistemas colombianos.
De la Mesa que se debe conformar, harán parte, además del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio del Interior, la Unidad de Parques Nacionales Naturales, el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt y la Contraloría General de la República, quienes podrán incluir a miembros de la sociedad civil y otras entidades.
“Acatamos el fallo como debe ser, sin embargo, me parece que no es conveniente que se deje esta responsabilidad tan difusa, creo que en términos de la política minera que se ha definido, el sector ha hecho los estudios ambientales del caso”, advirtió el alto funcionario.
Señaló, igualmente, que si la sentencia plantea crear un comité que se encargue de gerenciar la elaboración de un estudio nacional de fondo de los impactos, así lo harán, pero “consideramos que en este momento una decisión jurídica de esta naturaleza genera demasiada incertidumbre”.
Aseguró, adicionalmente, que en varias oportunidades el Ministerio de Ambiente ha llegado a convenios con Cooperación Internacional, con el PNUD y otros organismos para garantizar que la política ambiental minera se basa en estudios.
La Corte les da competencias a los entes territoriales de regular el uso del suelo y garantizar la protección del medio ambiente, “incluso si al ejercer dicha prerrogativa terminan prohibiendo la actividad minera”, dice el fallo, emitido por la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional.
Al respecto, el ministro Murillo explicó que hay algunas zonas del país que tienen cierta preferencia por actividades mineras y “dejar la decisión sobre la conveniencia del desarrollo de una industria tan importante de impacto nacional, en manos de los municipios, desde el punto de vista ambiental no es la ruta más conveniente para el país”.
Adicionalmente el Ministro enfatizó que el Gobierno Nacional sí ha venido trabajando en muchos de los correctivos que se necesitan para el sector ambiental y también el sector ambiental ha presentado avances en función de su responsabilidad frente al control de la actividad de la industria minera.
