Reforestación, aceptable; manejo de reservas forestales, humedales, páramos, manglares y sustancias agotadoras de la capa de ozono (SAO), Insuficiente; mejoramiento de la calidad del aire, Insuficiente; destinación final de residuos sólidos peligrosos, Insuficiente; designación de recursos nacionales para políticas ambientales, Insuficiente; impacto ambiental de la minería, Insuficiente; gestión de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) en áreas de reserva, Insuficiente.
Las anteriores podrían ser, en términos académicos, algunas de las notas con las cuales la Contraloría General de la Nación, califica la gestión ambiental del Gobierno, lo cual muestra que aunque se advierten esfuerzos de los entes gubernamentales que tienen a cargo la política ambiental, éstos no son suficientes para frenar de manera efectiva la degradación de estas riquezas naturales.
Los resultados de la evaluación del manejo ambiental en Colombia durante la vigencia 2007-2008, dados a conocer por el Contralor General, Julio César Turbay Quintero, muestran, entre otros hechos, una mayor articulación entre el nivel central y regional, aunque ello no es suficiente para cumplir con las metas trazadas en materia de protección y conservación ambiental.
En relación con los planes de reforestación, la Contraloría muestra cómo, a pesar que entre 1998 y 2007 se reforestaron 213.067 hectáreas, “no se ha logrado compensar la pérdida y modificación de coberturas forestales a nivel nacional, ni se presentan los avances necesarios en términos de la zonificación de usos del suelo, el saneamiento de reservas forestales y la formulación e implementación de planes de ordenación forestal”.
Destaca, de otra parte, que también resultan insuficientes los esfuerzos realizados hasta el momento en torno al manejo de reservas forestales, humedales, páramos, manglares y sustancias agotadoras de la capa de ozono (SAO).
Sólo en el caso de los páramos, el ente de control halló que apenas el 43% cuenta con planes de manejo en el marco de áreas protegidas. Para el 57% restante, bajo jurisdicción de las CAR y CDS, no se mostraron avances, según reportes del Ministerio de Ambiente. En el caso de los manglares, sólo el 25% de los mismos se encuentran zonificados, al tiempo que únicamente el 2,2% de las reservas forestales creadas por la Ley 2” de 1959 se zonificaron, ordenaron y fueron adoptados planes de manejo durante 2007.
Frente al mejoramiento de la calidad del aire, la evaluación definitivamente raja la gestión gubernamental. “Preocupa que el país no cuente con estrategias coordinadas y eficientes para prevenir y controlar la contaminación atmosférica”, señala el Contralor. En este sentido, asegura que las acciones locales y sectoriales se han desarrollado de manera aislada y persisten serias deficiencias en términos del monitoreo de calidad del aire, pese a los esfuerzos realizados en los últimos años.
En relación con los recursos, el ente de control afirma que aunque el gasto total de las corporaciones durante el periodo ascendió a $3.7 billones y la ejecución presupuestal promedio fue del 81,93%, tales recursos representan, en promedio, tan sólo el 0,24% del Producto Interno Bruto (PIB).
Observa el informe que a diferencia de la educación, la salud y la vivienda de interés social, entre otros campos, la mayor parte de los recursos destinados a la gestión ambiental son manejados por las Corporaciones Autónomas Ambientales (CAR) y las Corporaciones de Desarrollo Sostenible (CDS). En tal sentido, indica que mientras los recursos del Presupuesto General de la Nación (PGN) alcanzaron $327.023 millones, los recursos propios de las CAR y CDS sumaron $3.367.863 millones. Con base en estos resultados, para la Contraloría, el gasto público relacionado con la conservación del medio ambiente y los recursos naturales es bajo.
Parece ser que a las Corporaciones de Desarrollo Sostenible les ha tocado la peor parte en materia presupuestal. Éstas sólo obtuvieron $7.957 millones por concepto de ingresos tributarios, lo que hace que mantengan una fuerte dependencia del Presupuesto General de la Nación y de los recursos del Fondo de Compensación Ambiental. Otro parámetro de medición tiene qué ver con las inversiones. El 94,7% de la inversión de todas las corporaciones -$747.564 millones- correspondió a las autónomas regionales; las de desarrollo sostenible, sólo invirtieron 5,3%, pese a que éstas tienen una gran importancia, dado que en su jurisdicción se ubican los más especiales y a la vez frágiles ecosistemas con que cuenta la Nación.
Otros aspectos que preocupan a la Contraloría General de la República son la limitada disponibilidad de recursos para atender tanto las competencias ambientales desde el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT), como la gestión de los institutos de investigación del sector. De los ingresos del Ministerio comprometidos en el 2007 -$463.706 millones- al componente de medio ambiente solo se le asignaron $54.533 millones, es decir 11,8%. A nivel de presupuesto general de la Nación, el Gobierno sólo destinó para este sector 0,51%.
En lo relacionado con la calidad del agua potable, la Contraloría también percibe deficiencias por las debilidades en la coordinación y acción del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial con otros ministerios, como el de la Protección Social y el de Agricultura y Desarrollo Rural, para estructurar una política que permita garantizar la protección, conservación, recuperación, y administración de los recursos hídricos a largo plazo.
El desconocimiento de la oferta y de la demanda de agua es también un factor crítico -señala la Contraloría- pues ha conllevado a que las concesiones sobre el recurso se otorguen sin tener en cuenta el agotamiento del mismo, por lo tanto, no es posible garantizar la equidad en su distribución y su sostenibilidad.
Este panorama lleva a los evaluadores a suponer que no podrá reducirse la incidencia de las enfermedades diarreicas agudas en niños menores de cinco años debido al consumo de agua no potable. De ahí que el Contralor insta al Gobierno a realizar planes, programas e inversiones efectivas para el tratamiento de las aguas residuales.
La actividad minera del carbón y del oro también le causa preocupación al organismo de control, toda vez que en su informe identifica como “factor crítico”, la falta de un censo o registro actualizado de la minería, lo que ha aumentado la debilidad de las autoridades ambientales y mineras para ejercer control y seguimiento sobre una actividad de alto impacto ambiental.
En el campo legislativo, la Contraloría considera que el marco normativo minero y el ambiental está desarticulado, a lo cual se suma el limitado control de las autoridades y la proliferación de dicha actividad, buena parte de ella con bajos niveles tecnológicos. “La no reglamentación de las zonas de exclusión sigue generando la expedición de títulos mineros en ecosistemas estratégicos como los páramos y las zonas de reserva forestal”.
La gestión de las áreas naturales protegidas, a cargo de las corporaciones, en opinión de la Contraloría, resulta en su gran mayoría “verdaderamente crítica”.
La baja asignación de recursos humanos en esta gestión es, sin duda, uno de los puntos más críticos de los esquemas de áreas naturales protegidas en general, que no ha permitido contar con personal suficiente, acorde con los retos de gestión que enfrentan tales espacios, agrega el informe de evaluación.
La disposición final de residuos sólidos y sustancias químicas, así como la inadecuada gestión de los residuos peligrosos, es otro tema preocupante para la Contraloría.
“Los hechos acaecidos en los últimos meses, evidencian que no se cuenta con información normalizada, homogénea y sistemática sobre la generación, manejo y disposición de residuos o desechos peligrosos originados en las diferentes actividades productivas, institucionales e industriales del país, unido a un elevado rezago en la elaboración, presentación, revisión, aprobación y seguimiento de los planes de gestión de los residuos hospitalarios y similares”.
A pesar de que existen normas vigentes que regulan estos aspectos fundamentales para la salud de los ciudadanos, hoy no se cuenta con un inventario fiable sobre el tipo y volumen de residuos peligrosos generados en el país, señala la Contraloría.
La revisión de estos y otros aspectos directamente relacionados con la gestión ambiental del Gobierno nacional y de las administraciones regionales llevó al Contralor Turbay Quintero a concluir que la situación en materia ambiental es “francamente preocupante”
