Bogotá, 15 de mayo.- Más de 350 familias tendrán que ser reubicadas, para abrirle paso al proyecto hidroeléctrico El Quimbo, en el departamento del Huila, el cual será ejecutado por la firma Emgesa, luego de la licencia concedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
El proyecto, que tiene previsto entregar al sistema nacional interconectado 1.650 kilovatios de electricidad por hora a partir del 2014 y que tendrá un costo cercano a los 700 millones de dólares (un billón 540 millones de pesos), ha generado controversia entre el sector ambientalista y entre las familias directamente afectadas con las obras previstas, las cuales se encuentran ubicados en jurisdicción de los municipios de El Agrado, Altamira, Girante y Garzón, en el Huila.
Las familias que deberán ser reubicadas, reclaman el derecho a seguir en estas tierras donde viven básicamente de la producción agrícola, dada la fertilidad de la zona.
Y aunque los promotores del proyecto señalan que se generarán más de 3.000 empleos, los habitantes de esta zona del Huila manifiestan que como todo proyecto, al comienzo de las obras serán tenidos en cuenta, pero luego abandonados a su propia suerte.
Frente a esta situación, el Ministerio de Ambiente informó que la empresa, Emgesa tendrá la obligación expresa de compensar a todas las personas que van a recibir algún tipo de afectación por el desarrollo del proyecto con predios y/o con viviendas de iguales o mejores condiciones a las actuales.
"No importa si las personas tenían título de propiedad o si estaban ubicadas de manera legal o ilegal en esas tierras, la Empresa tiene la obligación de generar una compensación que va entre 5 hectáreas de tierra, hasta 50 hectáreas o más, dependiendo de las condiciones en que se encuentren", sostuvo el ministro de Ambiente, Carlos Costa Posada.
De igual manera, el Ministerio de Ambiente exige que se garantice unas buenas condiciones de la calidad de vida para los habitantes del área de influencia del proyecto y se garantice que los predios tengan una adecuada productividad, e incluso con sistemas de riego.
Así mismo, Emgesa deberá compensar los efectos causados por el desarrollo del proyecto a aquellas personas que adelantaban alguna actividad económica en esa zona con el objeto de que puedan retomar sus actividades y exige que se vincule mano de obra de la región para desarrollar actividades propias del proyecto.
En cuanto al tema forestal, el Ministerio de Ambiente, obliga a la Empresa a compensar mediante la reforestación de más de 20 mil hectáreas de bosque seco y muy seco.
Dentro de las exigencias que se le hace a la empresa, está la de establecer un programa para el manejo y protección del recurso íctico y pesquero en la cuenca alta del Río Magdalena, que contempla entre otras actividades, la optimización de hábitats reproductivos y de desarrollo de peces, mitigación por pérdida de zonas de desove, repoblamiento íctico, seguimiento a la actividad reproductiva de especies migratorias en la cuenca del Río Magdalena, apoyo a la operación de estaciones piscícolas, manejo íctico del embalse, monitoreo de la actividad pesquera en el área de influencia del proyecto y plan de ordenamiento pesquero y acuícola, entre otros.
"El proyecto debe invertir el 1% del costo total, es decir un valor estimado en 9 mil 400 millones de pesos del proyecto en temas de conservación de cuencas, por lo tanto vamos a exigir a Emgesa que realice con ese 1% una parte importante de la interconexión y conectividad que necesitamos de bosque húmedo en las zonas entre los parques que existen en esa región", puntualizó el jefe de la cartera ambiental.
De las ventas brutas de energía de cada año, el proyecto transferirá el 6 por ciento a la Corporación ambiental regional y a los municipios localizados en la cuenca hidrográfica y en el embalse, para inversión en el plan de desarrollo municipal, con prioridad para proyectos de saneamiento básico y mejoramiento ambiental.
