El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, se mostró preocupado por los aplazamiento del debate sobre este Acuerdo en el Congreso de la Repùblica, el cual se debe dar en "un escenario transparente de deliberación”.
BOGOTÁ D.C.- Al expresar su preocupación por los aplazamientos que ha sufrido el debate sobre la ratificación del Acuerdo de Escazú en el Congreso, el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, pidió una deliberación transparente para el trámite del proyecto.
“Si bien entendemos que hay unos intereses económicos legítimos detrás de la oposición al Acuerdo de Escazú, que se dé el debate abiertamente y que contrastemos las opiniones en un escenario transparente de deliberación porque también, fuera de los intereses legítimos, están todos aquellos que se benefician de la explotación indiscriminada del medio ambiente”.
Al instalar el foro internacional "Derecho de acceso a la información medioambiental" del XIX Encuentro de la Red de Transparencia y Acceso a la Información, del que este año la PGN fue anfitriona, el jefe del Ministerio Público aseguró que la ratificación del acuerdo por parte los países de la región, constituye una prioridad para la defensa del medio ambiente y de sus líderes.
Precisó que el acuerdo no solo representa una disminución, sino también la prevención de posibles conflictos ambientales y, lo que resulta más importante, la protección y la prevención de la vida de los defensores de los recursos del planeta.
Carrillo Flórez enfatizó en que la protección de los líderes ambientales “es un gran colofón de lo que va a representar el Acuerdo de Escazú ante la amenaza que hemos venido sufriendo, con un costo y un peaje en términos de vidas de defensores de derechos ambientales en los últimos meses. Hay que ponerle fin a eso”.
Para el Procurador, con la ratificación del Acuerdo vendrían posteriores desarrollos legislativos y reglamentarios en materia de fortalecimiento de la institucionalidad ambiental, de la educación, de la capacitación y, sobre todo, de los instrumentos de transparencia y de acceso a la justicia.
Tratado ambiental
El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe o Acuerdo de Escazú es el primer tratado sobre medio ambiente y derechos humanos de la región y en el que se reconoce el rol de las personas defensoras del ambiente.
Su objetivo es garantizar la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades a la protección del derecho de cada persona, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible.
La implementación efectiva del Acuerdo de Escazú en Colombia puede ayudar fortalecer, construir, y consolidar la paz en todo el territorio, según explican las organizaciones ambientales.
Al ratificarse este Acuerdo, el Gobierno nacional tendrá que tomar acciones concretar para proteger a los lideres ambientales del país en razón a que Colombia figura como el segundo país del mundo con líderes ambientales asesinados.
El Acuerdo puede contribuir a solucionar los conflictos sociales de manera pacífica y justa; y puede darle al país nuevas herramientas para proteger los territorios y las personas ante la crisis climática, las amenazas y la estigmatización, señala la ONG Ambiente y Sociedad.
