Dentro de de las irregularidades halladas por el organismo de control, se denunció que en la CAR Cundinamarca adquieren palas de $7 mil a $1 millón, que se ordenó la adecuación del cauce de un río en donde no se requería y se encontró un presunto detrimento patrimonial de $1.681 millones. Entre tanto, Codechocó ha autorizado y permitido la explotación de especies forestales en peligro de extinción. Las CAR se defienden.
BOGOTA.- Al auditar a 16 Corporaciones Autónomas Regionales para el Desarrollo Sostenible CAR, la Contraloría General de la República, encontró hallazgos fiscales por valor de $10.022 millones, durante el primer semestre del año en curso.
Se informó que el organismo de control estableció 512 hallazgos administrativos, 61 de connotación fiscal por el valor referido, 22 con incidencia penal y 288 de carácter disciplinario. El resto corresponde a deficiencias de gestión de estas entidades.
En 7 Corporaciones se ubican los hallazgos fiscales de mayor cuantía, así:
*Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia –CORPORINOQIA ($2.589 millones).
*Corporación Autónoma Regional del Cesar –CORPOCESAR ($2.154 millones).
*Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca –CAR ($1.878 millones).
*Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga –C.D.M.B. ($1.418 millones).
*Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge –CVS ($631 millones).
*Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Mojana y San Jorge – CORPOMOJANA ($569 millones).
*Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó – CODECOCHOCÓ ($462 millones).
La Contraloría General de la República, dijo que la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga –C.D.M.B. (42) encabeza la lista de mayores hallazgos disciplinarios la encabeza y la de hallazgos penales la encabeza la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia –CORPORINOQIA (11).
En desarrollo de este proceso auditor a 16 Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, la Contraloría General de la República no feneció la cuenta de 8 de estas entidades:
Corporación Autónoma Regional de Chivor -CORPOCHIVOR-; Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía –CORPORINOQUIA; Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge –CVS; Corporación Autónoma Regional del Cesar –CORPOCESAR; Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó –CODECHOCO; Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga C.D.M.B.; Corporación para el Desarrollo Sostenible la Mojana y el San Jorge –CORPOMOJANA y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca –CAR.
En desarrollo de la investigación se descubrió, por ejemplo que en la CAR de Cundinamarca se venían adquiriendo palas que valem siete mil pesos por valor de uno millón.
Hallazgos por $1.878 millones de pesos encontró la Contraloría General de la República en la auditoría de la vigencia 2015 que realizó a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca –CAR.
De esta cifra, $1.681 millones corresponden a un presunto daño patrimonial por este monto relacionado con la Adecuación Hidráulica del cauce del Río Frío (contrato 1193 de 2014), debido a la inutilidad de la obra, que se llevó a cabo en una zona del municipio de Chía (Cundinamarca) que no requería la misma, ya que –según esa Alcaldía- nunca ha presentado inundaciones y “en vez de solucionar un problema, se generó un impacto ambiental irreversible sobre la fuente hídrica”.
Otros $68.9 millones corresponden a presuntos sobrecostos en la adquisición de equipos de análisis de suelos para la mejora tecnológica del laboratorio ambiental (contrato 1192 de 2013), donde palines y palas que en el mercado se consiguen por $7.500 y $10.000 se compraron por $1.000.000 y $800.000 respectivamente.
Fue así como se pagaron $5 millones por 5 palines y $4 millones por 5 palas, que de acuerdo a cotizaciones que hizo la CGR, a precios del segundo semestre de 2013, solo podían valer $35.000 y $52.500 en cada caso. La diferencia de precios, en solo estos ítems, es cercana a los $9 millones.
Pero hay diferencias de mayor cuantía. Por ejemplo, un medidor digital de compactación penetrologger se facturó a la CAR por $23.000.000, por parte de la firma contratista Maser Ltda, y los auditores de la Contraloría lo cotizaron en $3.813.000, lo que representa una diferencia de $19.187.000.También está el caso de un Juego de Composición Granular, adquirido en $23.500.000 y cotizado en $7.060.000, para una diferencia de $16.440.000.
Sobrecostos en actividades de capacitación
Otro componente de este contrato (número 1192 de 2013), es el de capacitación, donde la Contraloría detectó también presuntos sobrecostos, esta vez por $109 millones.
Por una capacitación para 5 funcionarios se pagaron $116 millones, y la CGR cotizó este mismo servicio por valores inferiores: $30 millones, con la Universidad Libre; $5 millones, con CORPOICA Regional Mosquera; y $6.700.000, con la Universidad Nacional de Colombia.
Al consultar sobre los soportes de los costos asociados a la capacitación, se indicó que el contratista Maser Ltda subcontrató una persona natural, y se allegó un registro de transacción entre el contratista y el subcontratista por una cuantía de $30.7 millones, suma muy inferior a la pagada por la CAR. Y se señaló que los demás pagos (que no fueron soportados) fueron realizados por Maser a la cónyuge del subcontratista.
Total de hallazgos
En total, el organismo de control estableció en la auditoría a la CAR 61 hallazgos administrativos, 30 de ellos con posible alcance disciplinario, 3 con incidencia fiscal ,1 penal y 4 con otras connotaciones.
7 vigencias donde no se fenece la cuenta de la CAR
La CGR no feneció la cuenta de la CAR para la vigencia 2015. Esto se ha dado en las últimas 7 vigencias fiscales, lo que evidencia que las acciones correctivas emprendidas por las últimas administraciones, no han sido eficaces.
Explotación de madera sigue sin controles
Madera extraída del departamento de Chocó está siendo decomisada en regiones vecinas, como Antioquia y Risaralda, por ser transportada en volúmenes superiores a los autorizados para movilización y en rutas diferentes a las aprobadas, todo lo cual se origina en las serias deficiencias que tiene la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó –CODECHOCÓ en los procesos de expedición, vigilancia y control del llamado Salvaconducto Único Nacional para la Movilización de Especímenes de la Diversidad Biológica –SUN.
Los decomisos han sido realizados por la Corporaciones Autónomas con jurisdicción en los departamentos mencionados, CORPOURABA y la CARDER, que han verificado estas inconsistencias, al igual que otros dos hechos repetitivos: el cambio de especies (las que se transportan no son las autorizadas) y en algunos casos la falta del mismo salvoconducto.
Esta situación irregular fue evidenciada por la Contraloría General de la República en una auditoría que realizó a Codechocó, donde se determinó también un manejo deficiente y riesgoso de los permisos de aprovechamiento forestal persistentes que concede esta corporación para la explotación de bosques.
Lo más grave, en este segundo caso, es que la dentro de la revisión adelantada por la CGR se encontraron resoluciones de Codechocó donde se conceden estos permisos cuyos datos no corresponden a lo verificado en el terreno.
Las especies y los volúmenes referidos son distintos y en el área permisionada se aprovechan especies de alto valor económico que no se autorizaron.
Se encontró que son muy débiles las actividades de seguimiento y control que realiza CODECHOCÓ, lo cual está generando riesgos de afectación del recurso boscoso en el departamento del Chocó, por la explotación inadecuada que afecta la renovación del recurso forestal.
Adicionalmente se observó que, en la vigencia 2015, CODECHOCÓ autorizó y permitió la explotación de especies forestales que requieren de protección especial por encontrarse amenazadas, como las siguientes:
Chano (Sacoglotis procera) En Peligro Crítico (CR), de la cual se ha explotado y movilizado un volumen de 20.598 m3; Abarco (Cariniana pyriformis), En Peligro Crítico (CR), 16.231 m3; y Cativo (Prioria copaifera), En Peligro (EN), 15.691 m3.
Se califica a una especie En Peligro Crítico (CR) cuando enfrenta un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre, en el futuro inmediato; y En Peligro (EN) cuando no estando en peligro crítico, enfrenta de todas formas un alto riesgo de extinción o deterioro poblacional en estado silvestre, en un futuro cercano.
Según la Contraloría, esta situación se presenta por deficiencias por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible al otorgar cupo global para aprovechamiento forestal a CODECHOCÓ incluyendo especies amenazadas.
Hallazgos en otras Corporaciones
*Hallazgos fiscales por $2.154 millones en Corpocesar. De este valor, $1.813 millones corresponden a un presunto daño fiscal por haber aceptado la Corporación que un contratista (el Consorcio Mitigación Guatapurí Badillo), al que se le cedió un contrato de obra pública, aumentara los precios de excavaciones por encima de las condiciones de mercado, al presentar sustanciales errores en sus análisis de precios unitarios.
Otro hallazgo en esta Corporación tiene que ver con adquisición de un software destinado a la automatización de los archivos de gestión y central de la entidad, que no se ha podido utilizar porque el lenguaje en que está el programa se encuentra actualmente en desuso.
Hallazgo fiscal de $59 millones en Corpomojana en el contrato de obras No.085 de 2015, cuyo objeto era la remoción de sedimentos en un tramo del Caño Morón, en el municipio de Guaranda (Sucre). La CGR encontró un faltante de obras por este valor.
En el caso de Corpoguajira, la CGR observó que no se están cumpliendo los términos establecidos para conceder permisos de aprovechamiento forestal y concesión de aguas. La falta de celeridad en estos trámites, genera respuestas inoportunas a los usuarios y puede conllevar a la extemporaneidad de las acciones.
Las CAR se defienden
La Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible –Asocars manifestó su desacuerdo y preocupación por el manejo mediático de los resultados de la auditoría de la Contraloría General de la República, que en su concepto, afecta la institucionalidad de las entidades y genera en la opinión pública desinformación ante la gestión ambiental, deslegitimando su accionar como autoridad ambiental regional.
“Estos resultados los veíamos venir y por eso en varias oportunidades hemos solicitado reunirnos con el Contralor General y hoy nuevamente se lo estamos solicitando a fin de revisar el proceso auditor que en muchas ocasiones y por diferentes causas no atribuibles a las CAR, generan hallazgos cuyo manejo mediático causan grave daño a la institucionalidad ambiental y que por lo general en procesos posteriores son desvirtuados”, dijo Ramón Leal Leal, director ejecutivo de Asocars.
Estas causas corresponden a problemas estructurales del SINA, desconocimiento del régimen especial de las CAR o las diferencias de interpretación con los equipos auditores, sumados a que en algunas ocasiones los perfiles profesionales de los integrantes no son adecuados para realizar una correcta y objetiva evaluación.
Las CAR convocarán a un encuentro con los jefes de control interno para analizar el proceso auditor y presentar al mismo Contralor y al país el consolidado nacional de las condiciones estructurales que generan estos señalamientos, que en muchos casos son desacertados, y además buscar mecanismos para encontrar procesos de mejora continua.
Ejemplo de lo desacertado de algunos hallazgos es el señalamiento a la CAR de Cundinamarca “Por realizar la adecuación del cauce de un río en donde no se requería, la CAR incurrió en un presunto detrimento patrimonial de $1.681 millones”. Las Corporaciones hacen parte del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo, en el que se ha pasado de la atención al conocimiento y la reducción sobre el manejo de los desastres y esa obra, como lo explicó el director de la CAR, se hace como resultado de un estudio que identifica la necesidad de esa intervención bajo un enfoque de región, de la sub zona hidrográfica, que inclusive tiene el visto bueno del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Cundinamarca, para prevenir desastres.
“Hace cuatro años nos tildaron por supuestamente no actuar, hoy que se desarrollan estas acciones de prevención también nos señalan por estar actuando. Así mismo ocurre con señalamientos en materia forestal a Codechocó, y que como lo expresó el Director General, la Procuraduría General de la Nación lo ha puesto ejemplo de gestión forestal por el significativo avance que bajo su administración se ha logrado a pesar de la complejidad del tema en Chocó, zona en donde esta actividad está asociada a los consejos comunitarios de comunidades negras”, expresó Leal.
Contratación y compras
La ejecución de recursos de las CAR se ajusta a las políticas ambientales y normatividad aplicable, y parten de la buena intención de realizar su principal función misional de máximas autoridades en sus jurisdicciones. Actúan en contratación y compras cumpliendo además de la Ley 80, con el SECOP y demás iniciativas gubernamentales de transparencia. Adicionalmente al ser sujetos de control de la CGR y la PGN, las CAR tienen revisoría fiscal, control interno y establecen veedurías ciudadanas y auditorias visibles; y 24 de las 33 se han certificado en sistemas voluntarios de gestión de calidad.
Las CAR rinden cuentas ante un Consejo Directivo integrado por representantes del Presidente de la República, del Ministro, Gobernadores, Alcaldes y demás actores regionales. Y ajustan su planificación a las políticas ambientales del Plan Nacional de Desarrollo y cumplen con lo que planifica.
Sin desconocer la importancia del monto del total de los hallazgos ($10 mil millones) que menciona como posible daño fiscal la CGR, es necesario dimensionar que este monto corresponde a menos del 1% del total de recursos que manejaron en el 2015 (2,4 billones entre recursos propios y aportes de La Nación), proporción que se mantiene, así solo se mencionen 16 Corporaciones, lo que podría leerse como que la CGR por el posible daño fiscal de menos del 1% del total de los recursos que manejaron las CAR, pone en tela de juicio mediáticamente el 100% de los recursos con el que se contribuye al desarrollo sostenible y a mejorar la calidad de vida de las personas.
Las CAR acatan y respetan los pronunciamientos de la Contraloría y ponen a disposición de la misma y de las demás entidades competentes en las etapas subsiguientes al proceso auditor, los documentos e información relacionada con los hallazgos, señala el comunicado de Asocars.
No obstante, advierte que es necesario entender que los hallazgos señalan la presunción más no la existencia de una falta, y que para desvirtuarla ya sea fiscal, disciplinaria, penal o administrativa, una vez recibido el informe las corporaciones tienen la oportunidad de demostrar que han realizado un trabajo ajustado a la normatividad vigente. Las CAR están dispuestas a seguir mejorando y cada una podrá demostrar que muchos de los señalamientos fueron mal interpretados o ya se han venido subsanando mediante el Plan de Mejoramiento.
Finalmente, la Asociación considera preocupante que la CGR no destaque el mejoramiento que han tenido mediante los planes de mejoramiento que se dan como resultado de estos procesos auditores. “Consideramos que es muy importante el papel que puede cumplir la CGR al apoyar a la administración pública en la identificación de aquellas acciones u omisiones que interfieran con el accionar del Estado, procurando la mejora continua”, concluyó el director de Asocars.
