En la COP29, que se celebrará en Bakú (Azerbaiyán), a partir del próximo lunes 11 de noviembre, se debe concretar la llamada nueva meta colectiva global unificada (NCQG, por sus siglas en inglés) para financiar las medidas de adaptación y de reducción del cambio climático. ¿En qué consiste este nuevo reto? (Por Francisco Parra Galaz, Climate Tracker)
Si han seguido lo que ha pasado en anteriores COP, habrán escuchado que el financiamiento siempre está en el centro del debate. Y es que, en simple, los países en desarrollo del sur global, no responsables por la alta emisión de gases de efecto invernadero que causa el calentamiento global, son quienes más necesitan ayuda financiera para prepararse a un clima más caliente y sus múltiples consecuencias.
La llamada “nueva meta colectiva global cuantificada” o NCQG por sus siglas en inglés es esa disputa financiera que viene desde hace 3 años y que debe cerrarse en Bakú. El debate gira en torno a preguntas existenciales como: ¿de quién y para quién? ¿cuándo? ¿cuánto dinero? ¿para qué? ¿cómo se debe distribuir?
Entonces, no se trata solo del cuánto -que ya es un gran debate- sino también de todos los elementos cualitativos de la meta que son igual de importantes para el éxito del Acuerdo de París. Los países llegan con tres años de negociaciones resumidos en un borrador que contiene todas las opciones disponibles al momento. Tratemos de desglosarlos por parte:
Existen múltiples respuestas al aspecto “cuantifcable” de la meta, dependiendo de quién haga el cálculo y la metodología que utilice. Uno de los más reconocidos es el trabajo del Independent High-Level Expert Group, que cifró las necesidades en 2.4 billones de dólares al año entre 2020 y 2030. Vale la pena recordar el compromiso de los países desarrollados de proveer 100 mil millones de dólares anuales a partir de 2020, cumplida solo a partir de 2022 y con varias críticas al cálculo. De todos modos, los 100 mil millones son la base donde empieza la conversación.
Otra base de la discusión, a raíz de las negociaciones a lo largo del año, es que es necesario hablar de una meta de billones de dólares. Los países africanos ya pusieron una cifra sobre la mesa: entre 1 y 1.3 billones al año. Los latinoamericanos, a través de sus dos grupos regionales, AILAC (Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá y Perú) y SUR (Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Ecuador), quieren una cifra cerrada en billones entregada anualmente y submetas para adaptación y pérdidas y daños.
La Unión Europea reconoce que la meta debe ser en billones en “financiación internacional proporcionada y movilizada para el clima” (ojo que las negritas no son casualidad, aquí el cómo construyes la frase es la clave) y que “el objetivo colectivo solo se puede alcanzar si las Partes con altas emisiones de GEI y capacidades económicas se unan al esfuerzo”. Estados Unidos -antes de la elección de Trump- se manifestó solo reconociendo que se debía partir de 100 mil millones “desde una variedad de fuentes”.
Pongamos las cifras en contexto. Un estudio afirma que países ricos podrían recaudar 5 billones al año solo a partir de un impuesto a los “súper ricos”, redistribución de presupuestos militares y dejar de subsidiar combustibles fósiles. Según el Center for Global Development, un billón de dólares es alrededor del 1% de la renta mundial anual. Ante el Covid, se reunieron 17 billones de dólares y para la guerra en Ucrania 260 mil millones. La industria fósil, por su parte, ha tenido en promedio una ganancia de un billón de dólares al año en el último medio siglo.
El origen de los fondos
Este es el punto álgido para los países desarrollados, que no quieren hablar de cifras antes de acordar la ampliación de la base de donantes. Todo está en el detalle y la diferencia entre financiamiento “proporcionado” (entregado por un país a otro) versus el “movilizado”, que se refiere a inversiones, generalmente privadas. Por eso la posición de la UE habla de una meta de inversión en billones.
Un estudio reciente buscó dar respuesta a la pregunta de hacia dónde ampliar la base de donantes, comparando instrumentos internacionales, responsabilidades y capacidades de los países, disposición para entregar financiamiento climático, entre otros. Concluye que los candidatos naturales son países como República Checa, Polonia, Estonia, Eslovenia, Rusia, Corea del Sur, Arabia Saudita, Qatar y Emiratos Árabes Unidos. Aquí, de nuevo, la clave está en la metodología. Quien mira emisiones totales y crecimiento económico, por ejemplo, incluye en ese listado a potencias mundiales como China, Rusia, India y Brasil. Quien mira emisiones per cápita, por ejemplo, encuentra otros resultados.
Lo cierto es que China ya entrega financiamiento, aunque no categorizado como financiamiento climático en el marco de la Convención. Entre 2013 y 2022, entregó 45 mil millones de dólares a países en desarrollo, equivalente al 6,1% de todo el financiamiento climático entregado por países desarrollados en el mismo período.
Formato, temporalidad y para qué
Desde 2016, el 70% del financiamiento climático ha sido en formato de préstamos, principalmente desde Japón, Francia, Alemania y bancos multilaterales. Muchos son “no concesionales”, que implica que el país receptor debe pagar con intereses. Según el IIED, 58 países del mundo gastaron 59 mil millones de dólares en reembolsar deudas en 2022, en contraste a 28 mil millones que recibieron en financiamiento climático.
Por eso, la discusión es también sobre la calidad de los recursos e instrumentos financieros utilizados. En la misma línea -y a diferencia del compromiso de los 100 mil millones- se espera que la nueva meta permita un claro seguimiento, transparencia y revisión, basado en el Marco Reforzado de Transparencia creado en el marco de la Convención de Naciones Unidas para el Cambio Climático. Desde fines de este año, los países deberán entregar reportes bienales de transparencia, dando cuenta de sus progresos en las políticas climáticas. Dichos reportes, sin embargo, solo abarcan lo realizado por las Partes, por lo que la discusión de la transparencia en la nueva meta también está ligada al origen de los fondos.
La temporalidad también es debate. Si el NCQG debe ser por 5 o 10 años, una meta anual o una meta a cumplirse al terminar el período establecido. De nuevo, la clave está en el detalle.
Por último y no menos importante: ¿para qué? Existe cierto consenso en que el financiamiento de adaptación debe aumentar, pero los países en desarrollo también buscan que la nueva meta comprometa fondos para pérdidas y daños. Los desarrollados argumentan que ya se creó un fondo especial para eso. En fin, ¿qué pasará en la COP29?
