Bogotá, Agosto 8 de 2011.- La Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación confirmó la sanción -consistente en destitución e inhabilidad por 10 años- a la directora general de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos de Bogotá, Miriam Margoth Martínez Díaz, al encontrarla disciplinariamente responsable por irregularidades relacionadas con la adjudicación de la concesión para la administración, operación y mantenimiento integral del relleno sanitario “Doña Juana”.
El Ministerio Público encontró que durante la audiencia de adjudicación realizada los días 13 y 14 de septiembre de 2010, la señora Martínez Díaz adjudicó la concesión sin observar los procedimientos previstos en el pliego de condiciones.
Al resolver el recurso de apelación, la Procuraduría estableció que la directora de la UAESP incurrió en falta disciplinaria por cuanto en desarrollo de la audiencia de adjudicación no dio a conocer la evaluación y la asignación del puntaje de la oferta económica, ni dio traslado de la oferta al comité asesor evaluador para la respectiva verificación y evaluación.
Así mismo, la directora de la UAESP omitió manifestar y dejar constancia de los criterios por los cuales se hizo la calificación de la propuesta habilitada para otorgar el puntaje parcial y total de acuerdo con lo previsto en el pliego de condiciones de la licitación.
Igualmente, según boletín oficial, quedó demostrado que no se otorgó el uso de la palabra a los representantes de los oferentes en los términos previstos en el pliego de condiciones para que se pronunciaran sobre la evaluación de la oferta económica y poder controvertir la decisión del Comité.
De otra parte, se concluyó que la señora Martínez Díaz no dio a conocer a los oferentes con la debida antelación el borrador del acto administrativo de adjudicación del proceso de licitación y no dio lectura del borrador de dicho documento en la audiencia correspondiente.
Responde directora
En comunicado de prensa dado a conocer este martes 9 de agosto, la directora de la Uaesp, rechazó el pronunciamiento del Ministerio Público, al manifestar que se trata de una injusticia y que "no se falló en Derecho".
El siguiente es el texto de su pronunciamiento:
“ Me he notificado ante la Procuraduría General de la Nación de la decisión en segunda instancia que ratificó el fallo del procurador cuarto delegado ante el Consejo de Estado, Manuel Francisco Salazar, pese a que en numerosos documentos hemos demostrado que no se cometió ningún error durante la adjudicación del Relleno Sanitario Doña Juana .
“Considero que no se falló en derecho y se ha cometido una injusticia. La razón por la que se me está imponiendo esta drástica sanción es por no haberle supuestamente dado cinco minutos a uno de los proponentes al final de la audiencia para que hablara de temas a los que ya se habían referido. La realidad de la audiencia es que era materialmente imposible ante el nivel de tensión y además, la intervención del representante de una de las firmas era improcedente y en nada cambiaba la decisión dado que la oferta que representaba fue rechazada por problemas con su documentación. Como verán es un asunto de forma y de fondo que en nada alteraba la transparencia del proceso.
“Ante esta injusticia estoy tranquila por el deber cumplido con la ciudad. En dos años logramos pasar de un botadero a cielo abierto de basura como era Doña Juana a un verdadero relleno sanitario. Construimos los mejores pliegos de condiciones para la licitación de aseo que cambiará la prestación del servicio de aseo y convertirá a Bogotá en una ciudad limpia que modernizará la recolección de sus residuos. Se presentaron 14 ofertas, cifra jamás vista en la historia de las licitaciones de aseo de Bogotá. Certificamos a la entidad nacional e internacionalmente en calidad por el mejoramiento en la prestación de sus servicios. Hemos entablado las acciones legales para devolverle a la ciudad 2 mil millones de pesos por concepto de la liquidación del contrato con el anterior operador del relleno, proceso que vamos ganando sin duda.
“Tomamos la decisión política de no dejarnos permear por el chantaje o por los grandes intereses económicos que existen detrás de estos millonarios negocios y esta decisión sancionatoria es el resultado de no vendernos y no ceder.
“Ahora bien, si me preguntaran diría que volvería a hacer todo de la forma en que se ha hecho, no me arrepiento de nada, me siento contenta y satisfecha de la gestión y sé que con los años se aclararán las razones políticas y económicas de esta absurda decisión.
“He entablado tantas peleas por destrabar los procesos, hacerlos justos y transparentes que eso ha llevado a mi destitución, pero también a amenazas contra mi vida como lo denuncié en días pasados, a intentos de “hackear” la información de la entidad, a calumnias, en fin. Lo único que puedo decir es que detrás de estos millonarios contratos existen intereses muy poderosos y la mala creencia de que, porque alguna vez tuvieron la fortuna de ganar algunos de ellos, eso los perpetúa y les permite quedarse con los contratos a perpetuidad. Romper esa tendencia, abrir los procesos, permitir que muchos se presenten y que compitan en franca lid dejándoles rebaja de tarifas y grandes beneficios a los usuarios, molesta tremendamente a los “dueños de la ciudad” y éste es hoy el resultado.
“Sé que evidentemente no se falló en derecho. En meses anteriores denuncié, ante la Fiscalía por prevaricato, al procurador delegado Manuel Francisco Salazar. Y hace algunos días el Procurador General dijo que la corrupción había permeado a ese ente de control. Creo que mi caso es uno de esos donde primaron los intereses y las órdenes superiores sobre la razón y la justicia, sobre la moral y sobre el derecho.
