BOGOTÁ, 10 de junio de 2016. Las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible (CAR) han ejecutado sus acciones de forma clara y participativa en cumplimiento de la Ley, Aseguró el director de Asocars, Ramón Leal, en relación con los hallazgos de la Contraloría General de la República, en las auditorías realizadas en el segundo semestre de 2015, sobre la vigencia 2014.
Como se recuerda, la Contraloría encontró temas relevantes comunes en los resultados de estas auditorías, como el hecho de que persistan debilidades en los procesos de liquidación, facturación y cobro de las licencias ambientales.
Por ejemplo, en la Corporación Autónoma de la Frontera Nororiental –Corponor, se detectó que en varios expedientes se realizó la liquidación y cobro de las visitas ambientales con tarifas ya derogadas.
Mientras tanto, en la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique –Cardique, se evidenció que se realizaron visitas de seguimiento sin que previamente se haya realizado la facturación, la que se realizó a posteriori, como consecuencia hay expedientes (vigencias 2013 y 2014) donde se ha realizado el cobro sin resultados y otros inclusive siguen sin facturar.
Se advierten también debilidades en la gestión de tasación y cobro de multas por parte de varias Corporaciones (Corpornor, CAM, Corantioquia, CRQ y CSB), donde en algunos casos no realizan cobro persuasivo, en otras no realizan el cobro coactivo y en ocasiones no se remite el expediente con la respectiva sanción para ser gestionado, por todo lo cual existen saldos sin cobrar.
Las debilidades detectadas en estos informes de auditoría se extienden a las labores de seguimiento y monitoreo de las licencias ambientales, para el caso de aguas y permiso de vertimientos. Esta falla se detectó en Corponor, Carder (vertimientos), Cardique, Corantioquia (general y vertimientos), Corpocaldas, Corpoorinoquia, CRC (general y vertimientos), CRQ y CSB.
La defensa de las CAR
“El hecho de que sea un hallazgo no es constitutivo de una falta. Las CAR como entidades públicas integrantes del Estado, una a una tendrán la oportunidad, en el marco del proceso de la auditoria, de rendir los descargos pertinentes frente a cada hallazgo para desvirtuar los señalamientos, y demostrar que actúan de manera eficiente, clara y participativa”, dijo Ramón Leal Leal, director ejecutivo de la Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible -Asocars.
Al afirmar que “las CAR no cumplen con eficiencia labores de control ambiental”, se debe aclarar que lo misional no se puede confundir con la gestión administrativa, de la que trata en general los hallazgos advertidos, y con lo que se está desconociendo la gestión eficiente que desarrollan las CAR en las regiones que en múltiples ocasiones se ha divulgado, siendo el escenario más reciente, la Feria Internacional de Medio Ambiente FIMA 2016, donde las 33 CAR presentaron sus logros relevantes.
En cuanto a los diferentes hallazgos evidenciados en los procesos auditores no se pueden tomar como definitivos con la publicación del informe, puesto que sólo ha culminado una primera fase. En el evento en que la CGR a través de otras dependencias, requiera ampliar la información sobre los hallazgos evidenciados, cada CAR procederá a presentar los argumentos y demás pruebas pertinentes que le permitan aclarar lo sucedido en el proceso de responsabilidad fiscal, y como una opción final, acudir a la jurisdicción contencioso administrativa. Entonces, estos son procesos que sigue su curso, y en los que se cuenta con las oportunidades legales para presentar las aclaraciones y sustentaciones pertinentes. En caso de que se requiera dar traslado a los otros órganos de control, cada entidad adelantará los procesos según su competencia.
Adicionalmente, como resultado de la primera fase, todas las instituciones del Estado deben proponer un Plan de mejoramiento que permita tomar los correctivos para subsanar las debilidades administrativas, ya que el principal papel de la CGR es apoyar a la administración pública en la identificación de aquellas acciones u omisiones que interfieran con el accionar del Estado, procurando la mejora continua; y que seguramente para estos casos, por tratarse de hallazgos sobre la vigencia 2014, ya se han venido subsanando.
