Bogotá, Abril 12 de 2012 (Unimedios).- Tras la aprobación del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, por parte del Senado y la Cámara de Representantes, se abre nuevamente la polémica sobre las complicaciones para hacer investigación en el país.
Este convenio pretende proporcionar y fomentar la protección de las variedades vegetales para dar lugar a un progreso sostenido en la agricultura, la horticultura y la silvicultura y para garantizar, al mismo tiempo, la protección de los derechos y logros de quienes obtienen las diferentes variedades de vegetales.
Sin embargo, en un país con una biodiversidad tan alta, la regulación en investigación, especialmente en este campo, dificulta una explotación científica adecuada. En Colombia existen 27.800 especies de plantas reconocidas, de las cuales 1.500 son endémicas. Pero, para cualquier investigación que se quiera hacer, es necesario someterse a la compleja normativa actual.
Según la Vicerrectoría de Investigación de la UN, en el periodo comprendido entre 1995 y 2011, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) otorgó solamente 46 contratos de acceso a recurso genético en el país, y si alguno de estos proyectos necesita patentar una variedad vegetal, esta estaría cubierta por el convenio.
“Para hacer investigación sobre recursos biológicos en el país, según la normativa ambiental vigente, se requiere un permiso de investigación y un contrato de acceso a los recursos genéticos. Estos trámites suelen tardar mucho y pueden ocasionar altos gastos económicos”, asegura Gonzalo Andrade, profesor asociado a la Vicerrectoría de Investigación de la UN.
Asimismo, una decisión con consecuencias tan fuertes para la investigación requiere de un análisis más profundo, pues, como sugiere el profesor Andrade, la investigación que se hace en el país no debe limitarse, para así poder descubrir nuevas variedades vegetales y compartir sus resultados.
Riesgos para la investigación en Colombia
En los grupos clasificados por Colciencias existen 565 proyectos de investigación en recursos biológicos que necesitan tener un contrato de acceso a recursos genéticos. Pero el MADS solo ha otorgado 46, lo que demuestra una clara falta de apoyo a la investigación en el país.
“En el país sí se hace investigación, la UN tiene 1.200 profesores investigadores y 2.400 proyectos de investigación en sus ocho sedes que trabajan temas relacionados con ambiente y biodiversidad. Lo importante es obtener los permisos y contratos de acceso para seguir descubriendo nuevas variedades vegetales”, puntualiza.
Por otra parte, es claro que sumar una nueva complicación al trabajo de investigación podría provocar la biopiratería, patentes extranjeras de especies endémicas del país cuyo uso obligaría a pagar derechos de explotación a investigadores nacionales.
Según datos de la Vicerrectoría de Investigación de la UN, el 95% de la investigación que se está desarrollando en el país en recursos biológicos es ilegal a la luz de la normativa vigente.
Igualmente, con la ratificación del convenio por parte del Estado colombiano, los investigadores colombianos tendrían mayores complicaciones para llevar a cabo sus trabajos y para patentar sus descubrimientos: “Para temas relacionados con el TLC, el Gobierno colombiano tenía que analizar primero cómo solucionar el tema de obtención de permisos de investigación y contratos de acceso a recurso genético, y después preguntarse cómo proteger los resultados de las investigaciones que se están haciendo”, afirma Andrade.
Finalmente, la reglamentación que, hasta el momento, se ha aplicado en investigación ha beneficiado de cierta manera al investigador, a pesar de la lentitud en los trámites, pues se han reconocido sus patentes, pero una nueva limitante podría relegar el trabajo investigativo aún más en el país, como asegura la Doctora en Ciencias Químicas de la UN, Luz Marina Melgarejo.
