n 2017, la instalación de la planta de bebidas azucaradas Peñafiel en el municipio Tecámac –a 40 kilómetros de Ciudad de México– puso en evidencia que las instituciones no siempre cumplen sus propias reglas. La Comisión Nacional del Agua (Conagua) autorizó a esa industria para extraer hasta 777.600 metros cúbicos al año, en una zona en la que desde hace siete décadas está prohibido otorgar nuevas concesiones. Se trata del acuífero Cuautitlán-Pachuca, que registra un déficit de 219 millones de metros cúbicos anuales.
No se trata de un caso aislado. Las industrias de comestibles ultraprocesados, bebidas azucaradas y agua embotellada pueden extraer al año 168,01 millones de metros cúbicos de aguas subterráneas y superficiales. La data obtenida por CONNECTAS para esta investigación revela que el 61% proviene de áreas en las que el gobierno, por medio de la Conagua, ha restringido la explotación casi completamente. En los 581 pozos situados en esas regiones, empresas como Coca-Cola, Danone, Nestlé y Pepsico extraen 103 millones de metros cúbicos al año.
México sufre un alto estrés hídrico. De acuerdo con el Sistema Nacional de Información del Agua en su reporte de 2023, el país tiene 653 acuíferos, pero solamente 378 contienen agua de buena calidad o no son sobreexplotados. Expertos señalan que se siguen otorgando permisos en zonas de veda porque las legislaciones fueron diseñadas para beneficiar los derechos económicos de las empresas y no a las personas. Elena Burns Stuck, subdirectora de la Conagua entre 2020 y 2022, señala que la complejidad jurídica y la falta de recursos se conjugan para impedir ejecutar las restricciones a la explotación de agua en esas zonas sobreexplotadas o con baja disponibilidad.
En efecto, según el procedimiento previsto en la Ley de Aguas Nacionales, Conagua debe resolver en 60 días si otorga o niega una concesión, pero no tiene la capacidad para cumplir ese plazo, así que los tribunales terminan autorizando los permisos. Por eso, relata Burns Stuck, mientras en el Valle de Oaxaca la veda impedía a los pueblos indígenas extraer agua, se concedieron más de 3.000 permisos de explotación en esa zona.
Ricardo Ovando, integrante de la Coordinadora Nacional Agua para Todos, cree que la Ley de Aguas Nacionales permite a las grandes empresas “extraer caudales de agua que puedan ser mucho mayores a las cantidades que un acuífero puede estar recargando”. Pero, además, sentencia que “Conagua es una institución fallida”, porque no cumple sus obligaciones.
Desde hace años, académicos y activistas acusan a la Conagua por no hacer las inspecciones necesarias para verificar que los dueños de las concesiones no extraigan más agua de la cuenta o viertan más de los límites permitidos. Según consta en la página de la comisión, actualmente hay 189 inspectores autorizados en todo México para supervisar más de 568.000 concesiones. Es decir, cada inspector autorizado debería monitorear 3.005 concesiones.
La ex subdirectora de Conagua agrega que esos 189 “no son inspectores de tiempo completo. Son personal de la Conagua que está acreditado para poder realizar inspecciones. Es gente que puede estar haciendo mil otras cosas”. La Auditoría Superior de la Federación (ASF)– el órgano máximo de fiscalización del gobierno federal– encontró que en 2019 Conagua no cumplió sus metas de inspección porque se comprometió a supervisar 4.000 concesiones, pero solamente lo hizo en 2.696.
La única auditoría hecha a Conagua indicó que “no se realizó una programación acorde con las verificaciones necesarias de acuerdo con el total de usuarios, aquellos que explotan un mayor volumen de agua”. La comisión reportó que en ese periodo impuso 982 sanciones administrativas derivadas de las inspecciones realizadas a los usuarios. Pero para el segundo semestre de ese año redujo su meta de sanciones porque no tenía personal en las áreas de inspección y por los recortes presupuestales.
Por eso Ovando cree que “es urgente aprobar una (nueva) Ley General de Aguas. Nosotros tenemos una iniciativa en el Senado que está en la congeladora, y no avanza porque no hay voluntad política”. Esta propuesta de ley busca evitar la sobreexplotación y que se garantice el derecho humano al agua.
En agosto de 2022, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador declaró su intención de priorizar el uso del recurso a los pequeños usuarios: “Al que utiliza el agua para alimentarse, para desarrollarse, el agua vinculada al consumo básico de los seres humanos, un derecho humano. Entonces, eso lo vamos a garantizar y es cosa de que revisemos cómo”. Sin embargo, en marzo de 2023 declaró que para hacerlo no era necesario modificar la ley. “Con la misma ley de aguas y con decretos, que son legales, podemos resolver sobre dónde sí se puede permitir la instalación de empresas que consuman agua y en dónde no, y cómo darle prioridad al consumo de agua o al abasto de agua para uso doméstico”, dijo.
Los mexicanos son los cuartos mayores consumidores de productos ultraprocesados del mundo, por lo que las productoras requieren una cantidad importante de agua. De acuerdo con el informe “Alimentos y bebidas ultraprocesados en América Latina: tendencias, efecto sobre la obesidad e implicaciones para las políticas públicas”, en México cada persona consume al año en promedio 214 kilogramos de alimentos ultraprocesados y 162 litros de refrescos. Pero estos productos no sólo van al mercado interno: en las últimas dos décadas, el país ha exportado el equivalente a 8,8 millones de dólares sólo en refrescos y aguas, de acuerdo con el Banco de México. Si bien los fabricantes continuamente aplican planes para usar menos agua, la presión de la demanda es enorme.
Además, ningún país del mundo consume más agua embotellada. Se trata de 286 litros anuales en promedio por cabeza, frente a una media global de 53 litros. Académicos de la Universidad Autónoma Metropolitana explican que esto se debe a la desconfianza de las personas por la calidad del agua que llega a sus casas. “El entorno institucional mexicano ha facilitado el desarrollo en el mercado de agua embotellada a empresas transnacionales y purificadoras (pequeños expendios de agua) a lo largo de tres décadas”. Esos especialistas sostienen que, en promedio, los habitantes de Ciudad de México pagan al mes 13 dólares por el suministro a sus casas, y gastan 31,5 dólares adicionales en agua embotellada.
De 2011 a 2022 –último año reportado– las autoridades elaboraron 161 informes de empresas de ultraprocesados por exceder el vertido permitido de contaminantes al agua, suelo y alcantarillado, entre otros. Los documentos de la Secretaría del Medio Ambiente indican que el exceso de níquel, plomo y cromo y otros metales “son resultado de los procesos de producción de los establecimientos industriales y pueden estar ocasionando un impacto significativo sobre la salud humana y la de los ecosistemas”.
Coca-Cola, Nestlé, Pilgrims Pride, PepsiCo y Big Cola acumulan los mayores reportes por emitir contaminantes. Según el análisis de la información, han ido creciendo, pues pasaron de 10 en 2018, a 77 en 2022.
Coca-Cola México afirma que “el 100% del agua que descargamos de nuestras operaciones de manufactura pasa por un tratamiento”. Sin embargo, según los informes reportados por la Secretaría del Medio Ambiente, esos vertimientos superan los límites permitidos de plomo, níquel, cromo, cadmio, entre otros. Solicitamos oportunamente a la empresa su versión al respecto, pero al momento de esta publicación no habíamos recibido respuesta.
Nestlé, por su parte, asegura que todas sus plantas cumplen los estándares ambientales y la legislación, por lo que tratan el agua antes de descargarla. Sin embargo, de 2017 a 2022, esa empresa ha tenido 21 reportes por verter en el agua arsénico, mercurio y plomo, entre otros contaminantes.
Así mismo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos menciona a esa compañía en una recomendación de 2022 sobre violaciones a los derechos a un medio ambiente sano, al agua y saneamiento, a la salud y al principio del interés superior de la niñez. Se refiere a la contaminación en el río Santiago, en el estado de Jalisco, donde los visitadores observaron el agua a los alrededores de Nestlé como contaminada o fuertemente contaminada. Le pedimos a la compañía su versión sobre estos hechos, pero al cierre no había respondido.
Por otro lado, Kellogg´s ha calificado a su planta de Toluca, Estado de México, como “preocupante” porque la calidad del agua pondría en riesgo sus operaciones, lo que representaría un costo de US$ 2 millones de dólares. Esa fábrica de cereales tiene permitido desechar anualmente 80 mil metros cúbicos de agua que termina en el subsuelo.
La empresa explica que están reduciendo el uso de agua “centrándose en los esfuerzos de participación de los empleados para aumentar el uso de métodos de limpieza en seco”. Y que está “buscando oportunidades de costo cero a través del cambio de comportamiento y el aumento de la participación y la conciencia” y para lograrlo, esperan gastar menos de US$ 500 mil.
En 2014, la planta de Kellogg's en Nuevo León recibió siete reportes de la Secretaría de Medio Ambiente por verter al suelo en exceso arsénico, cadmio, cromo, mercurio, níquel, plomo y cianuro.
El órgano fiscalizador mexicano revela que la Conagua “no tiene identificados a quienes vierten aguas residuales o cualquier otro desecho sobre los cuerpos hídricos”, y, por lo tanto, “no ha sido posible determinar el efecto que tienen las cargas contaminantes que se arrojan en la clandestinidad”. Esto pese a que la comisión creó el Sistema de Registro de Análisis de Laboratorio, para vigilar las cargas contaminantes vertidas en el agua, porque “aún no ha consolidado los mecanismos que permitan identificar a quienes contaminaron los recursos hídricos y de estos cuántos realizaron el pago y restauraron la calidad del agua”.
Pero además de los vertimientos, la extracción intensiva de agua también contamina con elementos como el arsénico y el flúor. Paulina Farías Serra, investigadora en ciencias médicas del Centro de Investigación en Salud Poblacional, explica que estos elementos se encuentran en aguas fósiles, es decir, aquellas que tienen miles de años en contacto con la corteza terrestre y que se extraen porque “se va secando el acuífero y entre más agua se va necesitando, llegamos a profundidades mayores y entramos en contacto con estas aguas muy contaminadas”.
Farías Serra indicó que las personas que se encuentran en zonas con agua contaminada con flúor o arsénico optan por consumir agua embotellada o refrescos, pues los consideran menos dañinos. Sin embargo, el Instituto Mexicano del Seguro Social revela en una investigación que la prevalencia de fluorosis dental en el estado de Guanajuato, se debe, entre otras causas, al “alto consumo de bebidas embotelladas en la región, debido a que las compañías refresqueras que surten principalmente a esta región no tienen control de calidad en los niveles de flúor del agua utilizada para la elaboración de sus productos”.
México enfrenta un escenario complicado. Si bien López Obrador declaró en su momento su interés por mejorar el acceso al agua de las poblaciones y acabar con las extracciones intensivas de los grandes consumidores, en la práctica no hubo resultados. Para Ovando, es improbable que la situación cambie durante la presidencia de Claudia Sheinbaum. Aunque la presidenta convocó en noviembre de 2024 a la firma del Acuerdo Nacional por el Derecho al Agua y la Sustentabilidad para preservar el recurso, se prevé una disminución del 43% del presupuesto para Conagua.
“Si tenemos un marco jurídico institucional del agua laxo, permisivo, tolerante a la corrupción, a la contaminación, a acaparamiento, con todas esas cadenas productivas, se van a volver infiernos ambientales”, dice el activista.
