ada mañana, una comunidad en Brumadinho, Minas Gerais, Brasil, recibe camiones cisterna para abastecer sus depósitos de agua y paliar la escasez que la afecta desde hace años. Coca-Cola, que desde 2015 tiene una fábrica en la vecina Itabirito, a 40 kilómetros de distancia, lleva así el agua que los habitantes necesitan para sus actividades diarias.
A simple vista, esa parece una acción de responsabilidad social de la embotelladora, pero, en realidad, la propia empresa causa la sed de los brumadinhenses. En lugar de obtener el permiso a través del Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático, Coca-Cola acudió al Servicio Autónomo de Agua y Alcantarillado (SAAE por sus siglas en portugués) que le autorizó una concesión de agua para uso humano, en lugar del permiso industrial que le correspondía. Así pudo instalar sus operaciones en Itabirito, desde donde extrae 375.000 litros de agua por hora y produce 2,1 billones de litros de gaseosas al año. Mientras tanto, las poblaciones vecinas deben arreglárselas con el agua que les envía Coca-Cola en camiones cisterna.
En otro punto del subcontinente, una comunidad del departamento de Antioquia, en Colombia, no tiene agua en las noches por la falta de lluvias debido al fenómeno de El Niño. Pero el racionamiento no parece afectar a las empresas de ultraprocesados que operan allí. En La Ceja, esa población de 74.000 habitantes, opera Zenú, la fabricante de embutidos. La empresa, parte del gigante Grupo Nutresa, tiene permitido extraer hasta 2,25 millones de metros cúbicos al año, y por ellos, además, paga una tarifa irrisoria de US$ 0,006 por metro cúbico.
Y ese es el panorama a baja escala, porque en una megaciudad como Ciudad de México, donde viven 9,2 millones de personas, 550 barrios se quedan sin agua al menos un día a la semana. A comienzos de año, la escasez de lluvias llevó a pensar en que la ciudad llegaría al ‘día cero’ en que se quedaría sin el recurso vital. Pero nunca cerraron –ni cierran– el grifo las 34 fábricas de alimentos ultraprocesados que extraen por año 9,13 millones de metros cúbicos del acuífero de la ciudad —el mismo que abastece a más de dos terceras partes de los capitalinos—. Y eso es solo en la capital. En todo el país, 582 fábricas de ultraprocesados sacan agua de acuíferos deficitarios donde está prohibido entregar nuevas concesiones.
América Latina tiene una de las mayores reservas de agua dulce del mundo, pero aún así sufre altos niveles de estrés hídrico porque su demanda supera la cantidad disponible. En el subcontinente, México, Argentina, Brasil, Chile y Perú presentan las situaciones más preocupantes.
Ante este escenario, las empresas de ultraprocesados desempeñan un papel poco documentado en el mercado latinoamericano del agua. Por eso, para esta investigación trasnacional, CONNECTAS logró identificar la ubicación exacta de 1.142 concesiones otorgadas a estas industrias en Argentina, Brasil, Colombia y México. En esos lugares tienen permiso para extraer al año más de 258,4 millones de metros cúbicos de agua, con la que fabrican productos ultraprocesados como galletas, snacks, gaseosas, jugos y bebidas azucaradas, yogures endulzados, helados y salsas.
Esta cifra puede ser mucho mayor, si se tiene en cuenta que, por ejemplo, en Colombia solo obtuvimos la información de 22 de 33 autoridades ambientales. En Argentina, hasta el cierre de esta historia, solo Mendoza había respondido a las solicitudes de información pública sobre las concesiones de agua para esas industrias.
En todo caso estas concesiones, como en Itabirito, muchas veces producen, en las zonas donde operan, impactos sociales y ambientales que no se compadecen con lo poco que pagan las empresas por el recurso. En promedio, en México pagan un estimado de US$ 0,99 por cada metro cúbico de agua, de acuerdo con las concesiones que obtuvo esta investigación. En Colombia esa cifra baja a sólo US$ 0,01 en promedio. Mientras que en Brasil casi un tercio de las concesiones de ultraprocesados son gratuitas. En total, lo que pagan las industrias por el agua no representa ni el 1% de sus ingresos operacionales.
Mientras que las multinacionales de ultraprocesados consolidan sus negocios, las autoridades carecen de herramientas y capacidad para controlar sus operaciones o para exigirles compensar apropiadamente a las comunidades afectadas.
“Se trata de recaudar fondos por un uso significativo de un bien público que es el agua. Toda persona tiene derecho a acceder al agua. Si se utiliza agua en niveles importantes, se debe compensar, pero esta compensación es insignificante por el momento”, dice Gabriela Canindé, experta brasileña en gestión ambiental y gobernanza de agua.
Los latinoamericanos consumimos mucha comida ultraprocesada. Según un informe de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el 19% de la comercialización mundial de este tipo de productos ocurre en el subcontinente. No es de extrañar que las autoridades vengan observando un incremento paulatino de la obesidad y las enfermedades asociadas con dietas poco saludables.
Mientras esto ocurre, las empresas más grandes que operan en América Latina generan ventas de unos US$ 29.215 millones al año. De estas, fabricantes de gaseosas y bebidas azucaradas son las grandes protagonistas.
Y, como no puede operar sin grandes cantidades de agua, ese sector se ha convertido en un actor importante en el tema. Esta investigación revela que las industrias de ultraprocesados han logrado en algunos casos influir en las políticas públicas para regular el mercado, e incluso sobre las tarifas.
En Brasil, por ejemplo, los comités de cuencas que operan en las regiones –creados para, entre otras cosas, ponerle precio al agua–, han recibido influencias de empresas que han frenado las tarifas. Esta investigación revela el lobby ejercido por industrias de ultraprocesados, como Pepsico y Coca-Cola, que pagan poco por el agua. Entre tanto, la débil incidencia del Estado ha permitido que otras, como Kellanova (antes Kellogg 's), operen en áreas del país donde el agua es gratis.
En otras partes, como en Colombia, no existen evidencias de que la industria de ultraprocesados haya presionado los mecanismos de retribución. Pero paga tan poco por el agua, que el dinero recaudado no alcanza para recuperar las cuencas.
Y mientras las fábricas de ultraprocesados mantienen sus operaciones, las comunidades ven restringido su acceso al agua, lo que ha provocado conflictos en algunas zonas de Brasil y Colombia. Por otra parte, el cambio climático aumenta las temperaturas y éstas provocan mayores riesgos de sequía, lo que ha afectado el abastecimiento en ciudades que no habían sufrido racionamientos en el pasado. Bogotá, por ejemplo, este año comenzó a restringir el suministro por sectores.
Pero la escasez no es el único problema al que, en cierta medida, contribuyen estas industrias. Esta investigación encontró que en Brasil y México las empresas de ultraprocesados vertieron al menos 45,3 millones de metros cúbicos de descargas contaminantes en 394 puntos de operaciones. En México se han detectado, en las aguas superficiales, metales pesados como níquel, plomo, cromo y arsénico, sin que se hayan visto las sanciones a las empresas involucradas.
“Estamos en el siglo XXI sin aprovechar las tecnologías, pudiendo tener acceso a imágenes satelitales de alta resolución. Muchos pozos clandestinos, muchas descargas clandestinas podrían verse en remoto sin esperar que alguien reporte (...) Si hubiera voluntad, se podría. Ojalá se puedan empezar a enfrentar estos retos porque estamos en una crisis”, señala Elena Burns Stuck, ex subdirectora general de la Comisión Nacional de Aguas de México.
En el fondo, tanto la ausencia de castigo a las empresas que hacen estos vertimientos, como las tarifas irrisorias para las que extraen agua en forma intensiva, revelan una gran verdad: los gobiernos de las economías más grandes de América Latina presentan una gran debilidad institucional a la hora de controlar el uso de un bien público vital, como el agua.
