El reciente anuncio de inversión de mil millones de dólares para fortalecer el proyecto Soto Norte para la extracción de oro en la región, reabrió el debate nacional entre ambientalistas, entidades gubernamentales, mineros y comunidades de Santander y Norte de Santander sobre la conveniencia o no de adelantar actividades mineras a gran escala.

 

BOGOTÁ.- Si bien el proyecto de extracción de oro propuesto por la multinacional Minesa -en la que Emiratos Árabes es el principal accionista- se proyecta por debajo de la línea del páramo de Santurbán, es necesario verificar que no incurrirá en el uso inadecuado del agua y que realice una correcta disposición de residuos, entre otros aspectos.

En tal sentido se pronunció el biólogo Orlando Rangel, profesor del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia (U.N.), al ser consultado por la Agencia de Noticias de esa institución, sobre el fallo de delimitación del páramo que derogó la Corte Constitucional, al considerar que la población no tuvo una participación real en el proceso.

Según el investigador, aunque la zona que sería explotada por la firma está por fuera de la región delimitada como páramo, es necesario revisar cuidadosamente la solicitud de licencia presentada a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), para analizar cuáles medidas se proponen para la adecuaada explotación de los recursos.

Saber de dónde se obtendrá el agua para las labores de minería sin afectar la disponibilidad de este recurso en las fuentes de las cuales se abastece el Acueducto de Bucaramanga, es un punto prioritario, advirtió el profesor Rangel.

También debe quedar claro cómo se hara la disposición de residuos sólidos resultantes de pérdidas del proceso, cómo afectarían a los sitios conservados las vías de penetración que necesitan para el transporte de herramientas y personas, y aunque el proyecto plantea que se harán excavaciones subterráneas se debe tener claro cómo será el manejo de la contaminación del aire.

“Todo esto debe consultarse con especialistas para revisar los estudios realizados y los planes de contingencia planteados por la multinacional. En la U.N. tenemos expertos que conocen el páramo y podrían analizar la viabilidad del proyecto”, agregó.

De esta forma, en caso de que no se ofrezcan alternativas viables, los organismos oficiales podrán tener argumentos para contrarrestar cualquier efecto pernicioso que pueda sufrir este ecosistema.

Vale aclarar, que el fallo emitido por la Corte Constitucional establece que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible tiene un año para delimitar el páramo incluyendo la participación ciudadana para asegurar la legitimidad de la zonificación, ya que ñas reacciones de alarma frente a las actividades de minería son consecuencia de no tener en cuenta la percepción de los habitantes frente al asunto.

Es decir –enfatiza el profesor Rangel- la Corte no está despreciando la delimitación, sino que se da un plazo para mejorar este proceso. “Lo ideal es que durante este tiempo también se hagan ajustes en el estudio que aún no están bien argumentados, especialmente la parte cartográfica que permita tener un conocimiento real del terreno”, comentó.

Impacto negativo

Por su parte, el también investigador de la Universidad Nacional, Gonzalo Andrade, aseguró que “no hay ninguna minería, legal o ilegal, que no genere un impacto negativo en el ecosistema”. Pese a que también reconoce  que este proyecto está ubicado por fuera de la zona delimitada en 2014, afirma que en ninguno de los páramos de Colombia se debería permitir actividad minera o de hidrocarburos porque su principal función es la producción y conservación de los acuíferos y de la fauna y la flora que los conforman.

Según la Resolución 2090, el Páramo de Santurbán tiene una extensión de 98.994 hectáreas; hace parte de los territorios de 20 municipios de norte de Santander y ocho de Santander. Los dos municipios de Santander con mayor porcentaje de su superficie son Vetas (75.9%) y Tona (56.7%) y en Norte de Santander son Mutiscua (66.7%) y Silos (64.6%).

“Lo que se esperaría de un Gobierno que dirige uno de los países más ricos en biodiversidad del planeta, que es líder en la conservación de la diversidad y que está promoviendo la creación de nuevas áreas protegidas, es que diga que en el 100 % del área de cada uno de los páramos de Colombia no se puede hacer actividades de aprovechamiento minero, de hidrocarburos y agropecuario”, enfatizó el académico.