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La Contraloría General encontró que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) no le hace seguimiento a  las licencias ambientales que ha otorgado a grandes obras de infraestructura en Colombia, tales como la Ruta del Sol, la ampliación de la segunda pista del aeropuerto El Dorado y la PTAR Salitre, entre otras.

 

BOGOTÁ.- Entre los hallazgos de una auditoría practicada por la Contraloría General de la República a la ANLA, el caso más grave se evidencia con la Licencia Ambiental otorgada al consorcio que está construyendo la Ruta del Sol II y del cual hizo parte la firma Odebrecht, en la cual se evidenciaron 442 hallazgos por incumplimiento en un solo año, en tres tramos distintos, todos repetitivos y no  se evidenciaron procesos sancionatorios iniciados por esta autoridad ambiental, por los cuantiosos incumplimientos a la licencia ambiental, mucho menos multas por el daño ambiental generado por el consorcio.

Pese a que la ANLA identifica incumplimientos a lo establecido en la licencia ambiental otorgada para la Ruta del Sol II, la entidad no realiza la gestión  para sancionar dichas  situaciones, “ya sea porque no sanciona o, si sanciona, la sanción resulta muy débil o la impone muy tarde en el tiempo, dando como resultado que el beneficiario de la licencia incumpla en forma reiterada la Licencia, con el consecuente deterioro ambiental”, explica el informe de la Contraloría.

Prueba de lo anterior lo constituye el hecho que para el Tramo 1, que cuenta con licencia ambiental desde el año 2011, en el año 2016 la ANLA encontró 85 requerimientos inmediatos, cuando después de seis años no debía encontrar ninguno, pues el beneficiario ya tenía experiencia en el manejo de su Licencia Ambiental. “Por tanto 442 incumplimientos solo el año 2016, resultan inadmisibles en un proyecto licenciado que lleva más de seis años trabajando bajo una Licencia Ambiental”.

En su informe de auditoría, el ente de control expresa que en  la ampliación de la segunda pista del aeropuerto El Dorado, se evidenció que el beneficiario de la licencia (Aerocivil – OPAIN) - ha incumplido en forma reiterativa la licencia ambiental otorgada (1995), ha afectado al medio ambiente y, sin embargo, no ha recibido de parte de ANLA las sanciones consecuentes y, de haberlas recibido, las multas que le ha impuesto han resultado muy bajas y por tanto resulta más barato incumplir la licencia ambiental, en detrimento del medio ambiente, que cumplirla.

Por otra parte, la Empresa de Acueducto de Bogotá, desde el segundo semestre del año 2014 y hasta la fecha del informe de auditoría, no ha presentado los informes de medición de olores ofensivos, de acuerdo con la Resolución del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS 1541 de 2013, con lo que se debe demostrar que las actividades realizadas en esta PTAR no superan los niveles máximos permisibles de inmisión de los gases que producen estos olores, entre los que se encuentra el ácido sulfhídrico, gas toxico (y letal, en determinadas concentraciones), a pesar que ANLA le ha hecho cinco requerimientos semestrales, desde entonces.

Al igual que en los casos anteriores, la  ANLA no ha sancionado al beneficiario de la licencia ni ha impuesto multas por este incumplimiento, a pesar que las comunidades alrededor de la PTAR Salitre  se quejan constantemente por los olores que allí se producen.

Por lo anterior, teniendo en cuenta que, según las cifras reportadas a diciembre de 2016, la ANLA tenía a su cargo realizar el seguimiento a 133 planes de manejo ambiental y 1.182 licencias ambientales (de las cuales 467 se refieren a proyectos de hidrocarburos, 201 de infraestructura, 39 de generación de energía, 17 de minería, 23 de otros sectores y 435 de plaguicidas), las debilidades evidenciadas por la Contraloría indican un claro riesgo de deterioro ambiental asociado al incumplimiento reiterado de las medidas de manejo por parte de los ejecutores de los proyectos, obras o actividades, así como a la baja efectividad del proceso de seguimiento que realiza la ANLA a las licencias ambientales otorgadas.

La CGR, estableció que la ANLA viene participando en el desarrollo del proyecto “Plan de Restauración y Recuperación de los Ecosistemas Degradados del Canal Del Dique”, proyecto que cuenta con 17 programas y 55 proyectos de manejo ambiental, sin que se adelante un proceso de licenciamiento previo que establezca  su intervención como autoridad ambiental en el tema de licenciamiento, lo que puede representar riesgos en su ejecución y el control de sus impactos del mencionado proyecto al definir situaciones de actor – ejecutor- y autoridad dentro del mismo proceso. (Es decir que el proyecto aún no tiene licencia ambiental).

 

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