En un fallo histórico para la protección ambiental, la Corte Suprema de Justicia le ha ordenado al gobierno colombiano presentar un plan de acción en los próximos cuatro meses para hacerle frente a la deforestación en la Amazonia, que se ha incrementado en un 44%. (Fotos PNN-Álvaro Gaviria)
BOGOTÁ.- El alto tribunal se pronunció en respuesta a la tutela que 25 niños, niñas y jóvenes, que junto con la organización no gubernamental Dejusticia, presentaron para exigir la defensa de sus derechos a un ambiente sano, a la vida, a la salud, la alimentación y el agua, amenazados por la tala indiscriminada en la Amazonia y sus efectos en el calentamiento global.
En su fallo, la Corte recalca que el Gobierno ha sido ineficiente en esta tarea, lo que genera un gran perjuicio para el país, pues la deforestación provoca la emisión de dióxido de carbono hacia la atmósfera, produciendo el efecto invernadero.
La Corte Suprema le ordenó a la Presidencia, y a los ministerios de Medio Ambiente y de Agricultura, construir un “pacto intergeneracional por la vida del Amazonas colombiano”, con la participación de los tutelantes, las comunidades afectadas, y organizaciones científicas y de investigación, para reducir a cero la deforestación y las emisiones de gases de efecto invernadero.
Para el alto tribunal resulta claro que pese a existir numerosos compromisos internacionales, normatividad y jurisprudencia sobre la materia, que el Estado colombiano no ha enfrentado eficientemente la problemática de la deforestación en la Amazonía.
Con el objetivo de proteger este ecosistema vital, la Corte Suprema reconoce a la Amazonía colombiana como una entidad sujeta de derechos, así como el año pasado la Corte Constitucional lo hizo con el río Atrato. Esto significa que el Estado tiene el deber de protegerlo, conservarlo, mantenerlo y restaurarlo.
El alto tribunal también les ordenó a los municipios de la Amazonia actualizar sus Planes de Ordenamiento Territorial en un plazo de cinco meses, y contar con un plan de acción de reducción de la deforestación a cero con estrategias medibles; y a las Corporaciones Autónomas de la Amazonía (Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazónico, Cormacarena y Corpoamazonía) expedir un plan de acción para reducir la deforestación.
“Se trata de un fallo histórico tanto nacional como internacionalmente”, sostuvo César Rodríguez Garavito, director de Dejusticia y abogado de los jóvenes que presentaron la tutela.
El directivo explicó que en el escenario nacional, el fallo reconoce categóricamente que las generaciones futuras son sujetos de derechos y ordena que el gobierno tome acciones concretas para proteger el país y el planeta que les corresponderá vivir.
La sentencia también sienta un precedente en el derecho y las acciones contra el cambio climático, según sostuvo el vocero de Dejusticia. “El fallo es un paso fundamental en la dirección que ya venían dando otras cortes alrededor del mundo, que han ordenado a los gobiernos cumplir y aumentar sus compromisos contra el calentamiento global”, agregó.
