Indígenas y afroguajiros viajaron desde el caluroso sur de la Guajira a Bogotá, con el fin de entregarle una múcura llena de agua del arroyo Bruno a los magistrados de la Corte Constitucional colombiana, con el objetivo de buscar la protección de este importante recurso natural para su comunidad, que se ve seriamente amenazado por la minería del carbón.

 

Las voces de pueblos como el del Cesar y la Guajira, que hace años han sido vistos por las multinacionales y el gobierno colombiano como zonas de sacrificio, junto con las de las comunidades europeas afectadas por la minería y la quema del carbón, reúnen una memoria de más de 100 años de explotación de carbón en sus territorios evidencian que la expansión de esta industria extractiva es insostenible, por sus implicaciones culturales y sociales, por los procesos de despojo y desplazamiento forzado que han producido, por las violaciones de derechos humanos a las personas defensoras del territorio, por la crisis climática y ambiental y, sobre todo, porque la reducción de la extracción y quema de este mineral significa un beneficio para todos los seres vivos del planeta.

Voceros de la organización ambientalista, Censar, cuestionaron un especial publicado por una prestigiosa revista colombiana titulado "carbón, la base de todo", el cual consideraron que es producto de una alianza entre los grandes medios de comunicación y los sectores extractivos.

Loss líderes de esta ONG, igualmente, se lamentaron de la insistencia gubernamental en la extracción del carbón en nuestro país, lo cual, en su opinión,"desconoce y desestima las implicaciones ambientales y sociales que tiene la relocalización extractiva".

En este panorama, las voces de los pueblos afectados por la minería de carbón se convierten en la base de todo, señaló Censat, porque sus demandas claman porque este mineral continúe en las entrañas de la tierra, garantizando así la integridad del territorio, la libertad de las aguas y la necesidad de los pueblos como el de la Guajira a permanecer con dignidad y a su buen vivir.

Así mismo, precisaorn que "las voces de los pueblos afectados por la minería necesitan ser escuchadas en escenarios menos asimétricos como los que las empresas y los medios de comunicación hegemónicos orquestan".

"Queda en manos de la Corte Constitucional colombiana proteger a las comunidades guajiras  y también a millones de personas que somos y seremos afectadas por la expansión de la industria del carbón y sus letales consecuencias, aquí en Colombia y en el mundo entero", concluyeron los representantes de Censat.