La Corporación Ambiental para el Desarrollo Sostenible-Coralina condenó el presunto sacrificio de un tiburón hembra de la familia “Carcharinidae" que había sido avistada en la playa de Jim Point, en San Andrés, en la noche del lunes 4 de mayo.

SAN ANDRÉS, islas.- A través de las redes sociales, la autoridad ambiental de San Andrés tuvo conocimiento de una presunta captura ilegal, en jurisdicción del área marina protegida, de un tiburón hembra de la familia “Carcharinidae del género Carcharhinus” con cinco crías, las cuales habrían sido extraídas del vientre del animal al que también le cortaron las aletas. Estos especímenes también son conocidos como tiburones grises y de arrecifes.

Estos tiburones son muy comunes en el Pacifico y tienen preferencia por las aguas cálidas y poco profundas en los arrecifes de coral. Es una de las especies de tiburón más pequeñas, ya que su tamaño no supera los dos metros de largo.

Según comunicado oficial, la corporación ambiental "repudia este hecho en nuestro Archipiélago, ya que esta fauna marina se encuentra protegida por la Resolución No. 1633 de 19 de Junio de 2007 ordenado por el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, la cual prohíbe el aleteo del tiburón, y por la Resolución No. 3333 del 24 de septiembre del 2008 del Instituto Colombiano Agropecuario ICA la cual “prohíbe el ejercicio de la pesca industrial o artesanal dirigida a la captura de tiburón en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina”.

AsÍ mismo, la entidad actúa en cumplimiento de la acción popular instaurada por la Procuraduría Ambiental  en el 2012 en fallo de segunda instancia del Consejo de Estado, que ordena la Protección al medio ambiente y de la especie en vía de extinción, y clasificada como Vulnerable (vu) en la Resolución No. 1912 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, además documentado en el libro Rojo del Mar de los Siete Colores.

Sobre el hecho difundido en redes sociales, Coralina aclaró que no recibió denuncias oficiales a través de los canales institucionales, los cuales se encuentran relacionados en la página web, lo que impidió una reacción inmediata y oportuna para atender el presunto delito ambiental.

La publicación que se conoció por las redes sociales está siendo investigada desde el momento que se obtuvo la información y se convocó a las diferentes autoridades como Secretaría de Agricultura y Pesca, Guardacostas, Capitanía de Puerto y Policía Nacional, para dar con los presuntos responsables. 

La Subdirección de Mares y Costas de la entidad, a través del grupo de Control y Vigilancia se encuentra recopilando las pruebas del caso, con el fin de adoptar las sanciones necesarias y que se llevará con las autoridades pertinentes.

Se le hace un llamado a la comunidad a denunciar los hechos que atentan contra el medio ambiente a la línea única de emergencia de la Policía Nacional 123 para activar la ruta de atención, igualmente en las líneas telefónicas: Atención de ecosistemas terrestres en la línea WhatsApp 3176378901 y Atención ecosistema marino costero 3164484977.