Aunque el tráfico ilegal de especies de fauna y flora está tipificado como el tercer delito en el mundo, después del narcotráfico y el tráfico de armas, al menos en Colombia, no existe una sola persona que esté en prisión por este ilícito. Desafortunada ironía, si se tiene en cuenta que, según datos de la Policía Ambiental, sólo en 2008 fueron incautados 59.032 animales, entre aves, reptiles y mamíferos. Y en lo que va corrido de este año (corte a Mayo) la cifra ya superar los 35.000 individuos.
Tortugas icoteas, pelícanos, iguanas, loros, pericos, babillas, canarios, mariposas, micos, boas, guacamayas, ardillas, turpiales, arrendajos, armadillos, chiguiros, venados y osos, entre otros, forman parte de la larga variedad de animales que en Colombia son presa de los traficantes de fauna y que según fuentes oficiales, mueven miles de millones de pesos por el comercio establecido en su mayoría con países europeos y con Estados Unidos. Prueba del alto tráfico de estas especies es que varias de ellas se encuentran hoy en vía de extinción. A ello se suma el de las especies vegetales: guadua, palma y gran variedad de madera también se comercializa ilegalmente en distintas regiones del país. De hecho, los datos estadísticos de la Policía Nacional muestran que los departamentos de Córdoba, Atlántico y Sucre, región Urabá y Cauca, son las que registran mayor tráfico de especies.
De acuerdo con los datos suministrados a la revista ECOGUIA, por la Mayor María Antonia Sánchez, Directora de la Policía Ambiental y Ecológica, el año pasado y hasta mayo de 2009, la Policía Nacional había capturado y jjudicializado un total de 2.501 personas por delitos ambientales. No obstante, ella explica que, jurídicamente, el tráfico ilegal de especies está considerado como un delito excarcelable, lo que probablemente favorece esta práctica ilegal, que bien podría llamarse la “zoo-mafia”.
La mayor María Antonia, Ingeniera Agrónoma, con una especialización en medio ambiente y Directora desde hace cuatro años de la Policía Ambiental, es una persona bastante sensible al tema ambiental. Tal vez por ello, considera que la institución está muy sola en la tarea de control y prevención, al advertir que este grupo es de apoyo a la autoridad ambiental, la cual es ejercida por el Ministerio de Ambiente, las distintas corporaciones regionales, la Fiscalía General de la Nación y la Policía Judicial. “Falta mayor compromiso de todas las instituciones que tienen que ver con el tema. Me duele ver cómo sacan las aves de su hábitat natural, me duele ver que sigan vendiendo palmas de cera en las esquinas de los pueblos cuando sabemos que esta especie emblemática está en vía de extinción”.
Cualquiera puede ser traficante
El traficante de especies, según la Policía Ambiental, puede ser cualquier persona. “El solo hecho de sacar a un animal de su hábitat y trasladarlo hasta su residencia, lo hace traficante”, comenta la mayor Sánchez. Igual se pueden encontrar organizaciones criminales en todo el mundo que producen beneficios económicos de miles de millones de dólares. En Colombia, los traficantes aprovechan las fiestas de fin de año, Semana Santa y los “puentes” para sacar los animales o las plantas. Eso ha hecho que para estas fechas, las autoridades ambientales redoblen la vigilancia en las entradas a Bogotá y en los terminales de transporte.
Una de sus grandes preocupaciones de la Policía Ambiental es contar con las cifras exactas y permanentemente actualizadas de tráfico ilegal de fauna y flora en el país. Por eso, se creó SITIES “Sistema de Información de Tráfico Ilegal de Especies Silvestres. Se trata de un sofware que viene funcionando desde 2008 y permite mantener actualizada la base de datos sobre incautaciones de especies, pues cada autoridad regional tiene acceso al sistema para incluir cualquier novedad en el tema.
Este sistema es alimentado no sólo con la información de especies animales y vegetales incautadas, sino con la detección de una amplia variedad de delitos ambientales como la explotación ilegal del recurso minero; explotación de recurso hídrobiológico, explotación de transporte, comercio o beneficio ilegal de los recursos forestales; uso indebido de los parques naturales nacionales, los santuarios de flora y fauna; lala de árboles y tráfico ilegal de madera, descarga o vertimiento inadecuado de residuos tóxicos, contaminación de los cuerpos de agua a través de basuras y otros organismos, desechos químicos o industriales; contaminación ambiental genrada por automotores, y quemas abiertas, entre muchos otros.
Una fiscalía especial
En materia de judicialización de este tipo de delitos, vale anotar que sólo a finales del año pasado, la Fiscalía General de la Nación, designó la primera Fiscal Destacada para Delitos Ambientales, doctora Gloria Elsa Arias, con sede en Bogotá, quien fue designada apenas el año pasado gracias a la conciencia ambiental de la Directora de Fiscalías, ““.
Pese a su reciente nombramiento, la doctora Arias tiene ya en su despacho, un anaquel repleto de procesos ambientales para su revisión, la mayoría de ellos relacionados con sanciones a empresas que contaminan fuentes de agua en Bogotá como ríos y humedales. Uno de los más recientes que se han fallado es el de un par de hermanos que fueron detenidos en flagrancia cuando se dedicaban a quemar madera para la comercialización de carbón. A ellos se les castigó con una pena inicial de cuatro años de prisión que finalmente se redujo a dos por la aceptación de los cargos por parte de los implicados. Y como este delito es excarcelable la pena queda como antecedente más no implica reclusión. En términos generales, la fiscal Arias considera que al menos el 85% de los procesos judiciales por delitos ambientales se quedan en la parte administrativa.
Los que terminan pagando la condena del tráfico ilegal son justamente los animales incautados. Ellos son trasladados a centros de recepción “cuando las corporaciones cuentan con estas instalaciones-, donde son examinados y rehabilitados para luego sí facilitar el retorno a sus hábitats naturales.
Animales en cuarentena
En el caso de Bogotá, la Secretaria Distrital de Ambiente, cuenta con un centro de recepción de animales en la localidad de Engativá. Hasta allá fueron llevados cerca de 100 turpiales traídos de la Costa Atlántica en una caja de cartón y que fueron abandonados por la persona que los transportaba cuando se sintió vigilado por las autoridades respectivas. Allá también fueron a parar tres flamencos hallados en una casa del sur de la ciudad, y dos zorritos cangrejeros traídos del Llano que, por fortuna, fueron devueltos a su entorno muy rápidamente. “Lamentablemente, tenemos que decir que las incautaciones de especies animales y vegetales son prácticamente diarias”, manifiesta el subdirector de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre de la SDA, Edgar Rojas.
El Centro de Recepción y Rehabilitación de Fauna Silvestre en Bogotá, rodeado de jardín y frondosos árboles que apenas si dejan ver la valla con el lema de “no les dé su casa por cárcel”, es tal vez uno de los más grandes del país. Allí, en jaulas y al aire libre, se encuentra buena parte de las especies incautadas: tortugas, reptiles, aves y micos.
La institución cuenta con el apoyo de dos médicos veterinarios, encargados de atender a los animales en la fase de arribo al centro para reducir el estr{es con el que llegan. Luego se procede a examinar los animales que llegan y someterlos a cuarentena antes de devolverlos a sus lugares de origen una vez se establece a qué zona del país pertenecen. “Es muy importante determinar con exactitud sus características, para así establecer con precisión de cual ecosistema fueron sacados, señala el funcionario de la SDA, al manifestar que la Secretaría tiene algunos convenios con fundaciones, con corporaciones autónomas regionales y otras entidades, para facilitar el retorno de los animales incautados.
Pero como los animales incautados son apenas una parte de los que se trafican a diario en el país, en las plazas de mercado, en ferias temporales y en mercados informales, rondan las especies que no alcanzan a ser detectadas a tiempo por las autoridades y que se venden a precios nada despreciables, sin importar el destino final que el comprador ilegal les vaya a dar, en detrimento de la riqueza natural Colombia.
PARA RECUADRO:
“Cuerpo armado”.de acciones cívicas
Muy poca gente tiene pleno conocimiento de la existencia de un cuerpo de Policía especializado en Ambiente y Ecología. Tampoco se imaginan que esta Policía no tiene la función de reprimir a los delincuentes, sino que su tarea es básicamente de apoyo a las autoridades ambientales, de realizar acciones civicas como la limpieza de las rondas de los ríos, y de adelantar campañas educativas y preventivas.
La Policía Ambiental y Ecológica, creada mediante la Ley 99 de 1993, cuenta con un pie de fuerza de 419 efectivos entre hombres y mujeres a lo largo y ancho del territorio nacional, que a su vez son apoyados por los comandantes, quienes dedican otra parte de personal cuando se realizan operativos o actividades especiales.
“Anualmente, la Policía Ambiental y Ecológica capacita a su personal en el Ministerio de Ambiente, en el SENA y en las universidades como la Javeriana y la Nacional, en aspectos que incluyen protección ambiental, derecho ambiental y cursos de identificación de especies de flora y fauna”, afirma la mayor Sánchez.
Los integrantes de este cuerpo son escogidos por la afinidad de sus estudios y por la sensibilidad frente al tema. “Cualquier miembro de la Policía puede formar parte del area de Policía Ambiental y Ecológica. Así mismo si un agente es seleccionado para laborar en ésta área y no posee el conocimiento, en forma inmediata se inicia el proceso de capacitación. De igual manera, los auxiliares bachjileres que prestan su servicio militar en la Policía Ambiental, deben haber terminado su bachillerato en carreras afines. Ellos también son capacitados durante su proceso de instrucción en esta materia”.