Tan sólo 86 de los 337 ecosistemas del país permanecen intactos o con reducidos niveles de alteración. Así lo informó el Contralor General de la República al Congreso, donde además señaló qu el 56,6% del territorio nacional, aproximadamente 363.289 km2, ha sido transformado por completo al destinar tierras de conservación para usos humanos (el 95% del bosque seco tropical, el 40% de la selva del Chocó, el 80% de la vegetación andina y casi la totalidad del bosque subandino).

“Los análisis sobre los cambios en las coberturas vegetales y el uso del suelo en las zonas de alta montaña de Colombia señalan que del área total de páramos, estimada en 1”932.955 hectáreas, el 24%, (unas 463.336 ha) presentan algún grado de transformación y degradación, amenazando la oferta hídrica para gran parte de la población colombiana”, advirtió el Contralor.

Por otra parte, la deforestación autorizada legalmente por cambios en el uso del suelo a través del licenciamiento ambiental asciende a 902.000 para periodo 1998-2008, cifra significativa si se compara con las 668.000 Ha en el periodo 1994-2001.

Entre tanto, las medidas compensatorias impuestas por las autoridades ambientales en los procesos de licenciamiento carecen de soportes metodológicos sólidos para garantizar una compensación adecuada de los impactos ambientales.

El Contralor señaló que de las 909 especies amenazadas las autoridades ambientales están atendiendo sólo al 10% y las cifras de inversión ($5.422.576.345) para un período de diez (10) años, en promedio la inversión total para cada uno de los planes de conservación, es de 58 millones de pesos, lo que equivale por año a 5 millones de pesos aproximadamente, que es una suma insuficiente frente a las reales necesidades de implementar cualquiera de estos planes.

La inversión ha bajado

La Contraloría General de la República advirtió al Legislativo que a pesar del crecimiento de la economía nacional, el gasto público en medio ambiente muestra una alta tendencia a la baja, con una tasa de crecimiento promedio negativa del 0.79.

Señala el informe que el problema central radica en que los recursos asignados a la investigación sobre los recursos naturales y al desarrollo de productos más limpios en los sectores productivos son ínfimos con respecto al valor del presupuesto público y muestran tendencia a la reducción. Todo ello permite afirmar que la salida tecnológica hacia el desarrollo sostenible no parece cercana, es decir, de acuerdo con el enfoque de sustentabilidad que se ha adoptado, el país no es capaz de sustituir, a través de mejoras tecnológicas, el capital natural que consume (por capital económico o por capital social).

Para la Contraloría General, un riesgo en la sostenibilidad ambiental del país es la restricción que tiene el sector en materia del desarrollo de la investigación científica, ya que a pesar del incremento de los recursos de que disponen los cinco institutos de investigación con que cuenta el Sistema Nacional Ambiental, los mismos siguen siendo bajos frente a las necesidades de investigación y avance tecnológico. Según el análisis realizado, la participación de tales institutos en el presupuesto nacional de 2008 fue del 0,044% y en el de Colciencias de apenas 0,13%.

El Contralor Turbay Quintero reiteró su propuesta para la creación de una zona franca exclusiva para las curtiembres que permita mitigar el grave impacto ambiental que afecta actualmente al Río Bogotá.

El jefe del ente de control, aseguró además que para buena parte del país, uno de los problemas que más se ha hecho evidente en los años recientes tiene que ver con la mayor intensidad e impacto de los desastres durante las temporadas invernales. “Este problema, ocupa un lugar importante en la mirada institucional actual, lo cual, justifica mucho más una nueva mirada al gasto en gestión ambiental, incluyendo el concepto de gestión del riesgo”.

El jefe del ente de control, aseguró además que para buena parte del país, uno de los problemas que más se ha hecho evidente en los años recientes tiene que ver con la mayor intensidad e impacto de los desastres durante las temporadas invernales. “Este problema, ocupa un lugar importante en la mirada institucional actual, lo cual, justifica mucho más una nueva mirada al gasto en gestión ambiental, incluyendo el concepto de gestión del riesgo”.

El informe de la Contraloría, según comunicado oficial, “refleja que en Colombia estamos lejos de atender de manera adecuada las alertas sobre la probable extinción de comunidades, poblaciones y especies que están identificadas con algún grado de amenaza”.