La Alianza Colombia Libre de Fracking radicó una “alerta” ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por los avances del fracking en medio de la pandemia, al advertir que ello ocurre mientras la ciudadanía no puede acceder a la justicia ni obtener información al respecto.

BOGOTÁ D.C.- A pesar de que la rama judicial se encuentra parcialmente cerrada y el proceso en el que se declaró una moratoria judicial al fracking, en el Consejo de Estado, se encuentra suspendido, el Gobierno nacional ha ido en contra de lo determinado por este Tribunal, el cual permitió adelantar proyectos piloto de fracking siempre que fueran de carácter científico, contaran con licencia social, instituciones robustas y tecnología de mínimo impacto.

En lo que consideró una "burla" del Ejecutvio, la Alianza Colombia Libre de fracking mencionó algunos hechos en los que se evidenci que el Goberino parece burlarse de la determinación del alto tribunal, entre los cuales figura la publicación de su primera propuesta de decreto sobre los Proyectos Piloto, en época navideña, para desestimular la participación de la ciudadanía y el debate público;

Por otra parte, según esta organización, el Gobierno "intentó aplacar los reclamos ambientales en el paro nacional, especialmente el rechazo popular y legítimo sobre el fracking, por medio de una conversación nacional en la que engañó a la ciudadanía firmando el tratado de Escazú sin la voluntad política real de ratificarlo (lo que realmente importa para que sea obligatorio) y mucho menos de cumplirlo, pues este tratado, justamente, desarrolla los derechos a la información, participación y justicia".

El comunicado de la Alianza señala, ademá, que el Gobierno emitió el 12 de marzo de 2020 el Decreto 385 que apenas remienda con costuras superficiales su propuesta inicial, pero que de fondo desconoce las exigencias del Consejo de Estado y continuó con la reglamentación de este en medio de la pandemia y el cierre de los juzgados, en particular con la expedición de los términos de referencia de los Proyectos Piloto sin las condiciones de información, participación y justicia, y se encuentra desarrollando nuevas normas para avanzar con esta técnica en Colombia.

Por estos hechos, la Alianza Colombia Libre de Fracking lanzó una voz de alerta sobre la gravedad de estos hechos "que no solo amenazan nuestros bienes comunes, como lo hemos documentado ampliamente, sino que socavan nuestra democracia y el Estado social de derecho".

Para esta organziación, la crisis sanitaria actual es una expresión de la degradación ambiental del planeta y una antesala a lo que podría desatar la crisis climática en el futuro a corto, mediano y largo plazo.

Solo será posible salir de esta crisis con un giro vital hacia otras formas de producción y uso de energía que se fundamenten totalmente en los principios democráticos de nuestra Constitución y de los pronunciamientos de la CIDH, agrega el comunicado, en el cual se formula "un llamado enérgico a la opinión pública a rechazar y contener estos atentados contra nuestros derechos, los de la naturaleza y los de las próximas generaciones, y exigir garantías para una transición energética justa y democrática en Colombia".