La comunidad de Granada marchó por las calles de su pueblo, en protesta por la intempestiva negativa de la Registraduría Nacional del Estado Civil, para realizar la consulta popular sobre la explotación petrolera en su territorio, que estaba previamente aprobada para este 22 de octubre.

 

 

Con mùsica llanera y pancartas, los habitantes de Granada, Meta,  realizaron este domingo una machar de protesta, ante la negativa, a última hora, por parte de la Registraduría del Estado Civil, para la realización de la consulta popular sobre la explotación petrolera, que estaba prevista para este domingo.

A la protesta se sumó la Diócesis de Granada, que en un carta dio a conocer su desacuerdo con la suspensión de la consulta popular anunciada y que se vio truncada por un comunicado emitido por la Registraduría Delegada en lo Electoral, en el cual se informa que obtuvo respuesta negativa del director nacional del presupuesto público del Ministerio de Hacienda a la solicitud de recursos para adelantar el ejercicio electoral. El argumento dado es que “en razón a la territorialidad de los mecanismos de participación ciudadana, estos deben ser financiados por los municipios y la gobernación respectiva”.

Los 16 comités promotores por el NO rechazaron el pronunciamiento de la Registraduría. Por su parte, el alcalde de Granada, Juan Carlos Mendoza, se pronunció evidenciando que “hay trabas” para la realización de la consulta, pero aun así desde su despacho no expedirá decreto para que el ejercicio electoral se postergue, teniendo en cuenta que en otros municipios donde se han realizado consultas no tuvieron que asumir esos costos y por ello reclama igualdad de condiciones.

Para Alexis Montoya, concejal de Granada y uno de los promotores de la consulta, se trata de una jugada perversa ya que desde el momento en que el alcalde emite el decreto y se pone de acuerdo con la Registraduría en la fecha de realización de la jornada, ya deberíann estar asignados los recursos por la nación para ese fin. Además, reclama por qué no advirtieron el contenido de la Ley 1557 desde el inicio, hace 45 días y no faltando cinco, lo que denota la mala intención.

Por su parte, el abogado constitucionalista, Luis Arturo Ramírez Roa, considera que es una posición absurda e ilegal del Ministerio de Hacienda y de la Registraduría, en la que se evidencia una clara violación a la Constitución Política y a las leyes Estatuarias de participación ciudadana y así mismo anuncia que es inminente entablar acciones legales, “porque es una irresponsabilidad y una violación a los derechos fundamentales”.

“Esto no es planificado de un día para otro, viene de un calendario electoral establecido por la Registraduría y por tanto debía contar con los recursos para llevarlas a cabo”, puntualizó el abogado y promotor de consultas populares.

Rodrigo Negrete, abogado y consultor legal ambiental advierte que de ser así, los registradores nacionales habrían estado incurriendo en reiteradas violaciones de la ley por cuanto desde ese órgano electoral se han financiado las consultas populares como las mineras, las del día sin carro y rellenos sanitarios, todas del ámbito municipal. “El artículo 33 de la ley 1757 de 2015 que citan como fundamento para que la nación no financie la consulta popular de Granada no tiene relación alguna con el financiamiento de este mecanismo democrático. Están tratando de bloquear la consulta”, sostiene el jurista.

Para Negrete, jurídicamente las consultas son competencia del órgano electoral, es decir, de la Registraduría. “La financiación no es un asunto del resorte de los municipios, asumir lo contrario llevaría a que la Registraduría no cumpla con su función y estarían incurriendo en posibles infracciones penales y disciplinarias."

En ese orden de ideas, la comunidad granadina expresa salió a marchar este domingo reclamando su derecho a elegir si están de acuerdo o no con que se ejecuten actividades de exploración sísmica, perforación, explotación y producción de hidrocarburos en su municipio. Los voceros de este movimiento recordaron que ya había ocurrido un intento de sabotaje cuando de las 110 mesas que normalmente se habilitan para votar, tan solo les dejaron 58.