El 60% de los municipios con minería ilegal registran casos de intoxicación por mercurio, en tanto que de las 1.150 fuentes hídricas que cruzan el país, 232 pasan por zonas de mercurio, informó el Ministerio de Ambiente y Desarrollo (MADS). La entidad señaló, igualmente, que el 86% de las 58 toneladas de oro que produce Colombia es extraído ilegalmente.

QUIBDO (Chocó).- Los mineros del Chocó  ratificaron un acuerdo voluntario para no utilizar mercurio en sus actividades, según lo anunció Emilio Pertuz Buendía, miembro de los Consejos Comunitarios de las Comunidades Negras de este departamento.

Tal declaración se hizo pública en desarrollo de la Mesa Minera, que reúne a los ministerios de Ambiente y Minas, a la Agencia Nacional de Minería, Codechocó, al Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico, la Gobernación del Chocó, la Policía Nacional, la Federación Minera del Chocó (Fedemichocó) y representantes de los Consejos Comunitarios del departamento.

El vocero de los Consejos Comunitarios de las Comunidades Negras del Chocó, indicó que los mineros son conscientes de los problemas de salud, derivados de la exposición al mercurio en las poblaciones vulnerables, en particular las mujeres y los niños, lo que afecta a las futuras generaciones.

Por su parte, el viceministro Carlos Alberto Botero López, quien presidió la sesión con el viceministro de Minas y Energía, Carlos Andrés Cante, reiteró que “hay una necesidad de mantener la viabilidad social y económica de la minería en el Chocó, pero siendo amigables con el ambiente. Aquí hay unos cambios y la idea es comprometernos con los que podamos cumplir, para beneficio de todos”.

Allí también se revisaron los compromisos asumidos por varias entidades del orden nacional y departamental para avanzar en la regulación de la actividad minera del departamento y salvaguardar los recursos naturales de esa importante región del país. 

El viceministro Cante, estuvo atento a los avances de Fedemichoco y los Consejos Comunitarios, quienes presentaron evidencias acerca de las buenas prácticas minero-ambientales, los adelantos sobre talleres de negocios verdes con las comunidades indígenas, la formalización de la actividad extractiva y las tareas de mitigación ambiental, entre otros compromisos pactados con anterioridad.

Según Pertuz, lecciones importantes, como la enfermedad de Minamata, son evidencia de los graves efectos para la salud y el medio ambiente que ocasiona la contaminación con mercurio. “El Ministerio ya nos hizo sugerencias para firmar el acuerdo voluntario para no uso del mercurio, y nos envió una propuesta escrita con varios elementos, para la propuesta final. Ya tenemos un borrador y esperamos finiquitarlo lo antes posible”,  agregó.

Para el Viceministro Botero López, lo más importante es que los mineros hayan tomado conciencia del daño que ocasiona el uso del mercurio, no solo al ambiente, sino además a la salud: “por eso han decidido de manera voluntaria a partir de la fecha, no usar este elemento en la explotación minera. Ojalá todas las comunidades tomaran conciencia de que no es con hechos coercitivos, si no con voluntades y entendimientos que se debe tomar este camino”.

La presencia del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible contribuye a los procesos de articulación del Gobierno Nacional, para avanzar en la búsqueda de soluciones concretas en el territorio, dándole prioridad a los escenarios que permitan mejorar la calidad de vida de los colombianos. “Por eso estamos aquí con los mineros del Chocó y por eso impulsamos programas como el de Restauración de Áreas Degradadas por la extracción ilícita de minerales, así como la inversión de $2.900 millones  en el Medio San Juan y la participación de130 familias que se involucrarán en la restauración de 260 hectáreas”, explicó el Viceministro.

Las entidades participantes en la Mesa ratificaron su compromiso de seguir trabajando para ofrecer garantías y acompañamiento en formación, asistencia técnica y aspectos legales, para que las comunidades mineras puedan realizar su actividad extractiva dentro de sus territorios en el marco de los procesos de regulación y formalización; sin dejar de lado la protección ambiental y la participación social que permitirá el desarrollo sustentable en el Chocó.