El desmedido aumento de actividades de construcción e industrialización en la región podrían llevar a una catástrofe ambiental de proporciones incalculables, advierte el profesor de la Universidad Nacional, Sergio Gaviria Melo, geoquímico y Doctor en Ciencias del Suelo.

 

BOGOTÁ.- Aunque las prácticas de ocupación del territorio en suelos rurales alrededor de las ciudades se viene dando desde hace varias décadas, el fenómeno se ha desbordado en los últimos años en la Saban de Bogotá, paradójicamente a partir de la implementación de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT).

El anterior presentado fue presentado por el investigador y experto en suelos, Sergio Gaviria Melo, en un informe publicado por el Observatorio de Gobierno Urbano de la U.N.

En lugar de encontrar el camino correcto en la ocupación del territorio con el buen uso de los suelos en las actividades apropiadas con base en su capacidad y en armonía con el medio ambiente, la política nacional, regional y local, en asocio con los particulares interesados, ha propiciado una crisis ambiental y social cuyas consecuencias ya se están dejado sentir, advierte el académico.

Al respecto, señala que el proceso de ordenamiento tenía como fin asegurar la gobernabilidad y el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes en Bogotá y la región, pero pareciera que hubiera logrado todo lo contrario.

En su opinión, la política social de vivienda del gobierno nacional que busca ofrecer casa a cientos de miles de compatriotas pobres, ha sido utilizada para fines menos filantrópicos.

El experto sostiene que las grandes empresas constructoras en la Sabana de Bogotá, en acuerdo con los entes gubernamentales a nivel de Ministerio, Gobernación, Distrito Capital y municipios, se han empeñado en abrir los espacios para el cambio de uso del suelo rural con perspectivas de expansión urbana, con el aval de la CAR.

Lo anterior en contra de la Ley 99 que declara la Sabana de Bogotá como una zona de interés ecológico, cuyo uso prioritario debido a la calidad extraordinaria de sus suelos, es el agropecuario y forestal.

Reserva van der Hammen, clave en conservación

El profesor Thomas van der Hammen, con base en profundos estudios geo-ambientales descifró la Estructura Ecológica Principal de la región, que reconocía los elementos ecológicos que deberían ser protegidos o restaurados para conservar la funcionalidad ambiental del territorio. La CAR para 1999-2000, con base en este conocimiento, impartió en su jurisdicción, incluida Bogotá y los municipios de la Sabana, los determinantes ambientales en la elaboración de los POT.

Simultáneamente, la fuerte discusión que enfrentó a la CAR con la Administración Distrital durante la primera alcaldía de Peñalosa, tuvo que ver con este proceso. La política era (y sigue siendo) la de ocupar el territorio rural en procesos de expansión urbana hasta los límites con los municipios vecinos, desconociendo la vocación agrícola y ambiental de estos territorios.

La hoy conocida Reserva Van der Hammen es uno de los elementos claves que aseguran la conservación y restauración de los ecosistemas degradados en el territorio hacia el norte de la ciudad, limitando al mismo tiempo la expansión y la conurbación con Cota y Chía.

Presiones políticas y económicas demoraron la declaratoria de la Reserva que quedó delimitada con el acuerdo de todas las partes en el POT de Bogotá del año 2000, después de extensas discusiones interdisciplinarias en las que intervinieron todas las partes.

Pasó una década antes que la CAR cumpliera con la orden impartida desde el Ministerio de Medio Ambiente y fueron necesarios más estudios técnicos específicos sobre el estado actual de los ecosistemas en relación con el suelo, el agua, la biota y la fauna, para apoyar la decisión en 2010. Solo en 2014 la CAR publicó el Plan de Manejo que está en mora de ser implementado y a pesar de todo ese exitoso proceso, se cierne hoy sobre la Reserva la amenaza de su destrucción por cuenta de intereses particulares.

Reclasifican el suelo

Según el análisis del profesor Gaviria, Mientras tanto, las empresas constructoras que aspiran urbanizar el borde norte de Bogotá aprovechan el desorden para preparar el futuro terreno de expansión urbana sobre las ricas tierras agrícolas de la región, junto con los entes territoriales y las administraciones municipales.

Para ello, advierte, desde el Ministerio de Vivienda, la gobernación de Cundinamarca y la CAR se financió el Levantamiento Detallado de Suelos (Escala 1:10.000) de la parte plana de 14 municipios de la Sabana en 2010-2011, para el momento de la revisión de los POT.

El estudio fue realizado por el equipo agrológico del IGAC y pretendía reclasificar a una escala predial los suelos de acuerdo con sus propiedades físicas y químicas en cuanto a su capacidad de uso. El Decreto 3600 de 2007 sobre Ordenamiento de Suelo Rural, establece que los mejores suelos, Clase 1, 2 y 3, deben ser protegidos para el uso exclusivo en actividades agropecuarias y forestales, y prohíbe expresamente otras actividades incluidas la industria y la urbanización.

Los suelos de menor calidad, Clase 4, 5 6 y 7, no tienen esta restricción, pero su uso debe asegurar la protección de las aguas, el control de procesos erosivos y la protección forestal. Asimismo, el uso es restringido en áreas de amenaza y riesgo por inundación o deslizamientos.

En buena parte, el cambio en la clasificación de los suelos actuales no tuvo en cuenta que la limitación por excesos de agua es de carácter temporal y se da en condiciones extremas. Por el contrario, como lo demostraron las culturas pasadas en diversas regiones planas del país, este fenómeno natural se puede manejar adecuadamente para la seguridad alimentaria de millones de personas en suelos fértiles como los de la Sabana de Bogotá.

En conclusión, el estudio aplicado al ordenamiento territorial liberó un total de 16.875 hectáreas del uso agrícola exclusivo y las incorporó a otros usos debido a limitaciones en su capacidad, siguiendo la reglamentación contenida en el Decreto 3600.

En consecuencia, legalmente se ha abierto el camino para la declaratoria de extensas áreas de la Sabana de Bogotá en actividades de expansión urbana por el cambio de suelos Clase 2 y 3, principalmente a Clase 4.

Esto se ha dado casi exclusivamente en los municipios del norte de la Sabana de Bogotá: Cota, Chía, Cajicá, Sopó, Tocancipá y Gachancipá, que han visto el incremento de sus áreas potenciales de urbanización en más de 12.000 hectáreas. La construcción ya ha ido por delante y ha avanzado de manera irregular en grandes proyectos que se están legalizando después de la revisión de los POT en 2015-2016.

Peligrosa contaminación

El Distrito Capital no trata sus aguas servidas en un 80% de la ciudad, estas son vertidas directamente al río Bogotá, lo que hace que este afluente ostente el título de ser uno de los más contaminados del mundo, para vergüenza de los colombianos de todas las regiones del país que viven en Bogotá.

Los municipios de la Sabana no se han quedado atrás, pues a pesar de la existencia de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) en todos los municipios, construidas por la CAR al final del siglo pasado con un costoso empréstito del BID (Banco Interamericano de Desarrollo), los resultados son desastrosos.

A lo sumo, señala el investigador, el tratamiento consiste en el retiro de los lodos orgánicos en piscinas construidas en el valle de inundación del río Bogotá o sus afluentes, que se lavan periódicamente a los ríos en época de lluvias dejando las aguas tan oscuras como al paso del río frente a Bogotá.

Muchas de las urbanizaciones en zonas de expansión o en centros poblados vierten directamente a los ríos Bogotá, Teusacá, Frío o Subachoque sin ningún tratamiento, lo que ha ocasionado el deterioro por contaminación de las aguas en las fuentes.

Actualmente, aguas arriba de las plantas de potabilización Tibitoc y Wiesner, la contaminación ha llegado a tal punto que impide el tratamiento normal de potabilización, señala el documento del investigador.