BOGOTÁ, Enero 30 de 2014.- La minería del carbón a gran escala con destino a la exportación principalmente hacia Europa y Estados Unidos, ha tenido un rápido crecimiento en la economía nacional en los últimos años en contraste con la pérdida de peso de relativo de la industria manufacturera y el sector agropecuario. Esta tendencia se manifiesta de manera muy notoria en las dos regiones donde se adelanta esta actividad en el país: los departamentos de La Guajira y Cesar.

La anterior es una de las conclusiones del documento “Notas sobre el estado de la minería de carbón a gran escala en Colombia”, elaborado por el investigador Guillermo Rudas y dado a conocer por Fescol, organización que realizará el foro, el próximo tres de febrero en Bogotá.

En su análisis, Rudas señala que por tratarse de una actividad con alta composición de capital, baja capacidad relativa de generación de empleo y escasa inversión en actividades colaterales en las zonas de extracción, tiene un efecto muy marginal en el crecimiento de las economías locales.

El investigador precisa además que la exclusión del pago de impuestos directos de las empresas a las entidades territoriales, es otra situación que genera una gran fragilidad fiscal en las regiones mineras.

Aunque la extracción del carbón genera un crecimiento acelerado del producto en las regiones mineras, los graves retrasos en generación de condiciones de bienestar en la población en las mismas regiones restringe de manera notable el desarrollo humano local, generándose la paradoja de altos niveles de pobreza en medio de una actividad de enorme generación de riqueza.

Destaca además que en las zonas productoras de carbón, y muy especialmente en el departamento de Cesar, se han presentado en los últimos años niveles exacerbados de violencia, expresados en altas tasas de desplazamiento forzado, así como de muertes violentas varias veces por encima del promedio nacional. Al respecto, advirtió la necesidad de poner especial atención a la vigilancia tanto del Estado como de los particulares (incluyendo las empresas mineras) sobre el respeto a los derechos humanos y a la legislación nacional (tal como lo expresa, entre otros, el Parlamento Europeo).

Los niveles de información sobre situaciones de conflicto, especialmente en relación con los impactos de la extracción de carbón a gran escala y a cielo abierto sobre el medio ambiente y sobre la salud de las personas, son extremadamente débiles y restringidos. Sin embargo, tal como lo señala la Corte Constitucional esto no puede generar ninguna limitación para que el Estado y los particulares ejerzan sus funciones constitucionales de proteger los derechos fundamentales a la salud y a un ambiente sano.

En síntesis, Rudas considera que “es urgente e inaplazable que todas las entidades del Estado asuman sus responsabilidades en relación con los riesgos asociados a una actividad minera como la del carbón, generando información técnica confiable y de libre acceso a la ciudadanía; y actuando de manera efectiva y oportuna como organismos de vigilancia y control, especialmente en las áreas de defensa de los derechos humanos, salud pública, medio ambiente y minería”.