Alcaldía Mayor informa que mientras no se defina jurídicamente de dónde provendrían los recursos para realizar la consulta popular, se mantendrá suspendida la fecha. Ambientalistas piden que se aplace hasta las próximas elecciones de marzo de 2018, para evitar sobrecostos.


BOGOTÁ.- La Administración Distrital informó que avanza en todas las gestiones necesarias con la Registraduría Nacional y el Ministerio de Hacienda para poder realizar la consulta taurina lo más pronto posible, como lo ordena la Corte Constitucional.


“Queremos manifestar que la voluntad de la Alcaldía de Enrique Peñalosa es darle cumplimiento al fallo de la Corte Constitucional, que ordena realizar la consulta. Creemos en este mecanismo, para que sea Bogotá la que decida el futuro de las corridas de toros”, señaló el secretario de Gobierno, Miguel Uribe Turbay.


El funcionario enfatizó que se han realizado en estos meses todas las acciones pertinentes para darle cumplimiento al fallo, entre ellas reuniones de coordinación con la Registraduría para determinar la primera fecha de convocatoria; además, se expidieron dos decretos necesarios para su realización. “También convocamos una comisión electoral”, informó el alto funcionario.

Ante el nuevo debate que se generó sobre quién debe asumir los costos de la consulta, la Administración Distrital tomó la decisión de suspender la fecha prevista inicialmente: “Teniendo en cuenta que no se ha dado solución a este debate (de la procedencia de los recursos), no están los recursos necesarios y la Administración ha tomado la decisión de suspender la fecha de convocatoria para la consulta”, dijo Uribe Turbay, quien además señaló que una vez se conoció el nuevo debate sobre la financiación, se adelantaron reuniones para definir de dónde deben provenir los recursos necesarios para realizarla.

Así mismo, afirmó que la Registraduría le pidió al Distrito no definir nueva fecha hasta que no se cuente con los recursos para su realización.
Por su parte, la secretaria Jurídica del Distrito, Dalila Hernández, señaló que saldrá el decreto que ordena la suspensión de la consulta hasta que no se tenga claridad del tema presupuestal. “Nosotros en las gestiones solicitamos tanto a la Registraduría como al Ministerio de Hacienda los recursos necesarios para realizar la consulta, frente a lo cual estamos a la espera de una decisión final de quién debe asumir los costos”, indicó la secretaria Jurídica.

También recordó que ha solicitud de los distintos sectores, se solicitó a la Corte la autorización del cambio de la fecha, pero esta respondió que no era la competente para hacer dicha modificación.

“La Registraduría Distrital nos ha informado que el monto aproximado es de 44.000 millones de pesos. Son los gastos necesarios que se requieren para los jurados y toda la infraestructura que requiere una consulta como esta”, señaló Dalila Hernández.